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Justicia tributaria global
Araíz de la crisis financiera mundial, surgió en el seno de la OCDE y el G20, el Proyecto “Erosión de bases imponibles y traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Se trata de una respuesta al problema de que las empresas multinacionales (EMN) se aprovechan de las lagunas y discrepancias existentes en las normas tributarias internacionales para trasladar beneficios a países de baja o nula tributación. Al mismo tiempo creció la indignación pública contra los problemas de elusión a un pago “justo” de impuestos. Desde entonces han proseguido los trabajos al respecto. Ya son casi 140 países que forman el llamado “Marco Inclusivo sobre BEPS”.
En octubre de 2021 el Marco Inclusivo acordó un proyecto consistente en dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Lo que buscan los dos pilares es garantizar que las empresas multinacionales (EMN) estén sujetas a una tasa impositiva mínima y se reasignen las utilidades de las EMN más grandes y rentables a países de todo el mundo. En 2022 y 2023 han continuado los trabajos de los dos pilares. Es conveniente repasar algunos detalles de éstos y mencionar el status actual en el que se encuentran:
Pilar Uno: busca garantizar una distribución más justa de las utilidades y los derechos tributarios a nivel mundial por parte de las EMN más grandes sin importar si tienen o no una presencia física en los países. Se excluyen los servicios financieros regulados y la extracción de materias primas. Se ha calculado que afectaría a las EMN con una facturación anual de al menos 20,000 millones de dólares y una rentabilidad de al menos el 10 por ciento. Según estimaciones de la OCDE, se trata de las 199 EMN más grandes y rentables del mundo. Para su implementación se requiere un acuerdo internacional con el objeto de crear seguridad jurídica y evitar los esfuerzos nacionales de “hágalo usted mismo”. Aún está bajo discusión qué países firmarían este pilar y cuándo se adoptaría.
Pilar Dos: busca establecer una tributación mínima de 15 por ciento sobre las utilidades de la EMN en todas las economías donde operan para que los países puedan proteger sus bases impositivas. Afectaría a EMN con operaciones en más de un país y con una facturación anual de al menos 800 millones de dólares. La utilidad se definiría de acuerdo con reglas estandarizadas internacionalmente que difieren de las reglas existentes en los estados individuales. Los ingresos por transporte marítimo internacional estarían exentos de esta tributación mínima. Los estados miembros de la Unión Europea acordaron en diciembre de 2022 preparase para aplicar este gravamen mínimo a las EMN a partir de 2024. Otros países como Reino Unido, Canadá y Japón también han anunciado su adopción a partir del año entrante.
La OCDE estima que el impuesto mínimo global a la EMN podría recaudar hasta 220,000 millones de dólares anuales y con el Pilar Uno buscará una verdadera y justa redistribución de esos recursos a nivel global. Ojalá se logre este noble objetivo que como todos los esquemas de cooperación internacional, presenta resistencias para lograr un acuerdo.
