Diputados tendrán que "descongelar" reformas para cumplir con el Convenio 190

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nos dice que cada hora 12 personas renuncian a su trabajo por acoso y violencia”, cita la senadora Patricia Mercado Castro (Movimiento Ciudadano). Es momento de sacar de la congeladora de San Lázaro las reformas que el Senado aprobó para cambiar esa situación, dice.

La primera semana de julio entró en vigor en México el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral. El próximo año, el país tendrá que rendir un informe sobre la implementación de las medidas que establece dicho pacto.

“Esperemos que, ahora que entró en vigor el Convenio 190, en la Cámara de Diputados retomen la minuta que mandó el Senado desde 2021”, expresa la también secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado.

Patricia Mercado participó en la construcción y adopción del C190 en junio de 2019 en Ginebra, Suiza, y en su ratificación en el Senado mexicano en abril de 2022. Los derechos humanos de las mujeres y las poblaciones históricamente discriminadas, así como los derechos laborales han sido ejes de su larga trayectoria política y social.

La ex secretaria del Trabajo y de Gobierno de la Ciudad de México sabe bien de la importancia de este convenio para nuestro país. “En México tenemos un gran problema de violencia y acoso en el trabajo, sobre todo contra las mujeres”, dice en entrevista. De manera presencial o en línea, “tenemos ambientes muy tóxicos, donde la gente truena”.

El C190 le permitirá al país entrar a una nueva etapa del mundo del trabajo en el que los derechos laborales para un entorno libre de violencia serán respetados sin importar la condición de formalidad o informalidad o la posición que se tenga dentro del mercado laboral.

“Los países (donde esté en vigor el convenio) tendrán que reformar su legislación y mejorar su capacidad de protección de derechos”, apunta.

Las leyes que deben ser reformadas

El Convenio 190 de la OIT define la violencia y acoso en el mundo del trabajo y esa conceptualización será la base para su comprensión a nivel social, político y, por supuesto, legal.

Los comportamientos y prácticas inaceptables, o las amenazas de éstos, que causen o pudieran causar daño físico, psicológico, sexual o económico, es violencia y acoso laboral. Puede ocurrir una sola vez o de manera repetida.

El instrumento internacional reconoce también estas conductas por razón de género, las cuales afectan “de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.

El artículo 4 del C190 establece que todo miembro deberá adoptar en su legislación “un enfoque inclusivo” para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En tanto, el artículo 6 ordena que los países deberán tener políticas garantes del “derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación” y esto tiene que estar en la legislación.

El Senado de la República se adelantó a la ratificación del Convenio y en marzo de 2022 aprobó un paquete de reformas a cinco leyes para erradicar la violencia y el acoso laboral que contempla los siguientes marcos normativos:

• Ley Federal del Trabajo (LFT)
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional
• Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
• Código Penal Federal
• Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Las modificaciones buscan, entre varios puntos, definir la violencia laboral, así como sus características, acorde con lo que establece el C190. Además, define que ésta puede materializarse a través de cinco vías: económica, física, patrimonial, psicológica y sexual.

Contempla además la reparación integral del daño para el mundo laboral y se establece que en casos de discriminación y violencia, las víctimas tienen derecho a ella.

También incluye nuevas obligaciones para las personas empleadoras, como realizar una evaluación anual sobre la violencia laboral, un reporte respecto de las quejas recibidas, así como la implementación de protocolos en la materia.

Y yo por qué, dicen las empresas

A pesar de los espacios de diálogo impulsados por el Senado y de la información pública disponible, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que señala que millones de mujeres en México han vivido violencia en el trabajo, muchas empresas se niegan a asumir responsabilidad en esta realidad.

Y si tienen reticencia a hacer algo en el centro laboral, lo que plantea el Convenio 190 de la OIT rompe por completo estas dinámicas. El instrumento reconoce incluso la violencia en los traslados “y ésa es una de las mayores exigencias de las mujeres en nuestro país, sobre todo en las zonas metropolitanas, donde vive el 63% de la población, o sea la mayoría”, dice la senadora Patricia Mercado.

Muchas mujeres, principalmente quienes viven en las periferias de la ciudad, sufren diferentes tipos de violencia en el transporte público rumbo al trabajo o de regreso. Pero para las empresas este tema es sólo de seguridad pública y sostienen que no les compete.

Otro punto que rechaza la iniciativa privada es su responsabilidad en el cuidado de las trabajadoras víctimas de violencia doméstica. “Preguntan qué tienen que ver con ese tema y es por una cuestión muy sencilla: si el Estado resuelve que una mujer debe ir a un refugio, no debería perder su trabajo por ese motivo. Ahí es donde entra la empresa”, explica la legisladora. 

Hace más de un año que, de manera unánime, el Senado aprobó el paquete de reformas que incluye estas medidas, las cuales cambiarían, mejorarían la vida de las mujeres y también de otras personas que estén en situaciones de vulnerabilidad en el trabajo. La minuta “se fue a la Cámara de Diputados y Diputadas y allá está atorada, no se ha discutido”, lamenta Patricia Mercado. Pero es el momento de hacerlo, agrega.