Discurso de IMW, para confundir a la opinión pública

La criminalización en contra de la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos mediante descalificaciones, como las hechas por Isabel Miranda de Wallace (IMW), pretenden sacar del escenario a organismos que ponen en evidencia graves violaciones a las garantías fundamentales que se cometen en el país en el marco de la política de seguridad, aseguró el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), José Antonio Guevara.

Consultado por El Economista, Guevara expresó que el movimiento de defensores de derechos humanos que pretende desacreditar y debilitar Miranda de Wallace, son aquellas organizaciones que –como la CMDPDH- exhiben casos graves de tortura.

Pretende confundir a la opinión pública para defender a las autoridades que promueven y usan la tortura (...) Quieren engañar a la opinión pública respecto de la dimensión y el alcance de la tortura que- se ha dicho -es generalizada .

Recordó que de acuerdo con cifras de la PGR, del el 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 2014 ha recibido 4,055 denuncias de tortura, de las cuales 1,273 son atribuibles a personal militar. De los casos denunciados, 1,884 se transformaron en averiguaciones previas, de esta cifra, 11 fueron consignadas ante un juez.

En ese mismo periodo la CNDH recibió 4,404 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes, abrió 109 expedientes de queja por tortura, y emitió 79 recomendaciones por tortura.

En un Estado de derecho todos los seres humanos gozan de garantías fundamentales y las autoridades deben respetar el debido proceso legal de todas las personas; eso es en beneficio de las víctimas y del acusado. Si una autoridad tortura a una persona, afecta a la persona y al juicio que se quiere llevar a cabo para esclarecer la verdad pues lo vicia de origen .

Declaró que CMDPDH es una asociación civil sin fines de lucro, cuyas actividades son financiadas a través de fondos que obtiene de instituciones filantrópicas y de la cooperación internacional.

Destacó que, conforme al Artículo 1 de la Constitución, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. La Ley General de Víctimas crea a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); conforme a la legislación, la calidad de víctima la puede determinar la autoridad responsable de la violación, los ministerios públicos, los jueces, los organismos públicos de derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ciertos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura (CCT).

Una vez que se reconoce la calidad de víctima de una violación a los derechos humanos y que se registra a la víctima ante la CEAV, ésta a través de sus procedimientos, que incluye una decisión del Pleno, que se determina el monto de la reparación, conforme a sus propias reglas y a los estándares constitucionales aplicables.

Guevara afirmó que, por la duración del juicio y como organización acompañante, el único caso del que han recibido costas judiciales como gastos de transporte, fue el de Rosendo Radilla, que fue llevado ante Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica.

Asimismo, Guevara sugiere que existe consonancia entre el discurso del gobierno federal y el de la directora de Alto al Secuestro.