Ofensiva de Ferrovial para construir el mayor gasoducto de América Latina

Ferrovial se enfrenta a uno de los mayores fondos de inversión en infraestructuras en la puja por el 55% del Gasoducto Sur Peruano (GSP), una participación de control en la mayor infraestructura de transporte de Latinoamérica que la brasileña Odebrecht ha puesto en venta al no poder hacer frente a las obligaciones del contrato de concesión.

La red, en fase de construcción, tiene un presupuesto de inversión de más de 7,000 millones de dólares (unos 6,300 millones de euros), durante todo el periodo de concesión, de 35 años. El gasoducto tiene una longitud de 1,000 kilómetros y la previsión en que comience a operarse en 2019.

Según fuentes inmersas en las negociaciones, la semana pasada se celebró la selección de finalistas sobre una lista previa de cinco candidatos. Ferrovial, a través de su filial Cintra, pasó el corte impuesto por el grupo de bancos encargados de la desinversión. En principio, la empresa española acude sola a la subasta. Desde Ferrovial no quisieron ayer hacer comentarios sobre esta operación.

También ha pasado el corte el fondo de inversión australiano Macquarie, que ha acudido al proceso de la mano de dos expertos en obras energéticas de estas características. Se trata de la multinacional italiana con raíces argentinas Techint y del operador estadounidense Sempra.

Brookfield

Algunas fuentes indican que el gigante canadiense Brook-field también se encuentra entre los finalistas, aunque en el sector señalan que la falta de un proyecto constructivo le ha dejado sin opciones en la puja que, en principio, debería resolverse en las próximas semanas. Brookfield compró hace unas semanas el 57% de una autopista de Odebrecht en Lima (Rutas de Lima) por unos 500 millones de dólares.

Por la operación, Odebrechet podría ingresar unos 500 millones de dólares tomando como referencia la última valoración del activo, de 2015. En septiembre de ese año, el gigante brasileño en crisis vendió un participación minoritaria de la concesión al grupo local, Graña y Montero, que pagó por un 20% del gasoducto 215 millones de dólares. "Además del valor de las acciones hay que tener en cuenta el equity que hay que poner en el proyecto, por lo que la operación se podría situar por encima de los 1,000 millones de euros", aseguran desde la banca de inversión.

El otro gran accionista de la sociedad concesionaria es la española Enagás, que en 2014 se adjudicó el contrato en alianza con Odebrecht. El operador español controla el 25% de la sociedad, lo que le da derecho a participar como operador en la fase de explotación. Enagás comunicó en su momento que su compromiso de inversión en el proyecto asciende a 250 millones de dólares. La compañía española no se ha planteado aumentar su participación en la sociedad concesionaria pese a conocer los problemas financieros de Odebrecht.

Según los expertos, el precio final dependerá del valor de la participación de control y del grado de avance de la obra "ya que se ha comprado mucha tubería y se han empezado a ejecutar varios kilómetros de gasoducto", aseguran.

El gasoducto figura entre las inversiones estratégicas que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski considera clave para el desarrollo de la economía. Perú quiere tener resuelto el relevo de Odebrecht para, entre otras cuestiones, cerrar la financiación del proyecto con un macrocrédito sindicado de más de 4.000 millones de dólares. Inicialmente, en el préstamo iba a participar un pool internacional formado por una veintena de bancos, entre ellos, entidades españolas como Santander, BBVA, Sabadell, ICO y CaixaBank.

Los problemas financieros de Odebrecht ha retrasado el acuerdo de financiación. La cúpula del gigante brasileño se encuentra en la cárcel por delitos de corrupción política en la denominada operación Lava Jato por cobro de comisiones para la adjudicación de contratos de la petrolera estatal Petrobras.

La compañía, que tiene que refinanciar créditos por valor de unos 10,000 millones de dólares, ha puesto en marcha la venta de activos en países de Latinoamérica como Perú y Colombia. Odebrecht es socio de FCC en la construcción de la línea 2 del metro de Panamá.

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