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Uno de cada tres presos, víctimas de la corrupción
En Ciudad de México y el Edomex el flagelo alcanza al 60% de la población penitenciaria, según datos del Inegi.
De 2016 al 2021, el porcentaje de personas privadas de la libertad que sufrieron algún acto de corrupción, durante cualquiera de las etapas del proceso penal, desde la detención hasta el ingreso al centro penitenciario, disminuyó de 39.3 a 36.2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
No obstante, según las cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, las personas que dijeron ser víctimas de algún acto de corrupción, dentro de los centros penales, aumentó, en el mismo lapso, de 10.8 a 17.2 por ciento.
La Ciudad de México y el Estado de México presentaron los niveles más altos de corrupción, con seis de cada 10 personas privadas de la libertad que fueron víctimas, en algún momento de su proceso penal.
En contraste, Aguascalientes, Sinaloa y Campeche tuvieron las menores prevalencias, con 15.8, 15.4 y 14.4% respectivamente.
El 15.3% de las personas privadas de la libertad, en general, mencionó que pagó a los custodios para obtener algún servicio, beneficio o permiso, mientras que el 6.3% pagó a otras personas internas para obtener algún beneficio, se precisó.
Cifras no reflejan la realidad
Elena Azaola, miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, cuestionó las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respecto a la corrupción en prisiones, sugiriendo que no reflejan la realidad del sistema penitenciario en México.
La investigadora destacó que, en su experiencia en diversos centros penitenciarios, los actos de corrupción son cotidianos y afectan a todas las personas privadas de la libertad. Detalló que los cobros indebidos incluyen el pase de lista, servicios médicos, y hasta la recepción de alimentos y medicinas que la institución penitenciaria debería proporcionar gratuitamente.
En cuanto a las razones detrás de la disminución de actos de corrupción, consideró que podría deberse a una presión ejercida sobre personas privadas de la libertad para que no revelen las condiciones a las que están sujetas.
Creo que esos números son incorrectos y pues... (puede que) no sea el Inegi el que mienta de alguna manera, sino que a la gente que está privada de la libertad lo presionan para que no revelen esas condiciones a las que están sujetas”, dijo la especialista.
Javier Olivia Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que este fenómeno está arraigado en la corrupción sistémica tanto en el sistema penal como en el carcelario.
Olivia Posada sugirió que las disparidades en los niveles de corrupción entre entidades como Ciudad de México y el Estado de México, en comparación con Aguascalientes, Sinaloa o Campeche, podrían estar relacionadas con la densidad demográfica de las prisiones y la falta de políticas transparentes y de rendición de cuentas a nivel estatal.
El especialista consideró la necesidad de implementar tecnologías, como inhibidores de señales para teléfonos celulares, para prevenir la realización de actividades delictivas desde dentro de los centros penitenciarios. Se estima que entre el 50 y el 60% de las llamadas de extorsión se originan en estos lugares.
