La herencia de Elba Esther

A mediados del 2005, después del fallido intento por desaforar a Andrés Manuel López Obrador, el PAN estaba por resolver su candidatura presidencial. El foxismo había tolerado la promoción de Santiago Creel Miranda, aunque un sector del panismo buscaría frenar al todavía secretario de Gobernación.

Felipe Calderón ya había expresado públicamente sus aspiraciones, lo que le había costado su cargo como secretario de Energía. Liberado de esa responsabilidad, el político michoacano pudo trabajar abiertamente en su nominación... y combatir a sus rivales en la interna  blanquiazul.

Esos primeros escarceos sirvieron para que los calderonistas detectaran que Creel Miranda había pactado con Elba Esther Gordillo para armar un ejército electoral que estaría listo para la elección del abanderado presidencial. Para tratar de socavar esa asociación —decidieron — buscarían los puntos débiles de la poderosa exsecretaria general  del SNTE, quien acababa de renunciar a la secretaría general del PRI.

Nueva Alianza había conseguido su registro como partido político y la lideresa magisterial podría ser su candidata presidencial. Los calderonistas pronto tuvieron la información recabada por un equipo de reporteros especializados sobre su patrimonio y sus actividades empresariales. Una fortuna inmobiliaria que rebasa los 6.5 millones de dólares, calcula entonces el diario Reforma, que recibió una copia de ese expediente.

Inmobiliaria Galilei y Comercializadora GC son dos de las empresas fundadas por Gordillo Morales, su madre Zoila Estela, y sus hijas Mónica y Maricruz. Una tercera firma, Comercializadora TTS de México, tenía como representante legal a Álvaro Quintana.

Esa información fue retomada en la causa penal que la lideresa magisterial enfrentó en el 2013, cuando la PGR pidió su detención, bajo cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. La Maestra todavía sostenía que el origen de su riqueza eran los 300 centenarios que su abuelo les dejó como herencia.

Absuelta del delito de delincuencia organizada y sin adeudos fiscales, de acuerdo a sendos fallos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Gordillo Morales está retirada de la actividad pública. Las sospechas sobre su riqueza aún no se disipan.

Ahora se sabe que, hace una década, cuando estaba por concluir el sexenio de Felipe Calderón, y acababa de ser designada como presidenta vitalicia del Consejo General del SNTE, quiso transferir seis millones de dólares Banca Privada d'Andorra (BPA), pero el comité de prevención de blanqueo de esa institución envió a reserva su expediente, al no acreditar el origen de los recursos.

Gordillo Morales contaba “con fuertes vinculaciones políticas”, consigna el expediente revelado por El País. Los recursos supuestamente los había heredado de su madre, quien falleció el 24 de junio del 2009. Entre la documentación presentada a nombre de Gordillo Morales y Marcel Holdings CV en Andorra se incluyó copia del testamento, mismo que también se encuentra en la causa penal que la SEIDO entregó a la autoridad judicial.

La herencia que recibió Gordillo Morales en el 2010 incluía cuatro firmas inmobiliarias, una colección de pinturas, esculturas, grabados, litografías y muebles, además de 143 millones de pesos en efectivo.

El reporte del diario madrileño —basado en un documento confidencial del comité de prevención de blanqueo del BPA— refiere una transferencia de 2.35 millones de euros y dos firmas —BroadLink y C&O Consultancy— vinculadas a José Susumo Azano Matsura.

Efectos secundarios

INDEFINICIONES. Morena deberá entregar la alcaldía Álvaro Obregón a la abanderada aliancistas, Lía Limón, por lo que apura algunas decisiones cuya resolución después serán muy complicada. Allí está, por ejemplo, la inminente demolición de la torre ubicada en Periférico 3042, a un costado de la Presa Anzaldo, no obstante que existe una suspensión provisional otorgada por un juez federal. Las autoridades locales insisten en que la construcción se encuentra edificada en el área de la denominada Presa Anzaldo, cuando ello es contrario a diversos documentos oficiales emitidos por la Conagua y por las propias autoridades judiciales administrativas de la CDMX, en los que se concluye lo contrario, es decir, que el inmueble no afecta la citada presa, ni se encuentra en áreas ambientales.