Un presupuesto atado de manos

Por fin tenemos presupuesto y criterios económicos para 2025. Aunque no es “totalmente” de Claudia, ya que incluye un fuerte componente inercial de la administración pasada, permite identificar las prioridades del nuevo gobierno y las bombas de tiempo que heredó. Gran parte de los datos mencionados en este artículo provienen del informe del CIEP, que considero de primera calidad.   

Como ya se había comentado, el gran reto de este presupuesto era reducir el déficit desbordado de 6% del PIB para 2024, manteniendo promesas de campaña, programas sociales, obras prioritarias y no causar una recesión económica por una política contractiva del gasto público. Esto se logró con supuestos extremadamente optimistas, en particular el crecimiento del PIB de 2-3%, cuando las predicciones del sector privado oscilan entre 0.8 y 1.2 por ciento. Sí hay una reducción de 5.9 a 3.9%, pero habrá que ver si es factible.

Por un lado, se plantea un crecimiento de 5.4% en los ingresos públicos, alcanzando 8.05 billones de pesos. La mayor parte proviene de ingresos tributarios, con un alza estimada de 2.8%, que se compone de un crecimiento de 3.5% en el ISR, 2.3% en el IVA y caídas en el IEPS petrolero, que en el fondo se ha vuelto el colchón para subsidiar o encarecer la gasolina. El gran problema es que el crecimiento del ISR e IVA depende del crecimiento de la economía planteado. No hay reforma fiscal y, a pesar de lo que repiten los voceros encubiertos del régimen, la mejora en la eficiencia de la recaudación ha sido marginal: en 2017 el ISR era 7% del PIB y en 2023, 7.9 por ciento. Si la economía no crece a 2.3% que estima la SHCP, los ingresos por IVA e ISR tampoco lo harán, generando un boquete importante del lado de los ingresos. Esto sin considerar supuestos optimistas en cuanto a las tasas de interés, tipo de cambio y resultados de CFE y Pemex.

Por el lado del gasto también hay datos preocupantes. Los egresos para 2025 ascienden a 9.2 billones de pesos, una reducción de 1.9% en términos reales frente a 2024. El principal problema es el espacio fiscal: sólo 1.7% del presupuesto es discrecional. Según el CIEP, de un ingreso equivalente a 22.3% del PIB, 20.6% ya está comprometido en pensiones, costo financiero de la deuda, aportaciones y participaciones. Ante la necesidad de recortar el déficit heredado, el nuevo gobierno aplicó recortes en áreas fundamentales del Estado: 14% en inversión (excepto proyectos prioritarios), 11% en salud, 43.2% en Conagua, 1.2% en educación y 15% en seguridad nacional. Estos sectores ya enfrentan rezagos críticos, y en lugar de invertir más recursos, recibirán menos.

El balance entre ingresos y gastos, en papel, parece aceptable: una reducción del déficit en 2 puntos porcentuales. Sin embargo, los supuestos que soportan los ingresos son demasiado optimistas, no sólo por darse en un contexto de desaceleración económica, por Trump y la tendencia histórica de caídas en el crecimiento al inicio de nuevos gobiernos en México. Un recorte al gasto de 2% es en sí mismo recesivo, lo que podría desencadenar una recesión incluso sin otros factores adversos.

Este presupuesto fue hecho con las manos atadas. Atadas por el desastre que deja la administración pasada en compromisos de gasto sumado a un ambiente de incertidumbre autogenerado por las reformas e importado de EU. No existía mucho margen de maniobra, pero inventarnos supuestos alegres que hoy “salvan la tarde”, es una mala apuesta a mediano y largo plazo, especialmente para un gobierno que empieza con problemas en casi todos los frentes.