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Opinión

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La apuesta riesgosa de Alito

En política nunca se puede descartar lo improbable. Se trata de un juego en el que los escenarios extremos suelen materializarse con mayor frecuencia que en otras disciplinas. Por ello, al igual que los porteros, un político sin suerte no es político. Una de las habilidades más importantes del oficio consiste en saber leer oportunidades conforme se presentan.

Pero la ambición es traicionera. Te puede llevar a ver oportunidades donde en realidad hay trampas. En vez de incrementar tu prestigio y capacidad de incidir sobre ciertos resultados, puedes terminar aislado, con tu reputación destruida. Aún es temprano para decirlo, pues el desenlace final se desconoce, pero todo parece indicar que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, también conocido como Alito, cayó en una trampa política de su propia manufactura.

La iniciativa del presidente López Obrador para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa –aprobada en fast track por la mayoría oficialista en el Congreso hace unos días– dejó a las Fuerzas Armadas en un estado de vulnerabilidad jurídica. La Constitución define a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública “de carácter civil”. Además, determina que dicho cuerpo deberá quedar adscrito a la secretaría del ramo de seguridad pública. Con tales candados, parece difícil que las reformas legales para que la Guardia Nacional siga integrada y sujeta al mando de militares en activo pasen la prueba de constitucionalidad.

Alito vio entonces una oportunidad que le permitiría quedar bien con el Ejército –un antiguo aliado del PRI– y con el presidente López Obrador. Así se podría quitar el asedio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su fiscal, Renato Sales. Además, serviría para aplacar a los rudos de la 4T, que buscaban destituirlo de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

El plan que se les ocurrió consistía en proponer una reforma al artículo quintó transitorio del decreto de reforma constitucional por el que se creó la Guardia Nacional, con el fin de extender de cinco a nueve años el periodo de transición en el que las Fuerzas Armadas podrán seguir realizando tareas de seguridad pública. El Ejército y el presidente López Obrador compraron la idea de inmediato.

Sin embargo, hay dos cosas en las que Alito parece haber calculado mal. En primer lugar, subestimó la reacción de las dirigencias del PAN y PRD, sus socios de la alianza “Va por México”. Trató de convencerlos que su iniciativa no violaba la moratoria de reformas constitucionales pactada en el mes de junio. Argumentó que modificaba un plazo establecido en un artículo transitorio, no el cuerpo mismo del texto constitucional. Se le olvidó que, en términos jurídicos, no existe diferencia alguna.

Las dirigencias nacionales de PAN y PRD reprobaron de forma contundente la actuación de Alito. Declararon que la coalición legislativa y electoral con el PRI quedaba suspendida. Aunque siguen buscando la forma de mantener la alianza opositora en las elecciones del Estado de México y Coahuila, la relación con la dirigencia nacional del PRI está rota.

El segundo error de cálculo tiene que ver con la bancada del PRI en el Senado. Alito controla a los diputados, pero no a los senadores de su partido. En la Cámara Alta, al PRI lo coordina, el Sen. Osorio Chong, un adversario declarado de Alito, quien abiertamente ha pedido su renuncia.

La iniciativa militar necesita al menos 11 de los 13 votos del PRI en el Senado. Después de que toda la bancada se pronunció en contra, se ve difícil que consiga que cambien su posición. Alito apuesta a que el gobierno puede doblarlos.

Pero el fracaso en la Cámara Alta no será una derrota del presidente López Obrador, sino de Alito. Dejaría a su partido dividido y él mismo quedaría aislado. Sus días como interlocutor creíble con el gobierno y la oposición habrían terminado, un año antes de que concluya su mandato como dirigente nacional del PRI. 

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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