Los límites del Padrón electoral

Ha pasado una década de los debates que propiciaron la primera contrarreforma electoral de la época contemporánea. El sistema nacido en 1996 del que surgió el IFE y permitió la conformación de los bloques opositores había caducado, tras de las impugnaciones al triunfo del panista Felipe Calderón y las acusaciones de fraude electoral, nunca retiradas por Andrés Manuel López Obrador.

Traspasada la frontera de la elección intermedia de su sexenio, disminuida la oposición izquierdista en San Lázaro, Calderón Hinojosa propuso un paquete de iniciativas para la reforma política, para pactar las reglas del juego de la sucesión presidencial. El 25 y 26 de enero del 2010,  a través del Instituto Belisario Domínguez, el Senado convocó a expertos en las materias electorales para analizar las propuestas.

Las fuerzas políticas coincidían en la necesidad de establecer nuevos parámetros para la conformación y el funcionamiento del sistema político: instaurar la segunda vuelta en la elección presidencial y permitir las candidaturas independientes, incorporar la revocación de mandato, eliminar el fuero constitucional, proscribir los legisladores plurinominales e incorporar la reelección, para alcaldes y parlamentarios...

El priista Manlio Fabio Beltrones encabezaba la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y, a nombre de su bancada, presentó una iniciativa que —entre otros temas— planteaba dejar al entonces IFE la elaboración y la convocatoria para las consultas ciudadanas, además de la creación de un nuevo organismo público autónomo encargado de cumplir el mandato constitucional y lo dispuesto por la Ley General de Población, en cuanto a crear el Registro Nacional de Población y expedir una identificación oficial para el conjunto de los habitantes del país.

Dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter independiente y conformado por la estructura y los recursos del Registro Federal de Electores, el nuevo instituto nacional de identidad garantizaría la protección y confidencialidad de todos los datos incluidos en sus registros.

La propuesta de Beltrones era en contraposición a la intentona de la administración calderonista de generar una cédula de identidad, con los biométricos de la población. Ni en el 2011 ni en el 2014, las reformas legales resolvieron ese entuerto. La limpieza del voto se volvió un anacronismo y vinieron los debates que generaron los sistemas nacionales, entre los de transparencia y anticorrupción. Y en el 2017, el Senado sancionó la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Una década después del primer intento, el gobierno federal retoma la iniciativa de cumplir con el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992. Entonces, el IFE quedó obligado a entregar la base de datos que originaría al sistema de identidad ciudadana, con el Registro Nacional de Población como ente concentrador. ¿El listado nominal de electores debe concentrar los datos biométricos?

Efectos secundarios

ALTERNATIVO. Hace cuatro meses surgieron los primeros señalamientos contra Jorge Alcocer Villanueva. Ninguno por su desempeño en el servicio público —militante de la izquierda partidista, legislador y funcionario del ­IFE—, sino por sus actividades empresariales y la negativa de presentar su declaración patrimonial. En el Palacio de Cobián, la postura fue tajante: si hay pruebas de irregularidades, que se presenten ante las instancias competentes. Así ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando fue presentada una denuncia anónima contra el coordinador de asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero, por presunto enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias. ¿Las pruebas? Contratos de distintas instancias gubernamentales asignados por Nuevo Horizonte —casa editorial de Voz y Voto—, Alternativas en Economía y el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo; todos del 2016 al 2018 —cuando Alcocer no era funcionario de la 4T— que suman casi 15 millones de pesos y la compra de un departamento cercano a Interlomas, valuado en otros 5 millones de pesos. Si la denuncia es ratificada, corresponderá a la FGR valorar si existen elementos. En este caso, a nadie escapa la posición de Alcocer Villanueva sobre la intentona de Gobernación de concentrar los datos biométricos de los mexicanos.

DESFALCO. Al menos 91 empresas fantasma han sido detectadas por el gobierno de Baja California en las investigaciones de la trama financiera que erosionó las arcas públicas durante el mandato del panista Francisco Vega, Kiko. Tan sólo en el 2017, acusó Jaime Bonilla, el fraude mediante facturas falsas superó 1,700 millones de pesos.

SEÑALAMIENTOS. Sin otra opción, representantes de cinco bufetes jurídicos buscarán al fiscal Alejandro Gertz Manero para formalizar una queja contra el fiscal antisecuestros, Anselmo Mauro Jiménez Cruz, a quien acusan de pretender extorsionarlos, cuando solicitan información referente a diversas carpetas de investigación.