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Argentina apela fallo de Griesa
En su alegato, Argentina expresa que si el juez federal de NY hubiera respetado los intereses de los acreedores que entraron al canje de deuda en 2010, la propuesta pudo haber sido discutida.
El gobierno argentino apeló la noche del lunes el fallo del juez Thomas Griesa que le imponía cumplir el próximo 15 de diciembre un pago de 1,330 millones de dólares al fondo NML. Pero el escrito elevado por los abogados contiene una novedad: por primera vez la Argentina planteó judicialmente que si la fórmula presentada por el magistrado de Nueva York hubiera respetado los intereses de quienes entraron al canje de deuda de 2010, podría haber sido una propuesta consistente con la legislación argentina y ser debatida en el Congreso.
La presentación hizo eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regia el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo .
Según comunicó anoche el Ministerio de Economía, la solicitud a la Cámara es el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar , trámite que en los hechos se encuentra en curso a partir de la solicitud de revisión al plenario de la Cámara que hizo la Argentina.
Los argumentos expuestos por los representantes legales de la Argentina se basan en la inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038 .
En este sentido, el escrito sostiene que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir .
Por otra parte, el documento denuncia el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa. También hace hincapié en el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por el Congreso con el consenso de la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria .
Finalmente, la posición argentina resalta que la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana.
LA ORDEN PARA EL 15-D
Griesa había ordenado que el Bank of New York (el fiduciario que debe transferir el dinero a los agentes de clearing) y los agentes de clearing de todo el mundo deberán retener el pago a los bonistas que ingresaron al canje hasta tanto la Argentina no constituya la escrow account por los 1,330 millones de dólares que reclama el fondo NML Capital por el total de su deuda en default. Si el país no deposita el dinero para el 15 de diciembre, dijo Griesa, el dinero saldrá de los pagos regulares de deuda. Ese día, el país debe abonar los 3,300 millones de dólares del Cupón PBI.
Este punto fue recurrido el lunes por el Exchange Bondhoder Group (EBG), un grupo de fondos de inversión con deuda argentina que apeló la medida de Griesa en calidad de tercero interesado. Constituyen el grupo, entre otros los fondos Gramercy, Meridian y AllianceBernstein, y consideraron que el mandato (de Griesa) ilegal e inconstitucionalmente carga los derechos de acreedores inocentes, incluyendo EBG, para cobrar pagos que la República debe a (los demandantes) . En otras palabras, EBG entiende que el dinero que Griesa quiere transferir a los fondos buitre en caso de que la Argentina no pague es de los bonistas y no del país. El Gobierno comparte esa estrategia.
EBG utilizó palabras de la Corte de Apelaciones para rechazar el fallo de Griesa. A fines de octubre, la Corte había convalidado el pari passu, o tratamiento igualitario, que Griesa había concedido a los fondos buitre , y pidió al juez de distrito que fijara la modalidad de pago. Pero, recordó EBG, esta Corte expresó preocupaciones sobre el mandato original de la corte de distrito, particularmente su aplicación a terceras partes .
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