España debe regular la renegociación de hipotecas: Draghi

El Gobierno se negó a ir más lejos en la reforma hipotecaria que entró en vigor el pasado 15 de mayo argumentando que hacerlo pondría en riesgo la estabilidad del sector bancario. Es por eso que sorprende especialmente que el propio supervisor financiero, el Banco Central Europeo (BCE), haya emitido un dictamen instando al gobierno de Mariano Rajoy a adoptar un conjunto de medidas más amplio que el aprobado.

El presidente de la institución, Mario Draghi, que firma el informe, se coloca del lado de los críticos que tachan la reforma de insuficiente en un movimiento paradójico, porque el mismo BCE supervisó la norma antes de su aprobación, y quizás anecdótico, porque el dictamen tiene un mero carácter administrativo.

Aunque el documento constata una mejora de la transparencia y las condiciones, así como aplaude la creación del fondo social de vivienda, también advierte que es importante que los prestamistas garantizados adapten sus prácticas (...) con el fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento .

En otras palabras: que se regule la renegociación de las condiciones hipotecarias como paso previo, y a ser posible sustitutivo de la ejecución. Una vía que el grueso de entidades abre antes de ejecutar pero que sólo está reglamentada para los beneficiarios del código de buenas prácticas, que sí se acogen a una hoja de ruta concreta de limitación de intereses, ampliación de plazos, quitas voluntarias y, en última instancia, dación en pago.

Una regulación más amplia de estas renegociaciones ya se puso en marcha con éxito en Irlanda, que obligó a sus entidades a establecer protocolos de reestructuración de cada deudor en apuros. Pese a la fuerte relación con la burbuja inmobiliaria que guarda también la crisis irlandesa, el resultado es que el país eludió un drama por el que más de 32,000 familias perdieron su residencia en España en el 2012.

Este tipo de iniciativas son habituales en otros países europeos, como en Francia, donde el propio banco central actúa como intermediario para amoldar los pagos al deudor y evitar su lanzamiento.

El BCE advierte: Las autoridades españolas deberían vigilar los efectos que las medidas previstas de protección de los deudores hipotecarios podrían tener en las provisiones y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las entidades de crédito .

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, respondió pidiendo más concreción al BCE en sus peticiones y considera prematuro debatir nuevos cambios.

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