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La agenda pendiente en políticas LGBTQ+
Procedimientos de seguimiento y sanción ante violaciones a los derechos y, como punto de partida, reforzar los estudios estadísticos sobre la situación de la población en diversidad sexual y de género, son algunas de las líneas que es necesario trabajar de cara al cambio de gobierno, señala la activista y psicóloga social Gloria Careaga.
La fecha conmemorativa por la que este sábado se realizó la marcha del orgullo LGBT+, en vísperas del próximo cambio de gobierno federal, es un marcador ideal para analizar la agenda política sobre el avance, pero sobre todo los pendientes en la garantía de los derechos de esta población.
Por esta razón, El Economista conversa con Gloria Careaga, maestra en Psicología Social, catedrática de la UNAM y directora de la Fundación Arcoíris, quien se enuncia como lesbiana feminista defensora de Derechos Humanos.
“El problema que tenemos enfrente es que hasta hoy ningún gobierno nos ha incluido de manera clara en su plan nacional de desarrollo”, señala de inicio la entrevistada. “Es decir, si bien aparecemos en el listado de grupos que sufren discriminación y a los que supuestamente no habría que discriminar, no hay un interés específico en conocer cuál es la situación en que viven las personas LGBTQ+”.
El punto base, explica, es que hay un rezago estadístico sobre la situación social de la población LGBTQ+ en México, lo cual vulnera la posibilidad de impulsar políticas públicas dada la carencia de sustento demográfico, económico y social.
Careaga explica que, en 2019, el Inegi anunció el lanzamiento de una encuesta piloto sobre el tema. En ésta se consultó a un universo de 4,000 personas que sirvió como punto referencial para establecer un universo representativo, la logística del levantamiento y el mejoramiento del cuestionario sobre identidad sexual y orientación de género, de cara a la posterior creación de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (Endiseg) 2021, cuyos resultados se dieron a conocer en junio de 2022. Sin embargo, no ha habido nuevas versiones de dicho estudio.
“Hoy en día, el Inegi presume que ya investigó sobre población LGBTQ+, pero solamente nos tomó la foto, cuando realmente no está incorporando la orientación sexual y la identidad de género en todas las encuestas que realiza, que se supone que fuera la función final que tenía el proyecto”.
Y si bien organizaciones como Fundación Arcoíris presentan algunos estudios sobre la situación de la población en temas de género y diversidad sexual, la entrevistada comenta que ninguna de ellas tendrá el alcance operativo que sí tienen organismos del Estado o el propio Inegi.
Añade que instituciones como el Conapred tenía una encuesta anual sobre discriminación y las acciones que se iban desarrollando para mermarla, “pero eso se acabó en 2018. Es preocupante que se frenen estos procesos en los que íbamos avanzando, que eran el mínimo, pero eran importantes para el cambio de cultura. El problema del Conapred es que lo dejaron chimuelo, de ser una institución autónoma, con todas las facultades, lo redujeron a su mínima expresión”, señala.
Avances insuficientes
Carega reconoce avances. “Hemos logrado, a través del tiempo, algunas reformas legales importantes, pero eso es resultado de nuestra gestión. La más reciente sucedió en abril pasado, cuando, después muchos años de lucha, el Poder Legislativo finalmente aprobó sancionar las llamadas “terapias de conversión” en el país. La puesta en vigor de dichas reformas se hizo efectiva el pasado 8 de junio.
Sin embargo, plantea la activista, “nos gustaría saber cuáles son las acciones que el gobierno va a desarrollar para identificar los centros en los que se realiza la ‘terapia de conversión’, cuáles son los transitorios que garantizan su aplicación, porque, además, la implementación de las leyes de prohibición está sucediendo en varios de los estados, pero no existe alguien que esté haciendo el análisis sobre si esas leyes se parecen o son distintas ni cómo se van a instrumentar”.
Adicionalmente, Careaga señala que en particular a la Fundación Arcoíris le preocupa la situación de asesinatos y desapariciones de las personas LGBTQ+, “que sigue sin un registro adecuado. Nosotros somos quienes tenemos que estar llevando las estadísticas. Para nosotros, contabilizar la pérdida de vidas que tenemos cada mes, cada año, es muy importante, porque nos permite la exigencia hacia el gobierno para que eso ya se acabe”.
¿Quién es Gloria Careaga?
Nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1947, es licenciada en Psicología por el ITESO y maestra en Psicología Social por la UNAM, así como catedrática en esta última universidad. Es cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y también fundadora y directora de la Fundación Arcoíris, encargada de estudiar y e investigar temas de diversidad sexual y género. En 2018 fue elegida como integrante suplente del Consejo Asesor de ONU-Mujeres de América Latina. De 2008 a 2014 fue co-secretaria general de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA). Es autora de libros y coordinadora de antologías sobre temas de género, políticas públicas y lucha social.
En concreto, los puntos primordiales de la comunidad:
- Más información estadística y seguimiento periódico de la situación económica, laboral, de salud y respeto de los derechos de la población LGBTQ+.
- Revisión de las legislaciones sobre el tema para que sean aplicables.
- Criterios más claros para el acceso a seguridad social y vivienda.
- Dotar de facultades a las instituciones para dar seguimiento y sancionar la violación de los derechos de la población LGBTQ+.
- En particular, dar seguimiento y sanción a partir de las reformas para prohibir las terapias de conversión.
- Compromiso de todas las fracciones políticas para la continuidad transexenal de las políticas públicas.