Consejo de empresas globales advierte sobre riesgos ante reforma al Poder Judicial

Las empresas globales, que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa en México, advirtieron que la reforma al Poder Judicial -propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador- conlleva a “riesgos” para perder la certeza jurídica para invertir en el país y ahuyentar las oportunidades de nuevos negocios.

El Consejo de Empresas Globales, que encabeza Manuel Bravo, expresó: “nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”.

El organismo reconoce la necesidad de crear un sistema judicial más transparente y eficiente, sin embargo, considera que “el proyecto de reforma Judicial que se discute en el Congreso contiene aspectos críticos que necesitan ser ajustados”.

En un comunicado de prensa, las empresas globales mostraron preocupación por los cambios que se promueven y solicitaron al Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo para que en las discusiones se garantice la independencia judicial en beneficio de la certeza jurídica y la protección a las inversiones.

Para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas, también llamado nearshoring, las 60 compañías globales plantearon 6 puntos que son principios básicos relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por las Naciones Unidas.

El primer aspecto solicitado es que haya independencia de la judicatura; además de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, y como tercer punto, condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces.

Como cuarto aspecto, se demanda que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión. Mientras que es urgente un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de derecho.

Así como directrices claras a las entidades federativas.

“Es fundamental que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México, ya que, en todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión”, exhortó el Consejo de Empresas Globales.