Elecciones 2024: ¿Cómo llega el TEPJF a las elecciones del 2 de junio?

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) arribará a la jornada electoral del 2 de junio próximo ―la más grande de la historia del país―, incompleto y con visiones encontradas entre sus magistrados, respecto de si eso daña o no a la institución o a la democracia en el país y en medio de un franco ataque del presidente, Andrés Manuel López Obrador al poder Judicial, del cual forma parte.

El pasado 30 de abril, el Senado de la República terminó su periodo ordinario de sesiones, sin designar a dos magistrados de la Sala Superior y seis de las Salas regionales que hacen falta. Además, es necesario designar a 41 magistrados en los tribunales electorales estatales.

Desde el 1 de noviembre de 2023, la Sala Superior de ese tribunal cuenta solo con cinco de los siete integrantes que debe tener, debido a que concluyeron sus respectivos periodos los ahora exmagistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas. Este último acusó presiones y amenazas al cumplimiento de su labor como juez electoral.

Es delicado y daña a la democracia un tribunal incompleto: Janine Otálora

En opinión de la magistrada Janine Otálora Malassis, el hecho de que, por primera vez en la historia del país, vamos a llegar al día de la elección con un tribunal electoral incompleto “sí es sumamente delicado” y “sumamente grave” y daña el modelo electoral del país.

En tanto, para la consejera presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, como para los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, eso no resta fortaleza a la institución.

Para Otálora Malassis, el problema no es si tenemos suficientes recursos y personas para resolver los asuntos, sino que, lo delicado es “si está desintegrada la Sala Superior y están desintegradas las regionales y los locales, es porque un poder de Estado (el Legislativo, concretamente el Senado) decidió violar de manera descarada la Constitución y no asumir su responsabilidad” de nombrar a las y los magistrados electorales.

Dijo que ese hecho constituye también una burla a las instituciones, porque fue por algo por lo que el constituyente decidió que fueran siete los magistrados que integran la Sala Superior. Seguramente por la calidad de un mayor debate y una mayor colegialidad, indicó.

Llega como una institución fuerte: Soto Fregoso

Por otra parte, la presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que esa institución es un tribunal fuerte, profesionalizado, independiente e imparcial.

En su opinión, México está consolidando un sistema democrático que ya ha resuelto las elecciones presidenciales en cinco ocasiones y que los ciudadanos pueden confiar en sus integrantes, porque todos tienen una trayectoria importante como jueces.

Informó que, hasta la semana pasada, ese tribunal había recibido 8,835 asuntos del proceso electoral en marcha, de los cuales 700 están en etapa de instrucción y los demás resueltos.

Para la magistrada presidenta, hace a un tribunal fuerte el hecho que tenga las condiciones para que todos los ciudadanos que consideren que han sido violentados sus derechos puedan impugnar.

Por su parte, el magistrado, Felipe de la Mata Pizaña, opinó que, si bien faltan dos magistrados en la Sala Superior y seis en la Regionales, el tribunal opera con normalidad y resuelve las controversias electorales que presentan los diversos actores políticos conforme a Derecho.

El magistrado negó categóricamente que la falta de dos magistraturas sea un sinónimo de debilidad, de falta de certeza jurídica de los asuntos que analizan, de rezago o “tortuguismo” para analizar y resolver las controversias electorales.

De acuerdo con el funcionario judicial, actualmente, con cinco magistraturas, el promedio de tiempo en resolver los asuntos interpuestos ante la Sala Superior es de 15.3 días, en cambio, cuando la Sala estaba completa con sus siete integrantes, era de 17.63 días.

Reiteró que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación está previsto el funcionamiento válido del Tribunal con cinco magistraturas y para el caso de la declaración de validez la elección presidencial, la misma ley faculta al Tribunal a integrar al magistrado regional de mayor antigüedad, por lo que los mexicanos deben estar seguros de que el Tribunal seguirá actuando con independencia, de forma imparcial, autónomo y con integridad en cada una de las resoluciones que emita.

Entre 3 de agosto y 6 de septiembre podrían elegir al o a losmagistrados que se sumen a calificar elección presidencial. 

La magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso explicó que entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre próximo, esa institución definirá quien será el sexto magistrado que se integrará a la Sala Superior para cumplir con el número de magistrados necesarios para declarar la validez de la elección presidencial del 2 de junio próximo.

La ley electoral establece que la calificación de la elección presidencial en específico y su declaración de validez, le corresponde a la Sala Superior y con la presencia de, al menos, seis magistrados.

La reglamentación que rige al TEPJF establece que, ante esa situación, pueden llamar a un magistrado de las salas regionales, que puede ser el de más edad o el de mayor antigüedad en el cargo.

En ese sentido, la magistrada detalló que se espera que eso ocurra a partir del 3 de agosto, porque es la fecha que tienen las salas regionales para resolver todos los asuntos que se les presenten relacionados con los procesos electorales actuales y hasta el 6 de septiembre, porque es el límite para calificar la elección.

En ese aspecto Janine Otálora Malassis dijo que se tendrá que decidir si el magistrado o los magistrados (podrían definir que se llame a dos y no solo a uno) que sean llamados a Sala Superior desde las Regionales para que se integren a la calificación de la elección presidencial, llegarán solo a levantar la mano el día que se califique la elección o se involucrarán en el dictamen, por ejemplo, desde el día de la elección para que sepan cómo se da el proceso poselectoral.

Dijo que puede ocurrir que, como sucedió en 2018, nadie impugne la elección, sin embargo, aún en ese caso, el TEPJF debe integrar un dictamen y revisar que todo el proceso electoral haya cumplido con los requisitos legales y emitir una determinación en la que diga sí se valida el proceso electoral.

Además, seguramente también habrá impugnaciones del congreso. Es aquí donde puede haber más litigiosidad.

Institución, resiente ataques desde el Ejecutivo al Judicial

Por otra parte, Otálora Malassis, comentó que estamos viviendo un proceso electoral suigéneris, que daña la democracia. Durante su participación en el foro de análisis “A un mes de la jornada electoral”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 3 de mayo pasado, dijo que una circunstancia que antes no se había vivido es que la autoridad que califica las elecciones revisa su legalidad y constitucionalidad, “es atacada desde el pulpito más alto del país”, como parte del Poder Judicial de la Federación.

El proceso electoral acusa ya alta litigiosidad

Asimismo, expuso que el proceso electoral en marcha se caracteriza por una alta litigiosidad, sobre todo en materia de quejas y denuncias, lo cual ha propiciado que cada sesión pública del TEPJF buena parte de los asuntos son impugnaciones a procesos sancionadores.

En ese sentido, llamó la atención en que el encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Hugo Patlan Matehuala, desecha la mayoría de las quejas, por lo que los actores afectados impugnan la decisión ante el TEPJF, donde al revisarlos, la mayoría de ellos son aprobados y validados por mayoría en la Sala Superior.

Indicó que esa litigiosidad permite imaginar qué es lo que pueda pasar después del 2 de junio en cuanto a impugnaciones, aunque mencionó que si hay una diferencia importante (más de 5%) entre el porcentaje de votos que obtengan el primero y segundo lugar, tal vez bajará el número de recursos que se interpongan.

¿Y si se tiene que hacer recuento?

Otálora Malassis también destacó que, hasta ahora, los recuentos electorales que se han tenido que realizar, se han hecho con el apoyo de jueces y magistrados del poder Judicial federal. En ese sentido preguntó: “¿En el contexto de hoy en día podrá funcionar de la misma manera  el mecanismo de los recuentos?”

A los 32 tribunales electorales estatales les faltan magistrados

La magistrada llamó la atención en que tenemos salas regionales y tribunales locales integrados algunos locales por un solo magistrado y las otras dos Magistratura nombradas a partir de colaboradores de ese tribunal electoral local. Lo mismo sucede en la sala regional.

En los tribunales electorales estatales hacen falta por designar 41 magistrados. En la mayoría les falta uno, salvo Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tabasco dos y Ciudad de México 4. Destacan los casos de la capital del país, donde se renueva la jefatura de gobierno, el Congreso local y las 16 alcaldías y faltan 4 magistrados; Jalisco, donde se renueva la gubernatura el Congreso y las 125 presidencias municipales y faltan dos magistrados y Tabasco donde también se renueva la gubernatura, el Congreso y las 12 presidencias municipales y faltan dos magistrados.

Designaciones pendientes de magistrados en los tribunales electorales estatales

• Aguascalientes 2
• Baja California 1
• Baja California Sur
• Campeche 1
• Chiapas 1
• Chihuahua 1
• Coahuila 1
• Colima 1
• Ciudad de México 4
• Durango 1
• Guanajuato 1
• Guerrero 1
• Hidalgo 1
• Jalisco 1
• Estado de México 1
• Michoacán 1
• Morelos 1
• Nayarit 2
• Nuevo León 1
• Oaxaca 2
• Puebla 1
• Querétaro 2
• Quintana Roo
• SLP 1
• Sinaloa 1
• Sonora 1
• Tabasco 2
• Tamaulipas 1
• Tlaxcala 1
• Veracruz 1
• Yucatán 1
• Zacatecas 1
• Total 41

Fuente: Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral.

diego.badillo@eleconomista.mx