Diputados van por ley en contra de las factureras

La Cámara de Diputados no modificará ni una coma a la minuta aprobada por la Cámara de Senadores que reforma dos leyes y tres códigos federales para endurecer las sanciones a aplicar a quien cometa delitos en materia de defraudación fiscal, defraude al fisco federal, y expida, venda, compre o adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o falsas emitidas por empresas fantasma.

Cuando tres o más personas se organicen para delinquir en la materia serán juzgadas como miembros de la delincuencia organizada y ameritarán prisión preventiva oficiosa.

“Estas comisiones dictaminadoras comparten el sentido integral en que se expresa la Minuta. Quienes signamos el presente Dictamen, reconocemos la capital importancia de reforzar los mecanismos legales para combatir la evasión fiscal, que genera un detrimento directo en la recaudación por parte del Estado de recursos públicos y, por tanto, afecta a la sociedad al reducir las posibilidades de destino de los recursos para políticas de gobierno’’, cita el proyecto de dictamen confeccionado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara Baja.

El dictamen será sometido a votación de las referidas comisiones ordinarias de trabajo la tarde de este lunes, y mañana martes votado por el pleno cameral.

La expedición, enajenación y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados es un problema nacional de la mayor relevancia; ocasiona graves perjuicios a la estabilidad económica del país y sacrifica los bienes y servicios más elementales del gasto público, amplía el documento.

Desde la perspectiva de los diputados federales, la percepción general es que la referida práctica ilegal ha ido incrementando, al punto de encontrarse en un verdadero auge en los últimos años.

“Además de las prácticas ilegales de facturación falsa, la autoridad fiscal ha identificado esquemas diversos de evasión fiscal que también deben ser combatidos con estas herramientas que se incluyen al ordenamiento jurídico; por mencionar algunos, se deben considerar las prácticas de subcontratación a través de simulaciones, las cuales generan graves perjuicios a las arcas públicas, en adición a despojar a los trabajadores de sus prestaciones legales. También, los actos de corrupción que se realicen para obtener devoluciones de forma indebida son extremadamente dañinos y deben ser perseguidos con estas modificaciones legales, pues no sólo se trata de una defraudación fiscal de carácter relevante, sino que conlleva la extracción de recursos que ya se encontraban en poder del Estado. En estos casos, se sancionará penalmente a todos los involucrados en la devolución correspondiente, incluyendo a los funcionarios públicos por su participación en los delitos fiscales cometidos’’, detalló la exposición de motivos.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras concuerdan con los criterios que justifican las modificaciones aprobadas por la Cámara de Senadores porque amplían los márgenes de efectividad en el combate a diversas conductas ilícitas por las que en mayor medida se defrauda al fisco federal.

“Lo anterior bajo un patrón común constituido por el uso de empresas establecidas exprofeso para emitir facturas, comprobantes o documentos equiparables a nombre del evasor amparando con ellos, operaciones de prestación de servicios o de adquisición de bienes que nunca se llevaron a cabo, con el objetivo de realizar grandes deducciones con cargo a las obligaciones tributarias que genera su actividad regular. A ello se le da la denominación genérica de —facturas falsas u operaciones inexistentes o simuladas—”.

“Las empresas dedicadas a expedir y enajenar este tipo de comprobantes trabajan para múltiples clientes y realizan esquemas sofisticados de movimientos de recursos para llevar a cabo las simulaciones o el encubrimiento de los engaños. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados más de nueve mil empresas de facturación y operaciones inexistentes’’.

En tanto que las empresas que adquieren los comprobantes fraudulentos consuman el daño patrimonial extraordinario que se ocasiona a la hacienda pública al reducir la base gravable de sus ingresos o al acreditar impuestos de manera indebida.

Se calcula que las cantidades que pierde el Estado mexicano por esos ilícitos son exorbitantes, llegando a significar un monto de 2 billones de pesos en los últimos 5 años, puntualizó el documento.