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Política

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El PRI suspende derechos a Javier Duarte

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI determinó anoche suspender a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, sus derechos como militante priista por considerar que las denuncias y graves acusaciones que pesan en su contra -corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal- afectan la imagen del tricolor.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) determinó anoche suspender a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, sus derechos como militante priista por considerar que las denuncias y graves acusaciones que pesan en su contra -corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal- afectan la imagen del tricolor.

Por unanimidad de sus siete integrantes, el órgano jurisdiccional interno, que preside Fernando Elías Calles Álvarez, suspendió también sus derechos a otros seis militantes priistas, todos ligados al mandatario veracruzano.

Juan Carlos Rodríguez García dirigió Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud de Veracruz.

Gabriel Deantes Ramos fungió como secretario del Trabajo del gobierno de Duarte, hasta que en junio pasado se postuló para comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); es acusado de desvío de recursos públicos.

José Antonio Chara Mansur Beltrán fue secretario de Finanzas de la administración de Duarte; de acuerdo con investigaciones periodísticas, posee 16 propiedades en Texas, Estados Unidos.

Arturo Bermúdez Zurita fue secretario de Seguridad Pública de Duarte de junio del 2011 a agosto pasado; el priista y hoy panista Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, lo acusó de lavar dinero, producto del saqueo de las finanzas públicas.

Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez son notarios públicos y se les liga a Duarte por haber dado fe para la constitución de empresas fantasma con las que el gobierno veracruzano suscribió una veintena de contratos por un total de 645 millones de pesos.

El procedimiento sancionador iniciado contra los siete priistas surgió a raíz de las denuncias interpuestas por los militantes Cesar Román Mora Velázquez y Armando Barajas.

La Comisión de Justicia Partidaria informó que tras la revisión minuciosa, la ponderación escrupulosa de los antecedentes y las condiciones jurídicas, así como de los elementos con que cuenta, determinó además:

Ejercer la facultad de atracción para erigirse como sección instructora para la sustanciación de las denuncias referidas, dada la trascendencia e importancia que tienen para el PRI, y acumular las denuncias interpuestas en contra de Duarte de Ochoa y de los otros seis denunciados, y emplazarlos a aportar los elementos que sirvan para su defensa.

rramos@eleconomista.com.mx

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