El laberinto del PRI

Cuando un partido político abandera a la democracia como causa, no puede pregonar con incongruencia al tener una vida interna plagada de autoritarismo y unilateralidad. Si algo ha dividido a los institutos políticos y subrayadamente al Partido Revolucionario Institucional, precisamente ha sido la falta de canales de diálogo para procesar el desacuerdo. Lo anterior, lleva a la absurda petición cupular para aprobar y acatar sin remilgo cualquier acuerdo o decisión, aunque la misma lleve a afectar, incomodar o dividir a las bases de militancia.

En un reciente episodio, la decisión del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, cobijado por un círculo que, aunque muy breve, se ha vuelto sólidamente incondicional, nos trajo un nuevo desencuentro en un PRI que cada día se pierde en nuevos laberintos. El intento por ampliar un mandato con fundamento en la ilegalidad, terminó por no sostenerse y por pintar con lustrosos colores las reales intenciones de su dirigencia.

Es de aplaudirse que el Instituto Nacional Electoral haya considerado que el Consejo Político Nacional no puede modificar de fondo los estatutos sin que exista una Asamblea Nacional de por medio. Es decir, el órgano máximo de dirección con carácter deliberativo, es la Asamblea y por ella tendría que pasar cualquier enmienda a los documentos básicos. Sin embargo, en medio de varias argucias, se pretendió sorprender a los priistas mediante una decisión tomada en el núcleo de un órgano de dirección en el cual solo se compone por incondicionales a la causa del presidente Alejandro Moreno.

Aún cuando se aproxima un litigio, la corrección viene a hacer relucir un punto que ha sido también bandera de aquellos que no comulgan con el actual dirigente partidista; el PRI vive una época de cerrazón y entreguismo que pacta la supervivencia muy de pocos y margina cualquier opinión adversa al interés de la cima dirigente.

Pero hay un punto que se torna sumamente interesante en la argumentación del INE ante el presente caso; la “inminencia” de la reforma política que era el sustento en parte para justificar la prolongación del mandato, según lo esgrimido por el PRI. En un sistema jurídico no puede existir lo inminente para efectos plenos de legalidad, es decir, aquello que ocasiona consecuencias de derecho, solamente puede ser aquello que está plenamente realizado, concretado o llevado a cabo a totalidad. Si el Partido Revolucionario Institucional avizoraba la “inminente” puesta en vigor de una reforma política que, al menos en la apariencia, ellos mismos combatían, estarían rindiendo su resistencia con una antelación inusitada que incita a la sospecha. ¿Qué no afirmaban con sonoras voces que dicha reforma nunca pasaría?.

Pero el gran entuerto priista seguramente seguirá dando de qué hablar. Hoy por hoy, no se vislumbran contrapesos al poder, sino servilismo y obediencia interna en un partido que perdió la brújula por la ambición desmedida de aquellos que se auto nombraron sus dueños.

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