Ven punto de inflexión en estrategia de seguridad

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la reforma que busca formalizar el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se perfila como un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del país.

Además, señalaron que el futuro de la seguridad pública en México dependerá en gran medida del curso que tome este debate, por lo que hicieron un llamado a los legisladores para que analicen los impactos a largo plazo de otorgar facultades tan amplias a las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional y los colectivos Seguridad Sin Guerra y #LaJusticiaQueQueremos señalaron que la militarización de la seguridad pública no ha logrado pacificar al país; al contrario, ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Según sus datos, la GN es una de las instituciones más señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 1,772 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

“Entre las principales violaciones a los derechos humanos atribuidas a la Guardia Nacional se encuentran: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; prestar indebidamente el servicio público; detenciones arbitrarias; empleo arbitrario de la fuerza pública; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes; trato cruel, inhumano o degradante”, detallaron las ONG.

Retrocesos

Por su parte, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) reiteró su llamado al Congreso de la Unión para que rechace la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la cual, advirtieron, representa un serio retroceso para la democracia y acelera el proceso de militarización del país.

Por otro lado, uno de los principales focos de preocupación de MUCD es la modificación al artículo 129 de la Constitución, el cual actualmente limita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a la disciplina militar.

“Instamos a evaluar cuidadosamente el impacto a largo plazo de estas medidas y considerar alternativas que fortalezcan el mando civil y garanticen la seguridad en un marco de respeto a los derechos humanos”.

arturo.rojas@eleconomista.mx