SFP confirma irregularidades de Conade

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, detalló que, derivado de las seis observaciones pendientes de solventar por parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), se acreditó un daño patrimonial por cerca de 51 millones 593,905 pesos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sandoval dijo que por el momento procesal de las indagatorias, la Secretaría no puede aún precisar si presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, pues está analizando la información que presentó la Conade para tratar de solventar las observaciones pendientes resultantes de la auditoría. Recordó que en el caso en concreto de la Conade se realizó un total de siete auditorías, de las que se desprendieron 22 observaciones de las cuales solamente seis quedan pendientes.

Detalló que, entre las irregularidades localizadas en la Conade como parte de un primer informe de fiscalización de la Función Pública, se confirmó la presentación de facturas falsas para acreditar pagos a terceros en la contratación de viajes de deportistas, que triplicaron los costos con un daño patrimonial de 31 millones de pesos en el manejo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Además, se identificó que ocho de los 12 miembros de la Comisión Deportiva no cumplían con los requisitos establecidos por la propia normatividad de la Conade, siendo “una de las observaciones más urgentes a solventar”.

Por lo anterior, la Conade tomó medidas y separó de su cargo a los ocho miembros que no cumplían con ese perfil tan específico que se necesita para estar en el comité.

“Hoy ya hay una comisión nueva que cumple a cabalidad con lo señalado por ley y, sin embargo, el hecho de que lo señalamos y que por supuesto hubo esta corrección no exime a los funcionarios públicos que permitieron esta acción, es decir, de que participaran de inicio personajes, personas que no cumplían con el perfil”.

También fueron identificados 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso, “más grave aún, no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y por supuesto experiencia concreta de alto rendimiento”, explicó la funcionaria federal.

A raíz de las auditorías se realizó una observación que estima un posible daño patrimonial por 6 millones 389,905 pesos. “Y en ese caso concreto, la Conade lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones”.

Otra de las observaciones tiene que ver con cuatro entrenadores beneficiarios y siete prestadores de servicios profesionales que hicieron un uso indebido de instalaciones, de infraestructura, que era exclusiva para deportistas de alto rendimiento, lo que generó un posible daño patrimonial de más de 133,000 pesos.

Por otra parte, la SFP observó irregularidades diversas en tres ámbitos: el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales, por ejemplo, en el caso de algunos viajes que se contrataron por intermediarios, lo que elevó el precio para asistir a las competencias nacionales, algunas veces internacionales; mientras que para justificar los elevados gastos, que en algunos casos hasta triplicaban, muchas veces se presentaron facturas falsas. En este caso, el posible daño patrimonial es de casi 31 millones de pesos.

La SFP también señaló observaciones en el tema de las federaciones, pues dijo que hay irregularidades por casi 14 millones de pesos. Finalmente, explicó que hay una sexta observación que tiene que ver con pagos indebidos a entrenadores por más de 71,000 pesos en “contraprestaciones o lo que podrían ser honorarios concretos para entrenadores”.

“Fueron asignados o pagados de forma indebida y también la Conade tácitamente, abiertamente, acepta que fueron pagos indebidos, porque ya han sido reintegrados en su totalidad; pero, una vez más, eso no quita, que se observaron en nuestra auditoría, que por lo tanto merezcan una valoración para la asignación de la responsabilidad”, enfatizó.

maritza.perez@eleconomista.mx