Violencia sexual y política

A medida que se acerca el 8 de marzo, queda más claro que la agenda pendiente, truncada el año pasado por el confinamiento, debe retomarse y ampliarse con urgencia. Si en 2020 era obvio que para este gobierno las mujeres y niñas ocupan un lugar marginal, y ni su seguridad, ni su bienestar ni su salud le son prioritarias, este año corroboramos la enorme deuda de justicia que tienen el Estado, los partidos políticos y la sociedad con las mexicanas. Una deuda que se acrecienta día a día, con la acumulación de agravios contra niñas y mujeres, bajo la anuencia explícita o tácita de instituciones y personas.

A Lydia Cacho le costó 14 años y mucha valentía lograr que se detuviera a un gobernador aliado a una mafia cuya impunidad y afán de venganza la obligaron a refugiarse fuera del país; el mundo al revés. A las mujeres que han acusado de violación y abuso a Félix Salgado Macedonio, impresentable candidato del partido oficial a la gubernatura de Guerrero, les costó años superar el trauma y atreverse a enfrentar una red de complicidades que tolera la violación y descalifica a las víctimas. Las alumnas de la Universidad del Istmo siguen esperando una respuesta a sus denuncias de acoso; Irinea Buendía lleva más de una década exigiendo justicia para su hija Mariana, asesinada por su pareja. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar la familia de Mariana Sánchez, la médica pasante cuya denuncia de abuso y violación fue ignorada por sus superiores, la Secretaría de Salud de Chiapas en particular? Apenas el sábado fue destituida la directora de la clínica donde trabajaba Mariana, ¿cuándo se enjuiciará al agresor?

La dilación de justicia, o más bien su ausencia, la mecánica encubridora que favorece la perpetuación de la impunidad, han tenido efectos devastadores en miles de mexicanas violentadas, torturadas, maltratadas por familiares, desconocidos e instituciones. La persistente impunidad de la mayoría de los feminicidios en Ciudad Juárez, la impunidad que llevó a Inés y Valentina y a las Mujeres de Atenco hasta la Corte IDH, son evidencias de una estructura institucional que parece disfuncional pero es funcional al sistema depredador, al Estado alegal (como lo llamó Sergio González Rodríguez) y hoy al autoritarismo machista, si no misógino, del gobierno. La continua reforma o expedición de leyes sólo crea una pantalla de legalidad detrás de la cual campean las complicidades y se reproduce la impunidad. ¿O para qué sirve la Ley 3 de 3 contra la violencia de género si los partidos postulan a machistas y agresores?

Así, defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio, como lo ha hecho la dirigencia de Morena, pese al creciente clamor de mujeres indignadas ante la posibilidad de que un presunto violador sea gobernador, es un ejemplo más del desprecio oficial hacia las mujeres. Asimismo, el recordatorio público de la importancia de la presunción de inocencia en el caso de este personaje y de Mario Marín no es una defensa de la legalidad sino un mensaje contra las víctimas. Resulta lamentable que desde la tribuna del poder se trivialicen la violencia sexual y la violación de derechos humanos mientras se estigmatiza a las voces incómodas y a las organizaciones críticas.

Minimizar o negar las acusaciones de violación sólo confirma que la integridad y la vida de las mujeres no le importan al poder. Guerrero es uno de los estados más pobres, está bajo alerta de violencia de género por feminicidio, Acapulco es un foco rojo de turismo sexual. ¡Promover a un candidato misógino y violento es un agravio más a las guerrerenses!

En marzo de 2020 cientos de miles de mujeres exigimos un alto a las violencias machistas. Hoy reafirmamos esa demanda al gobierno, a los partidos y a la sociedad, y no sólo en el caso de Guerrero. Algunos hombres han expresado también su indignación. Es hora de que muchos más se pronuncien.