Militares y federales, en busca de desaparecidos en Tamaulipas

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la puesta en marcha del operativo Búsqueda en Vida Tamaulipas, en conjunto con las autoridades estatales, para dar con el paradero de por lo menos 19 personas desaparecidas, que viajaban a bordo de un autobús comercial en el trayecto Tampico-Reynosa, a la altura de la localidad de Palo Blanco.

A través de un comunicado, la Segob aseguró que en el momento en que dio a conocer la noticia de la desaparición, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ejecutó acciones de investigación para encontrar a las personas.

El operativo se llevará a cabo de manera interinstitucional y participarán elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con la declaración del chofer de la unidad, el pasado 7 de marzo los 19 pasajeros desaparecidos que viajaban en el autobús fueron secuestrados por individuos armados.

En la conferencia Paz y Seguridad a 100 Días de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, no descartó la posibilidad de que una red de traficantes de personas se encuentre detrás de este secuestro masivo.

Recomendación a la marina

A casi un año de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dispararan desde un helicóptero contra una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejando un saldo de tres personas muertas y tres heridas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Semar por violaciones a los derechos a la vida y a la seguridad jurídica de las víctimas.

A través de la recomendación 4/2019, la CNDH detalló que los hechos ocurrieron el 25 de marzo del 2018, durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y personal de la Marina, que agredieron a una familia que se trasladaba durante la madrugada a su domicilio.

“Luego de investigar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica. Los disparos realizados se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval, que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar 3,000 proyectiles por minuto”.

Por su parte, la Semar aceptó la recomendación de la CNDH por el ataque y detalló que el 24 de abril del año pasado el jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos se presentó en el hospital en el que se encontraba una de las víctimas para ofrecerle una disculpa privada por los hechos ocurridos.

Además, detalló que para reparar el derecho a un proyecto de vida de las menores sobrevivientes del evento, y una menor más, el 14 de febrero del 2019 se realizó la apertura de tres fideicomisos para sufragar sus gastos educativos hasta que cumplan 23 años de edad.

“Para efectos de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se notificó al Órgano Interno de Control en la Semar sobre los hechos.

“Por lo que respecta a las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, esta institución colabora ampliamente en el desahogo de los requerimientos de dicha autoridad”, dio a conocer en un comunicado la institución.

Finalmente, aseveró que la Marina será respetuosa con los dictámenes emitidos por autoridades encargadas de la defensa de los derechos humanos y promoverá la cooperación para el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, como procurar la conciliación entre personas afectadas y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron durante una administración diferente a la que ahora acepta la recomendación de la CNDH. Fue en el 2018, con Enrique Peña como presidente, y ahora se acepta con Andrés Manuel López Obrador.

Desplazamiento forzado

El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Javier Echarri Cánovas, alertó que el desplazamiento forzado de personas a causa de violencia e inseguridad en el país se ha disparado en los últimos años.

Durante su participación en la mesa de análisis realizada en la Cámara de Diputados “Desplazamiento Interno forzado en México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” este miércoles, el funcionario público detalló que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000 se tenían registros de 71,000 personas que cambiaron de residencia por violencia e inseguridad.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arrojó que entre el año 2005 y el 2013 alrededor de 123,000 personas migraron por la violencia, mientras que en la Encuesta de la Dinámica Demográfica del 2014 se precisó que había 185,000 personas que cambiaron de lugar de residencia por la delincuencia o por sentirse inseguras.

En este tenor, Echarri Cánovas comentó que entre las afectaciones que provoca el desplazamiento forzado están desde la disminución de ingresos, el desempleo y el desarraigo familiar, hasta el abandono de patrimonio, entre otras.

El secretario general de la Conapo afirmó que en próximas fechas la Segob enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley General de Población, en la que se deje expresado de manera explícita el reconocimiento de las autoridades al fenómeno de desplazamiento forzado y con ello se generen líneas de acción para combatirlo.