Uso de software legal, cuestión de educación: BSA

Si bien las medidas jurídicas son necesarias para combatir el uso de copias ilegales de software en el país, la concientización de la sociedad y de las empresas sobre la importancia de consumir desarrollos del mercado legal es aún más relevante que las acciones punitivas en la lucha contra la también llamada piratería de programas informáticos, reconoció la Business Software Alliance (BSA).

Desde una mayor seguridad en el manejo de datos sensibles y confidenciales en las organizaciones, hasta la generación de más riqueza, innovación tecnológica y empleos son algunos beneficios que produce el empleo de versiones legal de programas de software, observan Jodie L. Kelley, consejera general y vicepresidenta de Antipiratería de la BSA, y Kiyoshi Tsuru, director de la BSA en México.

De visita a México, Kelley comparte con algunos miembros de la prensa algunos datos: por cada dólar consumido en el mercado legal de software se generan tres dólares de riqueza para las economías locales. Esto representa una oportunidad para países como México, donde cerca del 60% del software consumido son copias ilegales de los programas informáticos.

Una de las acciones de la BSA para impulsar el uso de software legal es la certificación CSS (O), que además de auditar el uso de copias licenciadas en las empresas y organizaciones gubernamentales, también garantiza una gestión de activos de software adecuada con las mejores prácticas estandarizadas para la administración de este tipo de recursos.

Esto implica que dentro de las organizaciones existen procesos para garantizar la eficiencia en las compras de software, que las copias estén vigentes y con propiedad certificada, que tienen procesos para garantizar el buen manejo de información confidencial y datos privados, y que no exista duplicidad en la compra de licencias para evitar inversiones innecesarias.

A nivel mundial, la Secretaría de Economía, junto con sus dependencias Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Proméxico, es la primera institución gubernamental que obtiene esta certificación. En el sector privado, una empresa de India ha logrado certificar sus procesos de gestión de software.

Kelley entregó el martes al titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, la certificación de sus procesos de gestión de software. La representante de la BSA explicó que esta certificación busca garantizar el aprovechamiento al máximo de los recursos de Tecnologías de la Información en gobierno e industria y tiene una validez por dos años.

La generación de esta conciencia y entendimiento sobre el consumo de programas de cómputo legales es el principal reto en el país para que el mercado formal gane terreno frente al informal, aseguró Kiyoshi Tsuru, de BSA México.

ACUERDOS ECONÓMICOS, CON PROTECCIÓN A PROPIEDAD INTELECTUAL

Sin hacer referencia directa a tratados como el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su sigla en inglés) o el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), Tsuru se manifestó a favor de que los tratados económicos internacionales necesiten incluir cláusulas que garanticen la protección de propiedad intelectual.

Asegura que el consumo de software en el mercado informal inhibe el desarrollo de proyectos e innovaciones tecnológicas, frena la creación de empleo y el crecimiento económico.

Tratados como ACTA o el TPP han sido criticados por la falta de transparencia con que México y sus pares los han negociado, y las cláusulas de protección de la propiedad intelectual e industrial implican riesgos para la libertad de expresión al violar la privacidad de los internautas en el ciberespacio, de acuerdo con expertos y miembros de la sociedad civil.

Tsuru adelantó que en diciembre, la BSA se integrará al análisis del TPP, un tratado de libre comercio negociado por Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Hasta el momento, la Asociación desconoce el contenido de este acuerdo comercial y las cláusulas referentes a la propiedad intelectual y medidas legales para evitar la piratería de obras y productos protegidos.

julio.sanchez@eleconomista.mx

apr