Colombia va por su propia Red Compartida para diciembre de 2021

Walid David, ingeniero por la Universidad de los Andes y con máster en el IE Business School de España, trabaja desde su cargo como viceministro de Conectividad en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia para llevar servicios a dos millones de colombianos que aún conocen poco de internet.

Su plan para conectar en primera tanda a 500,000 hogares pasa por el planteamiento de quitar cargas a los operadores en las zonas urbanas de cara a los nuevos procesos de licitación de espectro, para que ellos puedan dirigir más recursos a sus coberturas 4G e iniciar con los despliegues de quinta generación y para procesos productivos, en tanto que el gobierno consigue ir en alianza con la iniciativa privada —sean empresas del sector telecomunicaciones o de otras industrias que aporten capital— a la Colombia rural a través de una red mayorista que usará bandas de 3.5 GHz y fibra óptica.

David Jalil Nasser, con 26 años de experiencia laboral en empresas multinacionales y de gobierno, cree que las redes neutras tienen viabilidad financiera, si sus objetivos son pensados con detenimiento y alcanzados en mediano y largo plazos, y engranados además en el contexto de los retos que enfrenta el sector de telecomunicaciones.

En boceto, Walid David llama a la red mayorista de Colombia como la “Red Compartida-Internet para toda la vida”, y es la manera del gobierno colombiano “para llevar conectividad, protegiendo a la industria y protegiendo al ciudadano al mismo tiempo”, después de un año de pandemia, dice el viceministro en entrevista.

—¿A qué obedece la intención de crear una red mayorista, cuando estas infraestructuras tienen altibajos en la región? ¿Es un modo de ayudar a la industria en este contexto económico o es mejor ir solos a las zonas rurales?

—La pandemia afectó seriamente la economía del país, que se cayó cerca de un 7.0% el año anterior y eso ha repercutido sobre todo en esta industria que además soportó la inversión en fibra y ahora vienen periodos para renovar todo lo de 2G hacia 4G, eso quiere decir que se vienen grandísimas inversiones que deben hacer los operadores en una economía que está afectada y sus cajas de ingresos también. Tienen además que renovar espectro en 2022 que se concesionó hace diez años y pronto, entre 2023 y 2024, tienen que renovar otras bandas. Todo eso significa una gran demanda de recursos.

Los operadores ya tienen una fuerte carga por las comunidades rurales que se comprometieron a cubrir con la subasta de bandas de 2019. Por eso estamos viendo que para la subasta de 5G tengamos otros mecanismos. Decirles: “mira, espérate, vamos a buscar otros mecanismos para quitarte presión y mientras tú implementas 5G donde se vea retorno”.

Nuestro trabajo y parte de lo que queremos hacer es que Colombia no se quede atrás en la curva de 5G, cuando otros países ya están implementando estas tecnologías y para que nuestras empresas y ciudadanos desarrollen soluciones y modelos de negocio basados en 5G, porque si nos quedamos fuera de esta curva, cuando empecemos a desarrollar, más bien nos va tocar importar soluciones de otros lugares como México o Brasil y no a exportar. Estamos decididos a poder sacar 5G, pero viendo las dificultades que tienen uno y otro operador, y cómo ayudarlos. Entonces, que ellos compitan en la subasta de 5G en aquellos lugares donde hay suficiente población que garantice el retorno de su inversión y no obligarlos a ir a pequeñas localidades; allí, hagamos todo el despliegue con una red compartida y que todos la usen como una infraestructura como servicio. Para nosotros, esta es una manera de llevar internet y proteger a la industria y proteger al ciudadano al mismo tiempo.

—Entonces, ya la llaman “Red Compartida”… ¿Habría coincidencias entre una y otra red, o qué diferencias principales destacaría de la red mayorista colombiana, respecto de las redes mayoristas peruana y mexicana?

—La iniciativa de México es muy diferente a lo que estamos visionando hoy, acá. Allá, lo que hicieron, fue que entregaron toda la banda de 700 MHz para 4G a nivel nacional. Aquí esta red responde a otra realidad. El modelo de México aparte es distinto, porque allí los condicionaron, no había operación todavía para levantar ingresos y les pusieron obligaciones de cobertura muy grandes. Nosotros no vamos a poner esas obligaciones. Lo que vamos a hacer es una entidad de mayoría pública, con 49% de inversión privada y que sea la mesa directiva de esa nueva empresa, ya con su presupuesto, la que decida hacia dónde empezar a expandirse con su red compartida.

—Esta red, mayorista, troncal ¿será fija o para móviles; sólo por fibra o también con espectro?

—Queremos aprovechar todos los insumos necesarios. Irá con fibra, pero también será con espectro. La Constitución nos permite que podamos asignar espectro de manera directa a las entidades públicas, para garantizar la continuidad del servicio. Al ser esta nueva empresa una entidad de mayoría pública, podremos hacer eso. Vamos a entregarle bandas de los 3500 Megahertz.

Entregar la 3.5 GHz como la queremos dar no provocaría un conflicto, porque no va estar donde están los privados y por tanto no habrá interferencias. A ellos les vamos a subastar 400 MHz de frecuencias, pero a esta nueva empresa no le vamos a dar los 400 MHz, le vamos a entregar 100 MHz como máximo, que es también como tenemos planeado entregar en las ciudades un total de 100 MHz a cada operador. La intención es que a esta red compartida se le asigne espectro, que ponga infraestructura física nueva y que alquile toda esa infraestructura en un modelo de roaming automático nacional y que vaya definiendo qué otros modelos de negocio puede emprender después.

—¿No cree usted que las redes mayoristas pasan por un mal momento? Las redes de Perú y México son ejemplos, y además, los gobiernos imponen objetivos difíciles de lograr en corto tiempo y a todo eso, sume que la red compartida de Colombia será mayoritariamente pública.

—Hemos analizado con mucho detalle los casos de México y Perú, y también uno del Reino Unido. Muy aparte, hemos venido hablando con los operadores sobre todo esto; escuchando sus posiciones. Estamos buscando los mecanismos para identificar por qué localidades empezar y las imperfecciones de otros proyectos; es lo que queremos corregir con esta red compartida. El modelo que estamos pensando para Colombia no tiene tanta carga impositiva ni de obligaciones como sí lo tiene México, ni únicamente va con iniciativa privada, como fue la de Perú.

Lo que primero que vamos a hacer es que en las reglas de la subasta de espectro para 5G que ya viene, vamos a poner que es mucho más rentable para los financieros de los operadores pertenecer a la red compartida, que ir solos con el espectro a nivel nacional y con requerimientos de localidades a nivel nacional, como ha pasado en subastas anteriores.

Entonces, como operador, vas a tener dos opciones: ir por el mecanismo tradicional o entrar, como llamamos nosotros, sólo a donde está la carne y asegurar el retorno de inversión, en vez de también hacer inversión con mucho Capex en la parte rural, cuando puedes invertir esos recursos en otros proyectos como última milla de fibra óptica donde te va caer más caja y dejar que sea esa otra red la que vaya expandiéndose en lo rural.

Creemos que por ahí, ellos van a salir mucho más rentables que ir por el espectro a nivel nacional. Esta red no va tener cargas del tipo de obligaciones fijas de cobertura como tiene México, porque eso requiere una gran inversión para cumplir con un contrato de concesión, independientemente de los ingresos que le entren a la red de Altán. Nosotros estamos viendo que a medida que vayas viendo los modelos de negocio, te puedes ir expandiendo. Entonces, esto es una gran diferencia entre lo que han estado haciendo Perú y México.

—Con experiencias muy adversas para las otras mayoristas, ¿no cree que hay demasiado entusiasmo con este proyecto? Por cierto, ¿cuál es el calendario para definirlo?

—Le vemos viabilidad. Será una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Al no tener obligaciones de cobertura, automáticamente le estaremos permitiendo que la junta directiva de esta empresa pueda tomar las decisiones propias de cómo va a ampliarse, porque su presupuesto será independiente y su interés será el desarrollo del país. Y si bien tendrá recursos propios para hacer la mayoría de sus despliegues, si ocurre que el gobierno tiene interés de cubrir un área especial porque ve un beneficio, sea educativo, de salud, militar o social, tendría que inyectarle recursos específicos adicionales para implementar esos desarrollos.

El proyecto como tal debe estar aprobado en esta legislatura, que va desde el 20 de julio; debe empatarse con la subasta de espectro para 5G, en diciembre. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a contratar una consultoría que nos ayudará a estructurar la subasta, donde también se incluye el costo básico de la red compartida por el asunto del espectro que le entregaríamos. Y también queremos contratar otra consultora para especificar, digamos, el comportamiento que debe tener esta red compartida; sus modelos de contratación, su junta administrativa y cómo debe manejarse esa red.

—Si bien es todavía un proyecto y por tanto no habría un estimado de inversión, ¿pero entre sus pláticas con la industria ha sondeado que existe interés de ellos en aventurarse como accionista?

—Operadores sí hay. Hay dos operadores de los cuatro grandes que han mostrado interés. Otro nos dijo que viéramos el caso de Altán en México y otro nos manifestó que esperará a que se vaya desarrollando el plan. Nuestra intención es mostrárselo a todos, incluido a compañías extranjeras, y hacer retroalimentación. Para resumir, en el sector nacional hay dos de cuatro interesados, porque saben que pueden bajar su nivel de Capex y que ello les da oportunidad de reubicar recursos en la parte comercial para poder pelear mercado con el resto de grandes operadores. En el cronograma salimos con esta red en diciembre de este año y mientras que los operadores vayan estudiando que invertir en esto puede ser económicamente viable, porque tienen que reportar ganancias a sus accionistas, porque si el operador no muestra margen para el accionistas, ese se va para otro lado.

—¿Y cree tener todavía mucho margen para sacar adelante esta red mayorista, cuando la red peruana en casi diez años no lo logró y la red mexicana en tres años se quedó sin liquidez?

La 4G la necesitamos para conectar a la gente; hay ya una disponibilidad del 80 por ciento. A la 5G la vemos como un valor agregado, y en velocidad de descarga el ciudadano no lo puede percibir tan fácilmente, como descargar una página en tres segundos con 4G a un segundo con 5G; no se ve mucha diferencia. Pero 5G tiene mucho impacto en el desarrollo de la industria y que los operadores vayan evolucionando hacia allí mientras tienen su principal negocio, el celular.

La 5G está llegando y tiene otras ventajas muy grandes, por ejemplo, que los operadores puedan pensar en modelos de negocio con las petroleras, las compañías de energía, de la agricultura o la minería, que además van a tener que tecnificarse. Nos falta transformación digital para soluciones de industria 4.0, por eso queremos meterle mucho a 5G. Meterle también es ir con una infraestructura mayorista que van a tener ellos para sus clientes (rurales) y que sólo van a pagar por el alquiler en una zona, y para los rurales les llevamos una tecnología que gradualmente irá llegando, para que también les demos tiempo a la industria de allí para que se tecnifique y pueda demandar esos otros servicios de comunicaciones. Es el plan, lo veremos para diciembre.

Twitter: @nlucasb