Provocadores

El desprecio por la ley por parte del gobierno de la 4T es una actitud manifiesta que viene desde el presidente de la República, quien considera que la justicia es un valor superior a la norma legal establecida, y por lo tanto únicamente aquello que el primer mandatario considere justo es lo que debe prevalecer. Las leyes entonces deben subordinarse a la discrecionalidad del monarca quien determina qué se mantiene y qué se suprime del código jurídico en función de su manera de concebir la justicia.

De esta manera se han modificado leyes reglamentarias que contradicen flagrantemente la Constitución y que ponen a la Suprema Corte en la disyuntiva de apegarse al Estado de derecho y rechazarlas, o someterse al mandato del caudillo y darles una validez vergonzosa en términos de su correspondencia constitucional. Así es como se encuentra el debate en el ámbito de la legislación sobre energía eléctrica y la que recientemente fue aprobada en el terreno electoral.

Es por ello que existe ahora esta campaña de auto convencimiento por parte de Morena y adherentes que pretende descalificar el conocimiento y sustituirlo por la palabra emitida por la autoridad. “Yo tengo abogados que me lo dijeron”, o “el presidente ya lo dijo”. La voz autorizada suplanta al argumento. El artículo 134 de la Carta Magna que explícitamente prohíbe a funcionarios públicos utilizar estos recursos para promoción electoral, es fácilmente desechado por la diputada Patricia Armendáriz porque tiene el poder y como subordinada del presidente establece su propio código de justicia sin que la ley se lo pueda impedir.

Como el gobierno federal carece de la mayoría calificada para llevar a cabo reformas de fondo, entonces impulsa la aprobación de leyes reglamentarias que contradicen el texto constitucional, pero procede a construir una narrativa que desaparece la contradicción y la sustituye por una concordancia total, eliminando así lo dispuesto por la Carta Magna y validando una disposición que carece de sustento jurídico. Una aberración propia de un régimen autoritario.

En esa misma línea se ubica el argumento de Claudia Sheinbaum con respecto a esos espectaculares comprados con dinero de diputados de Morena. “Hay otros que también hacen lo mismo,de todos los partidos”, en un intento por relativizar la violación a la ley, que en su caso se ha convertido en una conducta reiterada que representa una abierta provocación a la autoridad electoral y de paso al resto de sus compañeros de partido carentes de los recursos públicos con los que ella cuenta.

De eso se trata, de una estrategia de provocación permanente para desacreditar instituciones establecidas y liderazgos legítimos. Ni más, ni menos.

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