Buscan crear la figura del testigo colaborador

En San Lázaro discuten un paquete de cambios en materia de justicia criminal para regular la figura de los testigos protegidos, introducida en México en 1996 a través de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la que se dio carácter constitucional en el 2008.

El presidente de Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño (PRI), afirmó que es indispensable delimitar dicha figura jurídica modificando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la propuesta, urge contemplar el desarrollo previo y forzoso de procedimientos de análisis y valoración para conocer si efectivamente lo que el testigo puede aportar es verosímil, se puede corroborar y es útil para la investigación contra la delincuencia organizada, así como la necesaria aceptación del testimonio con otros elementos de prueba para su validez, los requisitos para ingresar al programa de testigos protegidos, la duración de la protección, las causas de revocación y la diferenciación entre un verdadero testigo, sea éste circunstancial o víctima u ofendido.

Criminal colaborador

El priísta sugiere también crear la figura del testigo colaborador, quien sería considerado como un criminal que ha decidido brindar elementos de prueba además de su testimonio para facilitar la investigación, lograr la incriminación y sentencia de miembros de la delincuencia organizada y permitir el desmantelamiento de bandas y cárteles.

En suma, comentó que de aprobarse su propuesta se disminuiría la criminalidad y la impunidad, acotando los beneficios a la colaboración con la justicia, de forma que acogerse al programa de testigos protegidos no signifique premios a la comisión delictiva, como se contempla en la actualidad por la propia legislación.

Benítez Treviño detalló que la enmienda busca lograr la implementación de un verdadero programa de protección de testigos que contenga las directrices para ordenar las medidas de asistencia necesarias para el protegido, considerando su situación personal, patrimonial, social, laboral y familiar.

Con la reforma se busca también persuadir de un posible accionar desleal o negligente a quienes tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la seguridad del testigo protegido y guardar secreto acerca de sus nuevas condiciones de vida , concluyó.

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