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IFT no desiste de asignar la pedacería espectral, ahora entre operadores regionales con las bandas de 800 MHz y PCS; y mientras ya planea la subasta de 5G

El Instituto Federal de Telecomunicaciones insiste en que no dejará de buscar alternativas para colocar frecuencias en el espectro, con la meta de mejorar la cobertura y calidad del servicio, y para que las compañías celulares desarrollen nuevas aplicaciones que potencien el sector productivo de México, por ejemplo, con redes 5G. Pero el IFT bien reconoce que los tamaños de las contraprestaciones y los pagos anuales de derechos por la explotación de bandas frustran todos los planes de negocio.

Alejandro Navarrete Torres es director general de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ilustración: Nayelly Tenorio.

Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, reconoce que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya advertía que la licitación de 41 lotes de espectro ubicados en distintas bandas radioeléctricas despertaría poco interés entre los potenciales interesados, por los enormes cobros anuales que fijan el Congreso y la Secretaría de Hacienda por la explotación de ese insumo y que se vuelven una carga impositiva en los 20 años de vigencia que tienen las concesiones.

Esto quedó demostrado en la Licitación IFT-10, pues aunque allí se concursaron lotes de frecuencias con alcance nacional en las bandas de 1.9 GHz (PCS) y de 1.7/2.1 GHz (AWS), suficiente como para que un nuevo actor comenzara a construir una nueva red nacional, nadie ofreció nada por esas señales y, otra vez, por los altos costos que impone Hacienda.

Ahora viene, para el año 2022, la subasta de espectro para que las compañías celulares y otras del mismo sector de telecomunicaciones puedan construir redes 5G, para comenzar a ofrecer productos de Internet de alta velocidad a usuarios finales, pero también aplicaciones productivas para diversas industrias. Una licitación del IFT tarda 14 meses en su construcción.

El IFT si bien está inquieto porque de nuevo ocurra que sólo dos empresas compren bandas para 5G, confía en que el Estado mexicano estudiará los mecanismos para atraer la atención de más operadores, pues un espectro guardado en el cajón significa menos cobertura, menor calidad de servicio y nula cobertura para aquellos que todavía no reciben servicio en su comunidad.

—El momento económico-sanitario y la coyuntura de cara a las redes 5G, auguraba que Telcel compraría sólo espectro de 2.5 GHz y que AT&T iría nada más por bandas de 800 MHz, y quizá hasta por AWS. Pero nadie imaginaba que la IFT-10 resultaría ser una subasta tan deslucida: sólo dos postores y 36 áreas desiertas…

—Lo que acabaron llevándose las empresas era lo mínimo que esperábamos que se llevaran. El tirador natural para el espectro de 2.5 GHz era Telcel, porque justamente era la cantidad de frecuencias y en las regiones que le hacían falta para tener completo un bloque de 30 más 30 MHz en toda esa banda. Era entonces el tirador natural.

Lo mismo ocurrió con AT&T, en las regiones celulares 1 a 4 para la banda de 800 MHz. Como heredaron lo que tenía Nextel, que eran canales de 25 KHz, a la hora que buscaban completar tramos de 10 más 10 MHz, se juntaban menos; les complicaba la operación.

En ese sentido, no nos extrañaba que las empresas hayan ido sólo por estos bloques de espectro. Era natural que hubiesen optado por esas bandas.

—¿Y no fue ésta, una licitación incluso diseñada por áreas básicas de servicio (ABS) para aumentar la atracción de participantes? ¿Pesó más la política fiscal que ese incentivo?

—Fue novedosa. Por ejemplo, estuvo el asunto de la ABS 9.01, que son la CDMX y su área conurbada. Aquí es la primera vez que el espectro de carácter móvil se puso a disposición a través de áreas básicas de servicio y la idea de hacerlo así fue justamente para atraer nuevos participantes, porque si obligamos a un nuevo participante a que vaya por una región celular completa o que vaya por espectro de alcance nacional, entonces los montos por contraprestación y pagos de derechos anuales se vuelven prohibitivos.

Dijimos: “vamos a hacerlo más pequeño, en áreas, en estas regiones para hacerlo más atractivo el concurso”. Pero aun así, esto (la política fiscal) lo hace posible sólo para quienes tienen la capacidad para pagar las altísimas tasas y montos que están establecidos en la Ley Federal de Derechos (LFD).

—El bloque que ejemplifica se lo llevó AT&T y porque hizo sentido para su negocio con reforzarse en la CDMX, pero también había espectro en otras bandas como para tener nuevos actores y que operadores regionales compraran frecuencias. ¿Es entonces la insensibilidad de la Secretaría de Hacienda y del Congreso lo que hizo naufragar esta licitación?

—Se piensa que los únicos que pueden prestar servicio son empresas globales como AT&T o América Móvil. Qué sucede entonces con operadores como los WISP y otros, que han manifestado en múltiples ocasiones sus deseos de hacerse con espectro propio, porque el espectro libre está saturado o porque sufre interferencias. El problema es cómo pueden ellos enfrentar las inversiones que hay que hacer en infraestructura con una banda concesionada, cuando los pagos de derechos son altísimos.

Hoy, en la LFD, las bandas de 800 y de 850 MHz están tasadas por región celular. Si nos enfocamos en la región celular 9, allí donde se encuentra la CDMX y que tiene un potencial económico muy alto, también se encuentra el estado de Hidalgo con zonas altamente marginadas, que no tienen capacidad económica y aun así, toda la región está tasada con lo mismo en la Ley Federal de Derechos. Vaya, que si un habitante vive en zonas marginadas de Hidalgo o si otro vive en Polanco, el operador paga por cada habitante o Megahertz, exactamente lo mismo.

A raíz de ese contexto, propusimos que al menos en las bandas de 800 y 850 MHz se subdividieran en las 65 áreas de servicio en que está dividida la República mexicana y así, los valores de cada una de las áreas podrían reflejar su verdadera capacidad económica, más aproximada a la realidad. AT&T se llevó el bloque 9.01, que tiene un valor económico mucho mayor al resto, pero lo que ocurrió con el resto refleja un problema sistémico en la Ley Federal de Derechos, que se paga lo mismo, independientemente del poder adquisitivo de un habitante y que un área de servicio básico no tiene nada que ver con otra.

A la Secretaría de Hacienda propusimos una ponderación… Que las áreas de servicio más deprimidas pudieran hacer pagos de derechos más bajos en comparación con las áreas de servicios más pudientes. Quienes hoy tienen espectro en región celular a nivel nacional todavía se verían afectados por los montos de pago, pero quienes tuvieran espectro por ABS, ellos sí verían reflejado los cambios, esa ponderación en las zonas deprimidas, porque tendrían un valor más proporcional a la capacidad económica de cada área de servicio. Pero esa propuesta no transitó en la Secretaría de Hacienda; no fue enviada al Congreso y el problema ahora es ese que vemos.

—El problema hoy es que en la IFT-10 se quedaron 36 áreas de servicio o 38 lotes de espectro, como se quiera ver, sin recibir ofertas. Y son bandas de cobertura y capacidad que no se asignaron. El otro problema es que las propuestas del IFT no tienen eco en el gobierno federal y Hacienda prefiere la recaudación sobre la cobertura…

—Si queremos que entren nuevos actores o que pequeños participantes compren bandas… Primero hay que darles incentivos, porque para la Secretaría de Hacienda debe ser mejor el 70% de algo, que el 100% de nada. Si se quedaron 36 de 37 áreas básicas de servicio sin asignar, lo que allí se lleva el gobierno es 0%, ni un centavo. Si hubieran sido 100,000 pesos por algo, hubiese sido mejor, pero se van a llevar nada por 20 años. Nada, cero.

Esa parte no se entiende. No se entiende, como prefieren llevarse el 100% de nada, a llevarse aunque fuese el 20% de algo. Se quedaron esas 36 ABS sin asignar y es un problema. Pero lo terrible no son los ingresos que no llegarán. Lo terrible está en que esas zonas que hoy no tienen servicio, todavía están destinadas a no tener servicio porque no están dadas las condiciones económicas para que alguien pueda desplegar una red con un plan de negocios viable. Ese es el problema de fondo, no lo quieren entender.

No hay eco. El resultado es este que tenemos hoy y se lo dijimos desde hace años que esto iba a pasar: licitaciones desiertas; devoluciones de bandas y lo poco que se asigne, se asignará con el valor mínimo de referencia, aun cuando el valor sea bajo. Incluso, aunque si algunas ABS las hubiésemos puesto a cero pesos en el concurso, ni así hubiera sido atractivo el proceso y esto por el pago de derechos. Este es un problema que lleva años y van a pasar más años y la gente no va tener servicios y va quedar desconectada porque no hay plan de negocios viable con esa política fiscal.

—Esta fotografía de la IFT-10 echa por tierra aquella postal en que el gobierno y las cámaras industriales se llenaban la boca de presumir que México es puntero en la disponibilidad de bandas IMT… Con la subasta desierta, ahora hay unos 300 MHz de frecuencias por ahí sin usar, ¿no lo cree?

—Entre lo que devolvió Telefónica, la IFT-10; las bandas de 600, 3.5 y la banda L… De los 150 MHz en la banda de 3.5 GHz, hay que recordar que hay 50 MHz, de 3.33 a 3.35, que los tiene la SCT. Estamos en charlas con ellos, para ver si es posible considerar ese espectro en una licitación en 2022 para 5G, pero no hay nada definido. Pudiera entonces ocurrir que sólo esos otros 100 MHz sean los que pudieran salir a concurso.

Tenemos 90 MHz en la banda L; unos 75 MHz en la banda de 600 MHz; los 100 o 150 en la banda de 3.5 GHz. Tenemos allí unos 350 MHz disponibles, más lo que se quedó ahora en AWS y PCS.

En 2022 vamos con una licitación de bandas propicias para 5G, pero cómo esperar tener resultados eficientes, si vamos a repetir lo mismo o sólo esperar que nada más las grandes empresas hagan lo indispensable para desplegar servicios y que entonces no haya más competencia y las zonas sin servicio sigan igual.

—Confía entonces que seguirá habiendo interesados por bandas, ¿aunque el abanico sea mínimo?

—Sí. Ha habido varias empresas que han manifestado su interés por hacerse con bandas de espectro, pero todas ellas nos han dicho que el esquema recaudatorio hace inviable el negocio en zonas rurales, donde existen unas 45,000 localidades y de ellas, unas 42,000 tienen menos de 300 habitantes. “Tenemos interés en espectro, pero si lo pones en cero pesos, no puedo; no hay forma de pagar por los derechos. No puedo llevar red a Oaxaca, porque no tienen capacidad para cumplir con los pagos de derechos”, nos han dicho.

Ese es el problema: ver cómo poder llevar infraestructura a esas localidades con un plan de negocio que permita pagar gastos de operación y derechos, y que permita que la inversión se retorne. Si no hay una política clara respecto a cómo debe valorarse el espectro en esas zonas que no están cubiertas, van a seguir sin cobertura.

Ya no es un asunto de que llegue una empresa y lo resuelva sola. Ya no es así. Se tiene que sumar. Por ejemplo, sumar a la Red Compartida de Altán, las labores de CFE Telecomunicaciones y lo que por su parte puedan hacer los operadores comerciales y los WISP.

—¿Lo que quedó desierto de la IFT-10 se va al cajón o intentarán recolocarlo en el mercado próximamente? ¿Sacar las frecuencias el próximo año sería mucho estrés para el IFT con la subasta 5G, ¿no cree?

—Nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo, de seguir promocionando todas las evidencias y elementos, para que quede claro cuál es la problemática y cuáles son las alternativas para entregar en mejores condiciones el espectro. Lo que hoy podemos hacer es señalar esa problemática y acompañar a quien haya que acompañar en un proceso sesudo; sensible, para que los valores del espectro dejen de convertirse en una barrera artificial y por tanto a la entrada de nuevos actores y para la entrega de servicios en zonas desconectadas.

Seguiremos poniendo el espectro en el mercado. Esperamos que se pueda colocar, porque el Estado gana por el ingreso por contraprestación de asignación y por derechos; porque ganan las empresas al tener más espectro para desplegar más servicios y con mejor calidad; y ganan los usuarios, porque tienen mejores servicios y algunos de ellos, reciben ese servicio por primera vez. Pero antes, se tiene que reconocer con toda claridad esta problemática.

Con estos resultados que ya vimos, estamos viendo, que en la banda de 800 MHz, claramente los grandes operadores no tienen interés y quizá otras (PCS). Lo que podríamos buscar es cómo hacerle para que pequeños operadores locales o regionales se hicieran con esas bandas y que los otros se fueran por espectro para 5G, pues, razonablemente, en esas otras no están interesados. Es un asunto también de cómo se diseña el proceso, con número de bandas, tamaño de bloque y cobertura geográfica, para que todo sea atractivo para las empresas. No sabemos si vienen dos subastas o si todo pudiera salir en una sola.

Hoy estamos viendo toda esa valoración desde la Unidad de Espectro Radioeléctrico, no hemos pasado nada al pleno del IFT. Pero estamos valorando más alternativas, para luego someterlo a nueva licitación, pero bajo condiciones nuevas que permitan que la asignación sea posible y con la subasta de 5G, ya estamos en la etapa de planeación; la estamos construyendo.

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel, entre otros. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también citado en el “Estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, 2017” de la OCDE, y en distintos informes sobre espectro radioeléctrico de la GSMA y de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

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