“Acordeón” de política climática para el presidente López Obrador

El presidente López Obrador está anunciado como participante en la reunión virtual de alto nivel sobre cambio climático a la que convocó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, las declaraciones que hizo el pasado fin de semana sobre esta reunión sugieren que no tiene un entendimiento completo del contexto de la reunión, de lo que se espera de los países participantes ni tampoco de cuáles son algunas de las oportunidades que México tiene para sumarse de forma adecuada a esta cruzada de alta diplomacia mundial por el clima que Estados Unidos re-lanza el jueves y viernes. Espero que este artículo sirva de “acordeón” para que la posición y propuestas que México presente en la reunión sean adecuadas y pertinentes, consistentes con lo que se espera que los principales países del mundo pongan sobre la mesa.

Este texto busca contribuir con tres elementos:

• Entender mejor el contexto de la reunión.
• Analizar el potencial y escala real de las dos propuestas del presidente, sembrando vida y la repotenciación de plantas hidroeléctricas.
• Describir otras medidas que México puede proponer en la reunión de Biden.

1.  Contexto de la reunión

Estados Unidos acaba de regresar al Acuerdo de París y mañana anunciará metas de reducción de emisiones para el 2030 que serán mucho más ambiciosas que las que planteó originalmente en 2015. El Reino Unido, Japón, Corea del Sur y algunos otros muy probablemente hagan anuncios semejantes de gran envergadura. De eso se trata la reunión: de que los países le digan al mundo que son serios con respecto al combate al cambio climático y que sus políticas nacionales sobre energía, transporte, agricultura, petróleo y gas, etc. se adecuarán rápidamente para que la economía pueda descarbonizarse para combatir el calentamiento global. La Unión Europea y un número creciente de países se han comprometido en los últimos meses a alcanzar cero emisiones netas (neutralidad de carbono) para el año 2050. El mayor emisor del mundo, China, ya se comprometió a esta misma meta para el año 2060. Cumplir estas metas implicará transformaciones tecnológicas y económicas de una escala y rapidez nunca vistas. En este contexto México debe hablar en la cumbre sobre medidas concretas y de alta relevancia que le permitirán reducir sus emisiones y avanzar de forma clara hacia el cumplimiento de nuestra meta de 22% menos emisiones para el 2030. Esto significa algo así como 218 millones de bióxido de carbono equivalente (CO2). Como veremos más adelante, esta cifra es importante para poner en su justa dimensión cada una de las políticas públicas de las que hablemos.

La comunidad internacional espera que antes del mes de noviembre de este año, cuando se celebre la próxima reunión formal de naciones unidas sobre el clima (COP26), México entregue al Acuerdo de París metas más ambiciosas que las que planteamos en 2015 (y que ratificamos a finales del 2020). Aún más importante que proponer mayores metas, será mostrar al mundo en los hechos, que las políticas de nuestro país, por ejemplo, en materia de energía, son consistentes con la protección ambiental y climática.

Hoy el mundo sabe que México pudiera incrementar en vez de reducir sus emisiones contaminantes si la propuesta de Ley de la Industria Eléctrica que se acaba de impulsar desde la Presidencia es implementada. México está hoy identificado junto con Brasil, Australia y Rusia como uno de los pocos países del G20 donde no se le está dando atención al cambio climático. Es importante mencionar que ya existen mecanismos detallados de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sobre lo que hace cada país y como se compara con lo que ha prometido y comprometido. Los jefes de estado de los países más importantes del mundo tienen un conocimiento bastante profundo de esta materia y han vinculado el combate al cambio climático con sus políticas de desarrollo económico, inversiones y de comercio internacional.

2. Propuestas del presidente

• Sembrando Vida (SV)

Este programa de reforestación constituye una de las varias modalidades de proyectos pertenecientes al conjunto conocido hoy en la jerga climática mundial como “soluciones basadas en la naturaleza” (SBN). Muchos países han llevado a cabo durante años programas de reforestación. Sin embargo, algunos de ellos han sido criticados cuando se llevan a cabo con un limitado número de especies de plantas o bien cuando las especies plantadas son ajenas a los ecosistemas originalmente presentes en las zonas deforestadas. Otras modalidades SBN incluyen evitar la deforestación de selvas y bosques nativos por medio de esquemas de protección legal (reservas o parques naturales) o bien por medio del pago por servicios ambientales (PSA), como el que tenía México hasta que fue cancelado por la actual administración. El PSA otorgaba una contribución monetaria a los propietarios de tierras por preservar ecosistemas nativos, evitando con ello su deforestación (además de contribuir a conservar la biodiversidad).  Ojalá que quienes participaban en estos esquemas de pago por conservación no talen las selvas y bosques que cuidaron durante años para ser “elegibles” ahora para recibir un pago del programa SV.

SV tiene el potencial de contribuir con una captura de carbono positiva en términos netos – siempre y cuando se implemente adecuadamente, promoviendo la reforestación sólo en áreas degradadas y deforestadas con anterioridad a la aparición de este programa. Sin embargo, existe evidencia de que, en algunos sitios, por errores de diseño del programa, éste ha generado el incentivo perverso de inducir la deforestación de áreas que contaban con vegetación nativa. No hay un registro detallado y confiable que permita cuantificar con precisión el número y la superficie correspondiente a estos casos. Ese es uno de los principales problemas del programa. Si va a continuar adelante, el programa debe corregir con urgencia sus deficiencias, crear un padrón de beneficiarios detallado y confiable y un sistema geo-referenciado transparente, público y con la resolución espacial adecuada que permita identificar cada parcela en el programa y evitar que se otorguen apoyos a predios de reciente deforestación. Es de especial importancia garantizar la “permanencia” en el tiempo de las áreas reforestadas y las tasas de “supervivencia” de los árboles plantados. Sin un sistema geo-referenciado que permita el seguimiento es imposible evaluar con objetividad y de forma precisa los resultados y la posible contribución del programa SV a la mitigación climática ofrecida por México en el Acuerdo de París.

SV puede mencionarse como parte de las acciones que se llevan a cabo, pero no debe sobrevenderse ni en México ni a nivel internacional, debido a los problemas ya señalados y por una cuestión elemental de escala. Resultaría prematuro plantear su extensión a otros países cuando no ha sido adecuadamente evaluado en México. Por otro lado, no es factual ni correcto presentarlo como el mayor programa de reforestación del mundo. Basta con mencionar a China y a la India como dos países que llevan más de una década con programas de reforestación con coberturas geográficas y números de árboles varias veces mayores a lo que será SV en los términos que ha sido planteado.  Ni SV ni ninguna otra medida individual por si sola puede constituirse en la “solución” con la que México cumplirá con sus compromisos climáticos dentro del Acuerdo de París. Los números simplemente no soportan ese planteamiento. Estimaciones incluso optimistas sugieren que, en el mejor de los casos, la siembra de 325 millones de árboles frutales y maderables entre 2018-24 en poco más de 1 millón de hectáreas podría contribuir durante el período de 2020-2030 (el “período de cumplimiento” de las metas climáticas iniciales de los países bajo el Acuerdo) con una reducción (o captura) de emisiones de bióxido de carbono del orden de 21.8 millones de toneladas CO2 para el 2030. Este escenario optimista, no considera las pérdidas por la deforestación que SV a inducido en algunos predios ni tampoco posibles pérdidas futuras del arbolado por incendios y plagas. Esta cantidad de emisiones evitadas constituye sólo el 10% de los 218 millones de toneladas de CO2 que nuestro país debe reducir antes del 2030 si ha de cumplir con la meta que ofrecimos dentro del Acuerdo de París. Así que México tiene que ser propositivo pero también realista con respecto al verdadero alcance de las medidas que se plantean para avanzar hacia el cumplimiento de nuestras metas de mitigación climática.

• Repotenciación de Plantas Hidroeléctricas (RPH)

La medida propuesta de repotenciar con turbinas nuevas las principales plantas hidroeléctricas del país, en caso de implementarse, tendrá un impacto en la reducción de emisiones incluso más modesto que SV. La medida es indudablemente positiva pues logrará que se genere más electricidad limpia para los mismos volúmenes de agua utilizados. Sin embargo, para que contribuya a nuestra meta de reducción de emisiones de CO2 es indispensable que esta generación de electricidad incremental sobre lo que se generaba anteriormente, sustituya electricidad que hoy es generada por combustibles fósiles, en especial que sustituya el uso de combustóleo o por carbón. Si la electricidad generada reemplaza por ejemplo la generación proveniente de plantas eólicas existentes entonces su contribución a bajar nuestras emisiones será nula.

Es importante señalar que la mayor limitación en la generación de electricidad por parte de las plantas hidroeléctricas del país se debe a la falta de suficiente agua durante el año como para aprovechar al máximo la infraestructura instalada. La capacidad hidroeléctrica instalada en el país es de alrededor 12,778.2 MW. Del 2017 a 2020 la contribución de la generación hidroeléctrica en la matriz nacional fue del 7.4 al 10.5%. Se ha estimado que la mejoría en eficiencia con las nuevas turbinas comparada con las turbinas existentes sería del 10-15% y que el incremento en generación eléctrica pudiera ser del orden de 2,600 GWh. Por este motivo, al igual que con SV, si bien la repotenciación de las hidroeléctricas es una buena medida, no será la medida que por si sola tenga el peso. Su contribución a la mitigación que requiere México sería en el orden de 5-10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Una fracción pequeña de los 218 millones de toneladas que se tienen que reducir antes del 2030.

3.  Otras medidas que México puede proponer

¿Qué otras cosas puede plantear el presidente López Obrador en la reunión convocada por Biden? Esta nota sería de poca utilidad si no propusiera por lo menos algunas otras acciones de política y medidas concretas de mitigación de emisiones que: sean serias, pertinentes, cumplibles y además de interés especial para nuestros socios estadounidenses. Estas medidas, son sólo una pequeña muestra de lo mucho que ya sabemos que tenemos que hacer para avanzar en nuestros compromisos climáticos. Los diagnósticos y análisis ya existen. Han sido realizados por la Semarnat, la academia y los think-tanks de la sociedad civil. Lo que falta es aplicar una visión de estado que muestre con claridad que México entiende que los caminos y las metas de desarrollo social y los relacionados con la emergencia climática convergen de manera inevitable y además son interdependientes. A continuación se describen algunas medidas adicionales de corto plazo que podemos ofrecer y que nos ayudarán a avanzar con el cumplimiento de nuestras metas en el Acuerdo de París.

Efectivo control de las emisiones de metano en actividades petroleras, a través de: asegurar la implementación efectiva de los Lineamientos para para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, elaborados por la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) y publicados en el DOF el 6 de noviembre del 2018. La actual administración no puede volver a posponer la aplicación de estos lineamientos. Las empresas internacionales que trabajan en México están listas para avanzar en su cumplimiento y Pemex debe hacer su parte y desistirse de seguir solicitando prórrogas. El metano es un contaminante climático de vida corta con un potencial de calentamiento global muchas veces mayor que el bióxido de carbono y estudios recientes han mostrado que se ha subestimado en México (y en otros países) el volumen de emisiones de metano que llegan a la atmósfera. Se puede plantear un programa de cooperación en América del Norte para el control del metano.

Homologar normas de emisiones contaminantes del sector transporte. Durante los últimos 15 años se ha dado un enorme rezago en la normatividad ambiental sobre las emisiones de contaminantes de vehículos nuevos a gasolina y a diesel (con respecto a Estados Unidos y Canadá). Este rezago es porque la industria automotriz y de camiones que opera en México ha logrado una exitosa captura regulatoria. En la práctica ha sido este sector el que determina qué estándares deben cumplir y bajo qué calendarios. Esto debería terminar con la actual administración, pero no ha sido así. El presidente López Obrador tiene la oportunidad de actualizar la regulación de emisiones del sector transporte, homologándola con la de EU y reducir sus impactos en la salud pública. Además, cumpliría con algo que México ha ofrecido desde hace años, pero no lo ha cumplido. De especial importancia es la norma para camiones y autobuses a diésel, para bajar drásticamente las emisiones de partículas de hollín que tanto dañan a la salud y al clima.

Actualizar las normas de eficiencia vehicular. Esta es una de las medidas más costo-efectivas que México puede adoptar para combatir el cambio climático. Por la renuencia antes señalada de la industria automotriz, hoy México tiene una de las peores normas de rendimiento de combustible (eficiencia vehicular)–NOM 163. Por tanto, el promedio de emisiones de bióxido de carbono por kilómetro recorrido de los vehículos que se venden en nuestro país es mucho mayor que lo que debería ser. La presente administración ha revisado el caso, pero no ha tenido la determinación o el valor para mejorar nuestra antigua norma y ha cedido ante las presiones de la industria. Una mejor eficiencia en los vehículos (no se requiere subsidiar autos eléctricos, simplemente vender menos vehículo de los llamados SUV), ayudaría además a reducir la demanda proyectada de consumo de gasolinas en el país con lo que se contribuiría a nuestra seguridad energética. Hay que usar menos combustibles independientemente de donde se fabriquen.

Descarbonización de la matriz eléctrica. La mejor forma de avanzar en esta materia es combinando dos decisiones. La eliminación inmediata del uso de combustóleo y de carbón a la vez que se da un impulso decidido a las energías renovables. La eliminación del combustóleo se dará simplemente con la aplicación de políticas energéticas racionales y correctas. La eliminación del carbón permitirá a México desarrollar un ejemplo para el mundo en donde se lleva a cabo una transición de salida del carbón socialmente justa. Los mineros y otros trabajadores del carbón merecen otras alternativas laborales que no pongan en riesgo su salud y su vida.

Las políticas en materia de electricidad de esta administración han sido las más controversiales por ir en contra de toda racionalidad económica, social, ambiental y climática, es en este sector donde existen las mayores oportunidades para tener múltiples beneficios.  El probable rechazo de la Suprema Corte de Justicia a la nueva Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente (por considerarla inconstitucional y por ir contra derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano), abrirá una nueva oportunidad para todos, empezando por el gobierno del Presidente López Obrador.

El gobierno federal, los gobiernos estatales, la sociedad y las empresas de energía podrán formular nuevas políticas públicas y nuevos proyectos que combinen lo mejor de dos mundos. Un impulso renovado a las energías renovables de gran escala por medio de subastas, pero también el despliegue de generación solar distribuida en millones de hogares de personas de ingreso bajo. También permitirá el desarrollo de reglas justas para la participación privada, sin subsidios ni corrupción de ningún tipo y en donde se ponga especial cuidado a los procesos de consulta pública, indígena y ambiental para asegurar que los futuros proyectos de energía maximizan los beneficios monetarios y de infraestructura de las comunidades que decidan participar en plena libertad a la vez que se mitigan los impactos ambientales potenciales.

Con el impulso a la generación solar distribuida, por ejemplo con la implementación del programa Hogar Solar (ver www.iniciativaclimatica.org), se propone reemplazar los actuales subsidios a las tarifas eléctricas en sectores de bajo consumo y bajo ingreso por subsidios para la instalación de techos solares en millones de casas. Este programa permitiría alcanzar el acceso universal a la energía y reducir de forma significativa la pobreza energética en la que viven millones de mexicanos. Espero que en unos meses, estas medidas relacionadas con el sector de electricidad se adopten y se incorporen a una agenda de cooperación entre México y Estados Unidos y además permitan que nuestro país corrija un rumbo en el que no se había tomado en cuenta la revolución energética en el que el resto del mundo ya está inmerso.

*Adrián Fernández Bremauntz es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de Londres. Es director ejecutivo fundador de Iniciativa Climática de México A.C.