Un México sin el Inai

A finales de los años 90 la efervescencia por el derecho de acceso a la información era notable. No había un solo foro en el que no se hablara de la imperiosa necesidad de reconocer como parte del cuadro de libertades informativas al derecho de acceso a la información pública. Diversos sectores sociales, partidos políticos y académicos pelearon por acabar con la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas, con la opresión que existía respecto el tratamiento en la opinión pública de los diversos temas de incidencia social y con la decisión unilateral que suponía el control de la información desde el poder ejecutivo. Este sistema no podía seguir existiendo si México pensaba en migrar hacia un régimen democrático o al menos de un incipiente pluralismo político.

Como producto de esa maravillosa lucha, se logró consagrar unos años después en el artículo 6º de la Constitución el derecho de acceso a la información, se creó no sólo el Inai sino también institutos locales de acceso a la información en todo el país y desde luego se obligó, bajo el principio de máxima publicidad a que todo sujeto público en todos los niveles transparentara su actuar permitiendo que el ciudadano tuviera un enorme acceso informativo del quehacer público. El carácter autónomo de los órganos garantes ha permitido un flujo adecuado del derecho de acceso a la información al evitar la tentación de aquellos intereses del poder que busquen impedir que el ciudadano permanezca velado y no exija rendición de cuentas de los gobernantes. Todo ello es consistente bajo la dinámica de un sistema democrático vivo y evolutivo que proporciona, al menos desde la discusión pública, mejores condiciones de participación al ciudadano.

Es una pregunta obligada, para los tiempos que corren hoy en nuestro país, saber si esos fines se consiguieron o se pervirtieron. Desde hace unos años venimos escuchando, desde el poder, que todo ese camino andado sólo ha estado a merced de determinados intereses particulares que sirven para impedir los fines de una muy necesaria transformación social del país. Sin embargo cuando acudimos a revisar pormenorizadamente el trabajo de los órganos garantes sólo encontramos resoluciones que conducen a un mejor flujo informativo, resoluciones que obligan a la autoridad a entregar información que es pública, resoluciones que impiden el menoscabo del derecho de acceso a la información, resoluciones que nos permiten observar el mal uso de los recursos públicos, resoluciones que evidencias acciones de gestión pública inadecuada, en síntesis sólo encontramos una fuente riquísima de ciudadanos exigiendo transparencia y buen actuar de aquellos que detenta el poder.

Pensar hoy en que la garantía del derecho de acceso a la información quede en manos, nuevamente del ejecutivo implica un retroceso de la calidad democrática de nuestro sistema. Ello no es una posición ideológica, ello es un hecho respecto al ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos que debemos participar activamente en la discusión pública. Sin el cuadro de libertades informativas completas (derecho a recibir información, derecho a manifestar información y derecho de acceder a la información) el espacio de discusión pública se debilita de tal suerte que quedará al borde de la extinción. Sin información pública no podemos esperar que haya discusión y debate de lo público, no se puede generar la llamada opinión pública pues ésta no tendría ningún tipo de asidero para poder formarse, estaríamos al fin de nuestra llamada democracia participativa.

El estado mexicano está obligado no sólo a reconocer el derecho de acceso a la información sino está obligado a garantizarlo implicando ello que deben existir todos aquellos mecanismos políticos jurídicos que lo hagan idóneo para su ejercicio pues de lo contrario sólo estaríamos en presencia unas buenas intenciones que no podrían materializarse en la vida diaria del ciudadano.

Un México sin el Inai es más que privarnos de un organismo público. Un México sin el Inai y sin otros órganos autónomos que limiten el actuar del poder es aproximarnos irremediablemente a un sistema autoritario tal como del que huimos hace más de dos décadas, del que huyeron algunos de los que hoy proponen ese retroceso.

****El autor es Doctor en Derecho. Actualmente es Decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, fue director de la Licenciatura en Gobierno  de la Panamericana. Es integrantes del Sistema Nacional del investigadores de México. Preside la Asociación Coorperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Autor, coautor y coordinador de 15 libros en materia de libertades informativas.