Disparidades en Coahuila

La elección para renovar la gubernatura de Coahuila será justo dentro de 12 meses, pero la convocatoria para esos comicios deberá ser publicada a más tardar dentro de 60 días. Por eso, la Secretaría general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorporó a la lista oficial de asuntos a resolver para las próximas semanas la acción de inconstitucionalidad 28/2022 y su acumulada 36/2022.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf, en cumplimiento de los criterios de máxima publicidad del Alto Tribunal, socializó su proyecto de sentencia en el juicio interpuesto por los representantes legales del PVEM y la Unión Democrática de Coahuila, partidos aliados de Morena, para reclamar la invalidez del decreto 193 que reformó la Constitución estatal para incorporar la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular.

La LXII Legislatura de Coahuila entró en funciones en enero del 2021. De los 25 diputados locales, 16 son priistas, cuatro morenistas, tres panistas, una pevemista y otra, de la UCD. La mayoría —leal al gobernador Miguel Riquelme— hizo un peculiar ejercicio de su libertad de configuración para adecuar la legislación con la reforma constitucional federal que procuró la “paridad total” desde el 2019.

Hace tres meses fue la reforma en Coahuila, materializada en el decreto 193 y en la Carta de los Derechos Políticos. El modelo de paridad aprobado por la mayoría entraría en vigor hasta el 2029. “En ningún caso, la paridad aplicará en forma retroactiva para el proceso electoral 2023, en perjuicio de cualquier género”, suscribieron los legisladores, “el género de la persona que tome posesión en el 2023 condicionará el género de las postulaciones del proceso electoral posterior”.

En el estudio del caso, la ministra Ortiz Ahlf requirió sus argumentos a las instancias demandadas —los poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila— además de informes circunstanciados a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la FGR y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Respecto de probables violaciones al proceso legislativo, los magistrados electorales respondieron que ese tema no debe ser materia de su opinión porque escapa de su competencia en materia electoral, pero consideró que los artículos transitorios que configuran el modelo de paridad para Coahuila “son esencialmente constitucionales”.

La ministra propuso a sus colegas que la acción de constitucionalidad es parcialmente fundada y será en el pleno donde se resuelva sobre las reglas de paridad que —si entran en vigor en las próximas elecciones locales— obligarían a los partidos a postular candidatas a las gubernaturas.

La propuesta de Ortiz Ahlf se conoció en la víspera de la sesión plenaria del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, que fuera del orden del día, desahogó una queja —tramitada por Morena— porque los cabildos de los 38 ayuntamientos de la entidad no habían dado su aval y dejó sin efectos el decreto 193. Los diputados coahuilenses tuvieron sesión ordinaria, pero al cierre de este espacio no habían sido notificados del fallo, que entre sus resolutivos mandata al pleno a sesionar para cumplir con la sentencia, dentro de las 24 horas siguientes. El presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos Castro, adelantó que podrían admitir una nueva iniciativa.

En ese caso, la acción de inconstitucionalidad quedaría sin materia... y el PRI podría seguir con su estrategia: asegurar que la nominación en el Estado de México recaiga en una mujer y que, en consecuencia, la paridad de género compense en Coahuila. En caso contrario, ni siquiera hay un plan B. Morena y sus aliados están pendientes de esta definición, por las implicaciones que tendría en la definición de las candidaturas.

El asunto sigue en la lista de la SCJN y también entre los pendientes del INE, donde circuló un proyecto elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que mandata a los partidos a definir dónde postularán a una mujer en las elecciones para las gubernaturas del 2023 a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso interno de selección de candidatos.

Efectos secundarios

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