Liviandades de Crédito Real

En la mira por recientes resoluciones, igualmente polémicas, Helio Victoria Guzmán entró al ojo del huracán, luego de que obsequiara el pliego de medidas cautelares reclamado por Ángel Romanos Berrondos en su demanda contra Crédito Real.

Al frente del juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil desde hace ocho años, recibió el expediente 691/2022, el pasado 28 de junio. En apenas 48 horas pudo revisar las 286 fojas de la demanda presentada por el accionista principal contra la compañía que él mismo fundó en 1993.

La vía escogida —el juicio especial mercantil— resultó sorpresiva, a la vista los problemas con los acreedores y los bonistas, que reclaman pagos inmediatos. El empresario invocó una figura contemplada en la Ley General de Sociedades Mercantiles para solicitar al juez Victoria Guzmán que decretara la disolución de Crédito Real.

Más sorprendente resultaron los argumentos de Romano Berrondos. Y es que durante la última década, la sociedad financiera mantuvo solvencia y capital suficiente para hacer frente a sus obligaciones… hasta el 2021.

Al cierre del primer cuatrimestre del 2022, la información era irrefutable: Crédito Real acumulaba pérdidas por 2,988 millones de pesos, casi cuatro veces el capital social asentado en escrituras públicas, que asciende a 691 millones de pesos.

Dos supuestos contenidos en el artículo 229 de ese ordenamiento legal contemplan esa posibilidad. Una opción era la resolución del juez. La otra, haber perdido más de dos terceras partes de su capital social. Romano Berrondos solicitó el reconocimiento del hecho jurídico acaecido el 30 de abril: la disolución y la consecuencia inevitable: la liquidación.

El 26 de mayo, el empresario —heredero de Mabe— dejó la presidencia del Consejo de Administración. Y justo un mes después, reclamó la disolución de la sociedad financiera ante el poder Judicial de la CDMX amparado del business judgement rule, un criterio del derecho anglosajón que define la lealtad de la administración: a la sociedad y no a los accionistas.

El 30 de junio del 2022, el juez dictó las 16 medidas provisionales solicitadas por Romano Berrondo, entre ellas la prohibición expresa a 14 bancos, sociedades financieras y fondos de inversión, de congelar o embargar sus cuentas, así como retener los recursos que cubrirían los contratos vigentes.

El 13 de julio, Romano Berrondo solicitó complementar las medidas cautelares para ordenar a los acreedores y los bonistas de la Sofom abstenerse de “afectar o perturbar el patrimonio de las subsidiarias de Crédito Real”. Ese mismo día, el juez dictó sentencia definitiva y ordenó la entrega de la administración, los bienes y los documentos de la Sofom al liquidador designado, Fernando Alonso de Florida.

Los bonistas de Crédito Real ya habían acudido a las cortes estadounidenses para buscar una salida a su insolvencia. El 1 de junio, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de sus acciones y las negociaciones para reestructurar su deuda entraban en una fase definitiva.

El juez Victoria Guzmán emitió su sentencia apenas 24 horas antes de que Crédito Real se acogiera al capítulo 15 de la Ley de Quiebras. Simultáneamente, sus abogados apelaron la disolución. Y las medidas concedidas a Romano Berrondos han quedado sin efecto.

El Estado de Derecho persiste. Y si hubo violaciones sustanciales en el procedimiento, será determinado por el Consejo de la Judicatura. Mientras, hubo relevo en el juzgado Quincuagésimo Segundo. En Delaware, el próximo lunes 19 quedará definida la ruta que Crédito Real deberá tomar para afrontar sus compromisos.