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Opinión

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Son las armas

Pese a las restricciones vigentes, en México, menos del 1% de las armas son legales y, en su mayoría, son contrabandeadas de Estados Unidos a México.

Las armas de fuego son el instrumento con el cual se cometieron el 70% de los homicidios registrados en el país. Es evidente que los altos niveles de violencia en México están relacionados con la alta posesión de las mismas. La tendencia del uso de armas de fuego utilizadas en homicidios en contra de mujeres va en aumento, se registra un incremento de 500% entre 2007 y 2018. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en casi 6 millones de delitos en donde la víctima estuvo presente, se reportó la portación de armas de fuego. Esto es especialmente problemático para delitos como robos en la calle o en transporte público. Recientemente, la Secretaría General de la Cámara de Diputados publicó “Percepción sobre el tráfico de armas y la violencia comunitaria en México”, estudio dirigido por la Dra. Catalina Pérez Correa. En realidad existen pocos análisis sobre la percepción de armas en el país, es un tema delicado de preguntar y documentar. Por primera vez, se utiliza una encuesta a nivel nacional para conocer las preferencias de la población respecto a la seguridad que perciben, sus experiencias frente a la violencia y sus preferencias respecto a la regulación de armas.

La encuesta utilizada en el estudio muestra conclusiones especialmente relevantes. Primero, el 51% de la población encuestada tiene “mucho miedo” de ser víctima de violencia con arma de fuego. Esto es especialmente cierto para las mujeres y para las personas jóvenes, de entre 18 y 25 años. A su vez, además del miedo, las personas son conscientes de que la violencia con armas de juego afecta la salud emocional, la calidad de vida y la actividad económica de su localidad. El 68.8% de la población encuestada declara estar en contra de flexibilizar los requisitos para adquirir armas de fuego en México y es que, de acuerdo con la población encuestada, la presencia de armas de juego en hogares no incrementa la percepción de seguridad; de hecho, el 67% de las personas declaró que los hacen más peligrosos. No sorprende pues que el 61.2% de los encuestados estuviera “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que si el Estado prohibiera y sancionara de forma efectiva la portación de armas, la violencia en el país se reduciría. Estas cifras dejan claro que, a ojos del público mexicano, las armas y su uso tienen afectaciones negativas en la vida cotidiana de las personas.

En México, la posesión, compra y venta de armas están altamente reguladas. Sin embargo, pese a las restricciones vigentes, en México, menos del 1% de las armas son legales y, en su gran mayoría, son contrabandeadas de Estados Unidos a México. Como se ha señalado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la deficiente regulación de las armas en Estados Unidos tiene consecuencias fatales en México. En la frontera norte se ubican cerca de 6,700 puntos de venta de armas en donde, debido a la laxa regulación, son vendidas y traficadas a México de formas relativamente sencillas. Las consecuencias son graves pues se estima que, en México, el 90% de esas armas de fuego se usan en actividades criminales. Por suerte, la opinión pública mexicana está en contra de flexibilizar la portación de armas y, por el contrario, está profundamente a favor de sancionar y prohibir de forma eficaz la portación y uso de armas de juego.

El estudio concluye con recomendaciones de política pública, que van desde la coordinación de gobiernos en la frontera para establecer controles claros, la realización del programa de canjes e incautación de armas y la reducción de la oferta, con estrategias innovadoras como el litigio estratégico en Estados Unidos, que ha sido impulsado por el canciller Marcelo Ebrard así como la cooperación para la intercepción y la colaboración entre comunidades transfronterizas.

Twitter: @vidallerenas

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York

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