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Política

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Abolir cárcel oficiosa, revés a plan de AMLO

Especialistas en derecho constitucional coincidieron en que si la SCJN aprueba el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone la derogación de la prisión preventiva oficiosa, el gobierno de López Obrador sufriría un revés en su estrategia de seguridad.

Presidencia de la República exhortó a la SCJN a mantener en existencia la prisión preventiva oficiosa

Presidencia de la República exhortó a la SCJN a mantener en existencia la prisión preventiva oficiosaJULIO CESAR AGUILAR, AFP

Especialistas en derecho constitucional coincidieron en que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueba el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone la derogación de la prisión preventiva oficiosa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sufriría un revés en su estrategia de seguridad.

En 2019, Morena en el Congreso de la Unión, promovió reformas al Código Penal y al Artículo 19 de la Constitución para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, como el uso de programas sociales con fines electorales, feminicidio, entre otros.

Tras ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores interpusieron recursos en contra del decreto que reforma la Carta Magna y diversas leyes.

Juvenal Lobato, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opinó que el proyecto del ministro Aguilar está basado en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordó que existen varios casos en contra del Estado mexicano donde se argumenta que la medida cautelar de prisión de oficio viola los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.

Para César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, es positivo que la SCJN apruebe el proyecto ya que hay personas que se encuentran en prisión y que después de años no se les ha comprobado la culpabilidad.

“Hay muchas personas: adolescentes, mujeres, hombres, mexicanos y no mexicanos, que están privados de su libertad, llenando las cárceles y sin que el Ministerio Público presente pruebas que demuestren la culpabilidad (...) Por eso éste proyecto es positivo”, aseguró.

De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2022, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en julio pasado, cuatro de cada 10 personas presas, hasta el 2021, no contaba con una sentencia, lo que equivale a un total de 92,856 reos en esta condición.

El presidente López Obrador señaló durante su conferencia matutina de ayer, que si la Suprema Corte aprueba el proyecto, la paz en México se verá afectada.

No obstante, Juvenal Lobato dijo que si el sistema judicial mexicano no tiene los elementos para culpar a las personas, tampoco puede acusar que la inseguridad incrementará.

“No creo en ese escenario catastrófico”, enfatizó el especialista.

Vincula prisión preventiva con paz en el país

Presidencia de la República exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a mantener en existencia la prisión preventiva oficiosa, ya que es fundamental para garantizar la paz en México.

A través de un comunicado, el Gobierno de México aseveró que la prisión preventiva oficiosa, en ciertos delitos, es para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.

Agregó que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa —como propone el proyecto del ministro Luis María Aguilar—, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.

politica@eleconomista.mx

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