Ley Ficrea, “golpe bajo para el campo”

La iniciativa de una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular (también conocida como Ley Ficrea) que propone eliminar la figura de sociedades financieras comunitarias y cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) de nivel básico es un atentado contra el campo, ya que estas entidades son en muchos casos las únicas opciones de servicios financieros a las que pueden acceder las personas dedicadas a esta actividad económica, expresaron organismos representantes de estos intermediarios.

En conferencia de prensa, alertaron sobre las consecuencias para el campo en caso de que esta Ley Ficrea se apruebe en el Poder Legislativo.

Isabel Cruz Hernández, directora general de las Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss), expresó que desde el 2001, cuando el sector de ahorro y crédito popular comenzó a ser regulado, se han llevado a cabo 11 reformas estructurales para éste, en las cuales siempre fueron consultados todos los actores para mejorar su marco jurídico.

Cruz Hernández denunció que en la estructura de esta nueva reforma, que surgió para dar solución a los defraudados de Ficrea y prevenir nuevos desfalcos en financieras populares, los organismos representativos de estas entidades nunca fueron consultados, por lo que es una iniciativa unilateral que perjudica a las cerca de 400,000 personas que atienden las 396 socaps básicas junto con las 25 sofincos que operan en el país (una autorizada y 24 de nivel básico).

Hace un año se expidió la reforma financiera que modificó 36 leyes para fortalecer el marco regulatorio y esta nueva iniciativa perjudica al conjunto del sector de ahorro y crédito popular. No es posible que en medio de la crisis económica la inclusión financiera sea coartada por una ley de corte político , dijo la directora de Amucss.

Además, expresaron que pese a que la iniciativa de ley contempla que las sofincos puedan convertirse en sofipos, sería prácticamente imposible para la mayoría de éstas porque el fin social es distinto: las financieras populares buscan rentabilidad y las financieras comunitarias prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Esta solución afecta al sector rural, que es donde se concentra la mayor exclusión financiera del país: de los 4.5 millones de productores del campo, no más de 6% tiene acceso al crédito. De todas las personas que tienen acceso a crédito productivo en el campo, 46% lo tiene gracias a la existencia de socaps y sofincos básicas... Toda la banca de desarrollo alcanza a 14% de los productores y la banca comercial a menos de 9 por ciento .

La directiva de Amucss detalló que la mayoría de las sofincos atiende a comunidades indígenas y rurales de estados como Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Michoacán y Querétaro. Son pequeñas instituciones que trabajan en la base de la pirámide... En el caso de acceso al ahorro y crédito popular, éste es un apoyo para que las comunidades indígenas salgan de la pobreza. Con la Ley Ficrea se da un golpe bajo para el campo, cuando se ha estado anunciado una reforma para éste que aumente el acceso al crédito .

El representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, Jorge Castillo, detalló que 90% de las 393 socaps de nivel básico trabaja en comunidades rurales, por lo que son un apoyo fundamental para el desarrollo de éstas por medio de prestación de servicios financieros.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx