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Puntos vitales sobre la compra de medicamentos
Una seria búsqueda de opciones para la reducción de precios en medicamentos innovadores (porque los genéricos no tienen ese problema), debería tomar en cuenta el camino avanzado y no echar por la borda lo que sí se ha logrado en este aspecto en las administraciones previas.
Por lo pronto, la compra consolidada incluyendo el volumen requerido de todas las instituciones ahora estará coordinada cercanamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabezada por Carlos Urzúa, algo positivo que es de esperarse siga generando avances no sólo en mejores precios de las terapias sino en decisiones más acertivas e inteligentes sobre el abasto de insumos para la salud a lo largo del sexenio.
Por otro lado ya se dijo que la Secretaría de Salud encabezada por Jorge Alcocer explorará ingresar al Fondo Rotatorio de la OPS. Es algo que administraciones anteriores descartaron porque los precios bajos obtenidos se elevaban con costos adicionales posteriores como el reparto y la distribución. El problema con esta alternativa es que el proveedor que gana la compra de la OPS entrega los productos en un puerto de un país y de ahí cada gobierno se hace cargo de su movilización y entrega a cada centro u hospital de cada institución médica, lo que demerita los ahorros obtenidos en la negociación de OPS. Es un punto obligado de considerar.
Otro punto es la situación de la propiedad intelectual en México ubicada en estándares muy elevados, obligado en parte por los tratados comerciales firmados, lo que no sucede con otros países cubiertos por el Fondo Rotatorio de la OPS.
Dada la coyuntura y las oportunidades de cambio, valdría la pena que el equipo encabezado por el doctor Alcocer considerara las propuestas planteadas por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSPI) -que hoy dirige Juan Rivera- en el estudio “Marco Legal Clínico y Económico en la Compra de Antiretrovirales en México”.
Se trata de un completo análisis financiado por Censida, enfocado sobretodo a las terapias requeridas para VIH/Sida, pero aplicable a las compras en general de medicamentos.
Realizado en el 2015, dicho estudio habla del alto precio en que México compra los antirretrovirales protegidos con patente —hasta 40 veces más altos que los obtenidos por OPS— y explica cómo no hay una razón única o una mala regulación del mercado que explique esos altos precios.
Los investigadores del INSP hacen un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional en torno a la propiedad industrial y de procesos de compras públicas de medicamentos y su acceso al mercado nacional.
Un régimen sano de patentes -proponen- debe incluir la implementación de mecanismos para depurarlas y evaluar a priori su procedencia, opciones aprovechadas incluso por países altamente protectores de la propiedad intelectual como Estados Unidos.
Se refieren específicamente al sistema de oposición que evitaría las patentes de los llamados medicamentos “me too” que no marcan gran diferencia con los ya existentes y sí mantienen altos precios incluso en el caso terapias que podría estar ya bajo libre competencia.
Evidencian igualmente que el sistema de salud mexicano podría aplicar elementos estructurales como los que existen en los sistemas de salud de Australia y Canadá, casos de éxito en este aspecto.
Estos países tienen algo parecido al Cuadro Básico de México, donde los productos deben acreditar que son seguros y de alta calidad, pero aquellos no sólo lo verifican en términos clínicos y de costo-beneficio, sino además piden a farmacéuticas y distribuidores informar sus márgenes de rentabilidad y otros datos económicos. El fin es asegurar precios razonables sin limitar las utilidades del sector ni la inversión en investigación y desarrollo de nuevas moléculas.
Lamentables dudas sobre el FPGC
Por lo pronto algo delicado está sucediendo en México por decisiones apresuradas como la desaparición del Seguro Popular (SP) y el consecuente recorte de gasto a muchas instituciones que funcionan gracias al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). Está afectando la atención y servicios de institutos primordiales como el INCAN (Cancerología) y Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE).
Como no se sabe qué pasará con el FPGC, está subiendo el número de pacientes que se quedan sin terapia o sin estudios porque no tienen recursos para pagarlos, y tampoco hay la certeza de que el FPGC los cubrirá.
maribel.coronel@eleconomista.mx
Si gusta consultar el documento completo sobre el estudio al que me refiero en esta columna, aquí está el vínculo
https://www.insp.mx/avisos/3831-marco-legal-antirretrovirales.html
