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En marcha, la operación Rafael Márquez
Ninguna acusación ni proceso de investigación evitó que el capitán de la Selección Mexicana juegue en Rusia su quinto Mundial de Futbol. ¿Las marcas? ausentes, ¿la Federación? siguiendo las reglas para llevarlo.
En el primer entrenamiento de la Selección Mexicana en la concentración final para el Mundial de Rusia 2018, Rafael apareció con una playera negra sin patrocinadores. Cuando él y sus compañeros formaban una línea para comenzar con los ejercicios de calentamiento, resultó más evidente que el futbolista con 142 partidos a cuestas con el Tricolor, no tenía el mismo diseño de playera que el resto de los jugadores.
La inclusión de Rafael Márquez en la lista de 28 futbolistas para el Mundial de Rusia 2018 implicó para la Federación Mexicana (FMF) consultar a abogados penalistas, patrocinadores de la Selección y el cuerpo legal del organismo para que pudiera ser considerado, y así cumplir con su quinto mundial.
La incorporación de Márquez también supuso un cambio en la logística para el equipo nacional, desde los viajes para no hacer escala en Estados Unidos, la forma en la que se le otorgarán los viáticos para las concentraciones y, por supuesto, el uniforme de entrenamiento.
“Hemos consultado a diferentes expertos y decidimos tomar acciones que a nuestro entender no perjudicarían ni incurrirían en actos que puedan dañar a Rafael Márquez ni a la federación”, explicaba el secretario general de la FMF, Guillermo Cantú, a un grupo de reporteros sobre la situación del capitán mexicano.
El 9 de agosto del 2017, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluyó a Rafael Márquez como parte de una red de prestanombres al servicio de Raúl Flores Hernández, operador financiero de un cártel del narcotráfico; desde entonces, se inició una investigación sobre el futbolista que provocó el retiro de la visa de Estados Unidos, congelamientos de cuentas bancarias y la cancelación de acuerdos de patrocinio.
“Rafael puede jugar y que le paguen, siempre y cuando le paguen en pesos mexicanos y que sea una empresa mexicana”, explicó José Luis Nassar, abogado del futbolista dos meses después de que comenzó la investigación en su contra, y cuando sus activos financieros también ya eran investigados por autoridades mexicanas.
Según el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a la persona que “adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”, señala el código.
“Todo parece como medidas cautelares”, indica Francisco San José, catedrático en marketing deportivo por la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac, sobre las acciones que impiden a Márquez portar a los patrocinadores de la Selección, acudir a actos publicitarios y recibir depósitos de la FMF, aún sin que se dicte sentencia sobre las investigaciones al futbolista.
El defensa central no acudirá al partido de preparación del próximo lunes ante Gales en Los Ángeles, debido a que le fue retirada la visa estadounidense. Guillermo Cantú indicó que para viajar a Dinamarca para el último juego amistoso no tendrán escala aérea en Estados Unidos, debido a que el capitán mexicano no podría ir con el equipo.
Los patrocinadores de Rafael Márquez fueron los primeros que terminaron su vínculo con el futbolista.
“Si nos remitimos a situaciones similares, incluso de la justicia deportiva, las marcas son muy sensibles y los escándalos no tardan mucho y se desligan inmediatamente. Las marcas siguen una postura radical definitiva de aislarse y romper todo vínculo con el deportista”, señala Francisco San José.
Mientras se deslinda Márquez de las acusaciones, las marcas, la federación y el mismo futbolista realizan una operación de “doble protección”, indica Francisco San José, para que los patrocinadores, en caso de comprobarse, no se sientan aludidos en un acto ilícito, para que el defensa no pueda ser demandado por las empresas, y la federación tampoco esté involucrada en el proceso.