La reforma al Poder Judicial, escenarios no deseados

Como es bien sabido, el viernes pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados circuló el proyecto de dictamen sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que ha sido ya ampliamente reseñado y comentado, tanto en espacios editoriales de prensa escrita y medios electrónicos, como en redes sociales.

Se trata de un producto legislativo pobre en lo general, sobre todo porque tratándose de una reforma de gran calado que afecta la arquitectura institucional del Estado Mexicano, al rediseñar uno de los tres poderes de la Unión, y además introducir un nuevo mecanismo de elección de ministros, magistrados electorales, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces en general, solo dedica 103 páginas al razonamiento de la conveniencia de llevar a cabo la reforma planteada por el presidente López Obrador, así como a razonar las poco más de 100 modificaciones que la comisión considera se requiere hacer a la propuesta original del presidente.

En general, la reforma está mal enfocada, porque busca resolver desafíos, que sin duda los hay, pero desmantelando innecesariamente todo el Poder Judicial, creando prácticamente uno nuevo, que además nacerá con el pecado original del entuerto de la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, con todas las complejidades que ello implica, pero sobre todo, con los incentivos perversos que terminarán por convertir al Poder Judicial en uno caracterizado por la captura, tanto a nivel local como federal, en un grado mucho mayor que el que ahora se señala, simplemente porque los funcionarios electos, buscarán ser consistentes, pero no en la adopción de criterios judiciales objetivos, sino en la adopción de criterios judiciales que sean políticamente vendibles.

Ahora bien, se ha insistido mucho en el hecho de que a nivel internacional, solo Bolivia es referencia de un caso en el que la Constitución mandata un proceso de elección nacional de los integrantes del equivalente de la Suprema Corte de aquel país. Es un mandato que se estableció en 2009, a raíz de la nueva Constitución promulgada después de la llegada al poder de Evo Morales.

Pues bien, en Bolivia han llevado a cabo hasta ahora dos elecciones judiciales, en 2011 y 2017. Ambas son consideradas un fracaso. En 2011, el total de los votos en blanco y los votos nulos representaron casi el 60% de la votación nacional, mientras que en 2017, esa misma expresión de rechazo representó el 66% de la votación. Los resultados fueron notoriamente contrarios al pronóstico del mesías boliviano, Evo Morales, que anticipaba un 70% de votos efectivos.

El fracaso del experimento boliviano se exacerbó para 2023, cuando se suponía habría un nuevo proceso electoral judicial. Sin embargo, en virtud de litigios promovidos contra el proceso, además de las rivalidades políticas, lo que prevalece hoy en día es una crisis institucional derivada de fuertes desencuentros entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en aquel país. Apenas la semana pasada se expidió la convocatoria para que las elecciones judiciales tengan lugar el 1 de diciembre de este año.

Todo este contexto, está coronado por el desprestigio que ha venido acumulando el Poder Judicial boliviano, expresado en encuestas sobre el nivel de confianza en las instituciones. Por ejemplo, de acuerdo con encuestas levantadas por la organización de origen chileno, Latinobarómetro, en 2009, año en que se promulgó la nueva Constitución que introdujo en Bolivia el voto popular como mecanismo de elección de los integrantes del equivalente de la Suprema Corte, 65.4% de los bolivianos tenía poca confianza o nada de confianza en el Poder Judicial. Para 2023, ese sentimiento ya se ubicaba en 76.4%.

En el mismo lapso, en México, de acuerdo con una encuesta similar de Latinobarómetro, el porcentaje de población que tenía poca confianza o nula confianza en el Poder Judicial de nuestro país pasó de 68.2% en 2009, a 64.3% en 2023, es decir, en sentido contrario a lo observado en Bolivia. Mi duda es si la 4T ya midió el desprestigio que le podría ocasionar un fracaso como el de Bolivia. Todo indica que ni han volteado a estudiar con seriedad esa experiencia.

*El autor es economista.

@GerardoFloresR