Si la ONU da pruebas de que continúan desapariciones en México, nos aplicamos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió pruebas al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que tras concluir su visita a México dijo haber constatado que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual impera la impunidad y la revictimización.

Durante su conferencia matutina, que por esta ocasión se realizó en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el primer mandatario sostuvo que durante su gobierno se ha hecho una labor —como nunca— de búsqueda de personas desaparecidas y se evita que continúen sucediendo. Por ello, dijo que si la ONU presenta pruebas de que continúa la desaparición de personas, su gobierno se aplicará.

“Estamos trabajando; se creó un mecanismo para la búsqueda. En este gobierno se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca, y se evita que haya desapariciones forzadas. Si la ONU dice lo contrario, tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos. Ahora no es igual que antes, como veía un régimen corrupto y autoritario predominando, se quedó esa idea de que somos iguales. No. Ya no hay el: mátalos en caliente. No hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad”, sostuvo.

López Obrador reiteró el ofrecimiento de su gobierno para continuar recibiendo a expertos de organismos internacionales para que constate el respeto a los derechos humanos en el país, pues dijo que no se esconde nada. Incluso, expresó que si él hubiera adquirido compromisos con grupos de la delincuencia organizada o empresariales, ahora estarían pidiendo recibir recompensas.

“Estaba el país cerrado. (…) Nosotros abrimos el país porque no tenemos nada que ocular. Pueden venir organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional y supervisar y hacer escrutinio, y nosotros estamos pendientes, porque no hay ningún vínculo de complicidad con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco; por eso cero corrupción, cero impunidad. Si nos hubieran dado dinero de la delincuencia organizada, o los machuchones, los llamados hombres de negocio, no podríamos hacer nada”, dijo.

El presidente López Obrador dijo que pedirá al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que informe sobre este tema.

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, del 8 de febrero del 2019 al 4 octubre de este año ha realizado 2,103 jornadas de búsqueda en 28 estados y 307 municipios del país para tratar de localizar indicios de 94,426 personas no localizadas. Este último número, según Amnistía Internacional, mantiene a México a la cabeza del continente americano en número de personas desaparecidas.

En su reciente visita a México, del 15 al 26 de noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, integrado por 10 expertos independientes, supervisó la aplicación y cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité resaltó la importancia de que México haya aceptado la visita, lo cual constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo internacional.

Algunos de los 10 expertos fueron Juan Pablo Albán Alencastro; Juan José López Ortega; Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa Quintana, quienes presentarán un informe al pleno del Comité durante su 22° Periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022.

En este marco, visitaron 13 entidades de nuestro país: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, donde sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.

El Comité acompañó exhumaciones y jornadas de búsqueda en las entidades federativas de Morelos, Coahuila y Estado de México. También visitaron el Centro de Identificación Humana de Coahuila, y varios centros de privación de libertad federales, estatales y de migrantes, con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención.

Los expertos analizaron los avances legislativos e institucionales producidos en los pasados años, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas.

Reconocieron la adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el establecimiento de las comisiones de búsqueda en el ámbito estatal, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila.

También la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965–1990; la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas dentro del Sistema Nacional de Búsqueda.

No obstante, lo anterior, “lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, imperan la impunidad y la revictimización”, dijo Carmen Rosa Villa Quintana.

Dijo que si bien las autoridades mexicanas informaron de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, “no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se trata solo de las víctimas, pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera”.

Mencionó que durante la visita, “recibimos información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado”.

Indicó que el Comité también observó con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por ese Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación.

En este sentido, dijo, “destacamos que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95,121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia. Al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener actualizado el referido registro permite acercarnos a la real dimensión del problema de las desapariciones en México”.

El Comité enfatizó los casos aún no resueltos de las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo, y dijo tener información de personas que recientemente iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas, y de otras que se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos'', repiten insistentemente las víctimas. La búsqueda en vida es una tarea prioritaria. Existen varios protocolos de actuación, en particular el Protocolo Homologado de Búsqueda. Dicho protocolo es un instrumento modélico, pero su efectividad todavía requiere de su debida implementación. Por ello, quisiéramos resaltar la importancia de aunar todos los esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas que proporciona dicho protocolo, instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”, mencionó Carmen Rosa Villa Quintana.

Finalmente, comentó que para el Comité de la ONU, la lucha en contra de la impunidad en México es impostergable.

“Como todos sabemos, y como ya ha resaltado el Comité en sus observaciones finales y también otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, la impunidad es casi absoluta. Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas. Como una víctima nos expresó: “De fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia su alma nunca descansa”, refirió Villa Quintana.

jorge.monroy@eleconomista.mx