Propuesta para gravar economía digital es insuficiente: R3D y Artículo 19

Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 apoyan la idea de gravar a la economía digital. Sin embargo, consideraron insuficiente la propuesta del gobierno federal para cobrar impuestos en las plataformas digitales.

“Valoramos positivamente la intención del gobierno federal de diseñar e implementar mecanismos que garanticen una recaudación efectiva, proporcional y justa de las contribuciones de las empresas de la economía digital que se encuentran en el extranjero pero generan riqueza por su actividad en México. No obstante, consideramos que resultan insuficientes las propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) relacionadas con las empresas que prestan servicios digitales”, detallaron.

Estas deficiencias pueden hacer que la recaudación de impuestos sea “inefectiva e inequitativa”, además de que algunas medidas representan amenazas para el ejercicio de los derechos humanos, las cuales podrían obstaculizar la llegada de más servicios al país, añadieron.

Entre los riesgos que encontraron está un impacto a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales podrían restringir geográficamente el acceso a sus servicios desde México debido a la amplitud y vaguedad de las categorías de servicios digitales a los que les serían impuestas las obligaciones fiscales.

“Esta potencial reducción de la oferta de contenidos y servicios afectaría la naturaleza del Internet como una herramienta libre, abierta e incluyente, en detrimento de la pluralidad y la innovación”, sostuvieron.

Destacaron también que la propuesta no toma en cuenta las diferencias que existen entre las pymes y grandes empresas como Amazon, Uber y demás, estas últimas con una mayor capacidad de adaptación y cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, refirieron que es necesario ofrecer esquemas simplificados para las pymes.

Por lo anterior, Artículo 19 y R3D consideraron importante entablar un diálogo que incluya a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer y modificar el diseño de los mecanismos de recaudación relacionados con la economía digital, para que resulten efectivos, proporcionales y suficientes, “sin transgredir la Constitución ni producir impactos negativos en el ejercicio de los derechos humanos”.

Las modificaciones propuestas por el gobierno en la Miscelánea Fiscal aún deben pasar por discusión en la Cámara de Diputados y el Senado. Se espera que esta semana se empiece en San Lázaro.

Publicidad y explotación de datos personales

La propuesta que contiene el Paquete Económico para el 2020 se enfoca en gravar con IVA las transacciones que se hagan dentro de las plataformas digitales, y con ISR sólo los ingresos de aquellos que trabajan en la economía digital, como son los choferes de Uber, Cabify y Beat, entre otros.

Lo anterior hace que la imposición fiscal sólo caiga en el consumidor final o trabajador, mientras que se deja afuera los ingresos que estas plataformas pueden obtener a través de venta de publicidad o explotación de datos, refirieron las organizaciones.

“La propuesta privilegia la imposición de cargas fiscales sobre las personas usuarias y los integrantes más vulnerables de la economía digital, como los conductores de aplicaciones de transporte privado o los repartidores de alimentos, mientras que otras actividades económicas más lucrativas, como la venta de publicidad y otras ganancias derivadas de la explotación de datos personales no generarían ingresos adicionales para el Estado”, afirmaron.

Asimismo, destacaron que existe una falta de claridad sobre los requerimientos de información que la SHCP podría solicitar a las empresas que prestan servicios digitales, lo cual es preocupante debido a que puede tener un impacto en el derecho a la privacidad.

En lo que respecta a la suspensión de la conexión de aplicaciones, servicios y contenidos en línea para aquellas empresas que no cumplan con los requisitos, las organizaciones consideraron que esto era “una medida desproporcionada para el fin perseguido”, además de ser inconstitucional y violatoria del derecho a la libertad de expresión e información.