La Corte Suprema de EU en entredicho

Joe Biden va a presentar una iniciativa para reformar la Corte Suprema de Estados Unidos que consiste, fundamentalmente, en imponer un límite de 18 años al mandato de los jueces (actualmente los nombramientos son vitalicios) y en la aplicación de un estricto código de ética. El presidente de Estados Unidos también analiza la posibilidad de impulsar una enmienda constitucional para eliminar la inmunidad presidencial, en contraposición a un muy polémico dictamen aprobado por la Suprema recientemente. Seguramente la mayoría republicana en la Cámara de Representantes votará en contra de estas iniciativas, pero ello no bastará para revertir la pavorosa decadencia de la máxima instancia judicial del país más poderoso del mundo. La Corte Suprema exhibe una imagen de desprestigito sin precedentes a raíz de una serie de fallos muy controvertidos y de cuestionamientos éticos, y eso ha provocado un debate nacional sobre su legitimidad.

Los “Padres Fundadores” de Estados Unidos concibieron a la Suprema Corte de Justicia como una asamblea imparcial de sabios alejados de pugnas políticas, atentos solo a la majestad de la Constitución y las leyes, pero esta noble intención se ha extraviado. La Corte se ha vuelto una institución intensamente partidista. Durante las últimas dos décadas prácticamente en todos sus veredictos más transcendentales los jueces se han decantado de acuerdo con su orientación política. Los magistrados designados por presidentes republicanos han votado sistemáticamente en sentido contrario a como lo han hecho los nombrados por mandatarios demócratas. Por ello, cada nombramiento de un nuevo magistrado se convierte en una batalla política campal en el Senado. El partidismo es mucho más notable en el caso de los jueces republicanos. De hecho, los actuales son de los más conservadores desde la Segunda Guerra Mundial. Muestras de su fervor sectario lo han dado en temas como el derecho al voto, el financiamiento de las campañas electorales, la anulación de legislaciones en materia laboral, el aborto, las disposiciones antimonopolio y la justicia penal.

Sin duda el dictamen más grave de este tribunal politizado ha sido la desastrosa decisión respecto al juicio contra Trump por la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Los seis jueces republicanos de la Corte emitieron una opinión otorgando al expresidente y candidato Donald Trump una amplia inmunidad judicial. Con esta decisión prácticamente desaparecen los controles legales sobre del comportamiento del magnate si regresara a la Casa Blanca. Se trata de un veredicto asombroso según el cual los presidentes tendrán una amplia inmunidad frente a la persecución penal (esencialmente, una licencia para cometer delitos) siempre y cuando actúen en uso de los poderes oficiales de su cargo.

De acuerdo con el juez John Roberts, presidente de la Corte, las amplias facultadas otorgadas por la Constitución convierten a la autoridad presidencial en “concluyente y preclusiva”. Por su parte la jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente sobre esta resolución , opinó: “a partir hoy, los presidentes serán libres de ejercer los vastos poderes de aplicación de la ley consagrados en el Artículo II constitucional como les plazca, incluso en formas consideradas por el Congreso como criminales, lo cual tendrá consecuencias potencialmente graves para los derechos y libertades de los estadounidenses”. En términos prácticos, la decisión pone al presidente por encima de la ley, pues es muy complicado distinguir las conductas “oficiales” de las “no oficiales” de un presidente en ejercicio. “Esta línea divisoria reduce la conducta considerada no oficial casi a la nulidad y se respalda una visión expansiva de la inmunidad presidencial la cual nunca fue reconocida por los padres fundadores”, de acuerdo al criterio de otra jueza disidente, Sonia Sotomayor. De esta manera, la sentencia de la máxima instancia judicial estadounidense amplía la supremacía y discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, y menoscaba el principio de separación e independencia de poderes basado en el sistema de pesos y contrapesos, pilar esencial de la democracia estadounidense.