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Secretaría de la Función Pública: dos años de impunidad
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
Han pasado dos años desde la mayor filtración de datos personales, patrimoniales y financieros de los trabajadores del Gobierno federal y la Secretaría de la Función Pública, responsable de la filtración y responsable de imponer sanciones, no ha encontrado culpables.
Fueron 830,000 trabajadores del Gobierno afectados por la filtración de información contenida en sus declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses. La propia Secretaría habla de 1.6 millones de titulares afectados, “debido a que algunos nombres pueden aparecer con diferentes variantes”, de acuerdo con la respuesta de transparencia SAI 330026522001162, fechada el 2 de junio de 2022.
Las declaraciones patrimoniales son obligatorias para todos los funcionarios públicos por motivos de transparencia y combate a la corrupción. Se trata de tener registros patrimoniales y financieros para trazar la evolución de su riqueza y evitar el ejercicio indebido de la función pública.
Entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2020, una base de datos de la Secretaría de la Función Pública con las declaraciones patrimoniales de los trabajadores del Gobierno estuvo disponible para cualquier persona en internet. Una configuración de seguridad deficiente la puso al alcance de cualquiera, como publiqué el 4 de julio de 2020.
La Secretaría de la Función Pública, responsable de vigilar y castigar a los trabajadores del Gobierno, calificó la filtración de datos como “una forma alternativa de acceso a datos”. Más tarde cambió la versión para aprovecharse de unos mensajes extorsivos incrustados en la base de datos expuesta y considerar el incidente como un “ataque técnico”.
La oficina de protección de datos personales, el Inai, dijo que el incidente fue una “vulneración de seguridad que afecta de forma significativa los derechos patrimoniales de los titulares”. El 24 de noviembre de 2020, por unanimidad, el Inai consideró que la Secretaría de la Función Pública violó la ley de protección de datos personales.
El Inai concluyó por mayoría que la Secretaría había violado la ley de protección de datos personales. Ordenó al Órgano Interno de Control de la Secretaría que “en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda en relación con las responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido servidores públicos con motivo de la vulneración de seguridad sucedida en los sistemas informáticos de la referida dependencia”.
A dos años de ocurrido el incidente, no hay responsables. Ni castigo. Las Naciones Unidas definió impunidad como la inexistencia de responsabilidad responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria porque los autores de violaciones “escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
La Secretaría informó en su momento de que estaba “en curso una investigación para deslindar responsabilidades” y, si fuera necesario, “dar vista a las autoridades competentes”.
Dos años después de esa afirmación, el expediente sigue abierto y no se han determinado las responsabilidades incurridas por la filtración de datos ni se han impuesto castigos a los responsables.
El caso “se encuentra en trámite, por lo que, al advertir que la información requerida depende de circunstancias que no se han materializado, no es posible su entrega en los términos solicitados”, dice una respuesta de transparencia de la Secretaría de la Función Pública sobre el incidente con fecha del 2 de junio de 2022.
“Nadie está obligado a lo imposible”, dice la respuesta, recuperando un principio del derecho enunciado en el Código Civil Federal para asegurar que no se puede entregar información que no existe. “La autoridad resolutora [el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría] debió haber emitido la resolución correspondiente, hipótesis que no se actualiza”.
Es difícil ofrecer un mensaje optimista: la impunidad será la marca de este caso.
