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La generación de transición debe mantener beneficios pensionarios
Las personas pertenecientes a este grupo se pensionarán con 500 semanas cotizadas y 60 años de edad, se retirarán con entre 60 y 80% de su último salario; la ley de 1997 aumentó el número de semanas a 1,250 y la edad a 65 años.
En caso de que el próximo gobierno realice una reforma en el sistema de pensiones, uno de los aspectos que se deberán respetar son los beneficios que se les asignaron a las personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que se rigen bajo la ley del seguro social de 1973, coincidieron expertos.
A estos trabajadores se les denomina generación de transición, pues, antes de que entrara en vigor la reforma de 1997, ya estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se les dio el derecho de elegir en qué régimen deseaban pensionarse, con la ley de 1973 o con la de 1997, explicó Roberto Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana.
“A estos trabajadores se les dio esa opción, pensando en que las administradoras de fondos para el retiro (afores) darían una mejor pensión y que, por lo tanto, el trabajador terminaría eligiendo la pensión en el régimen de la reforma de 1997”, dijo.
Sin embargo, expuso, la realidad es diferente, porque las afores darán pensiones menores de 30% del último salario del trabajador; mientras que en el régimen anterior las pensiones serán entre 60% y hasta 80% del último salario, lo que significa que optarán por una pensión bajo el régimen de la ley de 1973.
Esta decisión representa una presión para las finanzas públicas del país, ya que dichas pensiones se financian con los impuestos que pagan los contribuyentes y cada año irán creciendo, con lo que se tendrán menores recursos para inversión, educación y salud, alertó López.
“Será hasta el 2040 o el 2050 cuando se dejen de pagar las pensiones de esta generación, porque hay que considerar que la esperanza de vida creció y, una vez que se jubilen (a los 60 años), se les dará una pensión, por lo menos, durante 20 años”, expuso.
El sistema perdería credibilidad
Federico Rubli, miembro del comité de seguridad social del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas, comentó que si bien habrá diferencias entre una persona que empezó a cotizar el 30 de junio de 1997 con la que comenzó a cotizar el 1 de julio del mismo año, se debe respetar la ley, pues de lo contrario se minará la credibilidad del sistema de pensiones.
“Se debe respetar la ley; es un compromiso que en su momento tomó el sector público y que se debe afrontar con toda responsabilidad (...) desafortunadamente, esta cuestión es un error de diseño de la reforma de 1997 y se quedó ahí. Parece que no midieron que se iba a enfrentar un problema serio, por eso lo que se busca ahora es mejorar la pensión de los que están en las afores”, explicó.
Indicó que, a pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos llegó a plantear reducir los beneficios de esta generación para disminuir el costo fiscal que representan, se desechó. “Estuvimos en contra, porque es un compromiso que se debe afrontar, aunque cada año represente un costo de 3.5% del Producto Interno Bruto”.
Debate se ha polarizado
Para pensionarse, la generación de transición sólo debe cotizar 500 semanas y no las 1,250 necesarias bajo el régimen de 1997; además, se pueden jubilar a la edad de 60 años y no a los 65 como se establece en la ley del régimen de 1997.
Gustavo Leal Fernández, experto en pensiones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que dichos beneficios deben respetarse y que el debate de las pensiones ya no debe polarizarse.
“Debemos dar un paso adelante en el debate de pensiones y dejar de discutir los daños que dejaron las reformas de 1997 y del 2007 (...) se debe crear una comisión de expertos que ayude a mejorar el sistema de pensiones”, dijo.
Detalló que este grupo, en máximo seis meses, debe dar conclusiones y soluciones de corto plazo. Coincidió con la propuesta de crear un instituto nacional de pensiones, que debe ser autónomo y al cual tanto el poder Ejecutivo y Legislativo tomen de referencia ante cualquier decisión en materia de pensiones.
“Estos expertos deben poner orden en el debate de las pensiones, porque lo que se ha planteado por diversas instituciones más que ayudar sólo ha polarizado el debate”, afirmó el académico de la UAM.
En este sentido, el actuario Carlos Lozano, quien también es director general de la firma Nathal Actuarios y Consultores, coincidió en que el debate de pensiones ya no debe centrarse en una comparación de si el sistema anterior era mejor o peor que el que se tiene en la actualidad.
“La generación de transición está constituida por un grupo cerrado en el que ya nadie más va a entrar, quedan casi 6 millones de personas con este régimen y va a desaparecer por completo en 80 o 90 años. El problema es que los costos que absorbió el gobierno cada vez son mayores”, explicó.
Para Lozano, se debe mantener el sistema actual, pero reforzándolo a través del apoyo de la iniciativa privada con planes privados complementarios e incentivando el ahorro voluntario.
