OADPRS, bajo la lupa

Hace cinco años, se graduaron de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Entre la sexagésima segunda generación de ese centro de estudios hubo 62 egresados del curso de formación inicial y otros 24 del curso de operaciones tácticas, quienes además recibieron una capacitación focalizada en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

En el claustro de instructores de la Academia, que dirigía Tito Augusto Pequeño García, estaban los principales funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Ambas instituciones acumulaban dos décadas de experiencia, tras la instauración del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio zedillista. Con los gobiernos panistas, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna reconvirtieron a los antiguos centros federales en penales de máxima seguridad.

Las dos fugas de Joaquín Guzmán Loera serían los hechos determinantes en esta historia. Los servidores públicos que se encargaban de la coordinación de los centros federales eran Jesús Francisco Soto Silva, Paulo Uribe Arriaga y Jesús Héctor Grijalva Tapia, coordinador General de Prevención y Readaptación Social, quienes estaban bajo las órdenes del comisionado del OADPRS, Eduardo Guerrero Durán.

Desde 2010, el gobierno federal había apostado por las asociaciones público-privadas para la construcción y operación de los penales federales. A la mitad del sexenio peñista funcionaban 17 CEFERESOS; la mitad eran centros de máxima seguridad bajo contratos de prestación de servicios que para entonces ya habían cambiado de proveedores.

Originalmente, los contratos de los “penales privados” fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de los centros federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones. En ese periodo, las auditorías técnicas estuvieron a cargo de Horacio Arturo Espinosa Pérez, dentro del OADPRS, y de las firmas ATS y DJI.

En el 2018, el gobierno federal inició una revisión de los contratos vigente, firmados bajo el esquema de adjudicación directa, y emplazó a los operadores de los servicios a una renegociación de los pagos y las temporalidades. Hace cinco meses, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reveló que había procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores involucrados en la subrogación de estos servicios, que requirieron 15,000 millones de pesos del presupuesto federal tan solo en el 2020.

Por esas fechas, Guerrero Durán se dejó ver en Monterrey, urbe a la que llegaba en un avión privado que le prestaba su amigo, Víctor Álvarez Puga. Ahora se sabe que una veintena de exmandos superiores de OADPRS deberán comparecer ante el juez de control que admitió la acusación formulada por la FGR contra el empresario, por contratos para la operación de esos penales suscritos en el sexenio peñista y que ascienden a 2,950 millones de pesos.

EFECTOS SECUNDARIOS 

APUROS. Ayer, al mediodía, Germán Martínez Cásarez remitió una misiva electrónica a la sede de la Unión Interparlamentaria, ubicada en Ginebra, Suiza, para informar al presidente de ese organismo, Duarte Pacheco, la constitución del primer grupo parlamentario plural e independiente dentro del Congreso mexicano y solicitar su afiliación a ese organismo global. No obstante, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, reiteró que no existe fundamento legal para la constitución de la bancada mixta y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, consideró que los legisladores rebeldes estarían actuando al margen de la legalidad vigente.

TAPATÍOS. El trienio del cabildo que encabezó Pablo Lemus Navarro terminará su trienio en Zapopan y el político del MC asumirá como alcalde de Guadalajara. Esa transición coincide con una denuncia en su contra por sus vínculos comerciales con “Tierra y Armonía”, compañía propiedad de la familia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. La acusación se habría realizado esta misma semana y señala al mandatario de actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, abuso de funciones, entre otros presuntos delitos, debido a que supuestamente recibió entre 2013 y 2020, al menos 2.7 millones de pesos de la desarrolladora.

INEVITABLE. Ante “una caída acelerada del índice de capital del banco que ponía en peligro los depósitos de los ahorradores”, la Secretaría de Hacienda revocó la licencia del Banco Accendo. La autoridad regulatoria actuó en el límite del plazo y los accionistas de esa institución financiera, encabezados por Javier Reyes de la Campa buscaron opciones para evitar salir del hoyo financiero. Ahora el  IPAB iniciará el proceso de liquidación de esa institución y pagará a los 1, 500 depositantes; 96% de los ahorradores está amparado en la totalidad de sus depósitos y solo al 4% está por encima del límite de cobertura. De acuerdo a fuentes del gobierno federal las cuentas bancarias de Reyes de la Campa y sus hermanos serán congeladas. ¿Y la CNBV?

@aguirre_alberto

alberto.aguirre@eleconomista.mx