La CFE podría tener certificados de energía limpia con metas más altas para el país: expertos

Aunque la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica cancela a los certificados de energía limpia (CEL), expertos en el tema aseguraron que se pueden mantener como un incentivo para el aumento de la capacidad renovable siempre y cuando se le reconozca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su generación limpia, con lo que sería necesario aumentar los requerimientos de estos instrumentos para todos los participantes del sector eléctrico.  

Durante el debate del Canal del Congreso en el tercer día de discusiones del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados rumbo a la reforma eléctrica, Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar, explicó que el mercado de CEL diseñado en la reforma del 2013 mediante las leyes de la Industria Eléctrica (LIE) y de Transición Energética (LTE) estableció que todos los participantes del sector hayan pasado de una obligación de contar con 5% de su energía consumida o generada en el 2018 a 13.9% de su energía a partir de 2022.

Si no cuentan con esta energía, quienes sí la generan pueden venderla como certificados de energía limpia, con estas metas alineadas al compromiso de México en el Acuerdo de París para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de llegar a 35% de energía limpia en promedio nacional en 2024, y 50% para el 2050. 

“Esto fue diseñado para incentivar la colocación de nuevas plantas de energías limpias y se ha cumplido. Obviamente no incluía plantas ya construidas, como las de CFE, que además tienen en promedio más de 30 años de antigüedad por lo que generan con muchas externalidades ambientales y requieren mantenimientos”, dijo.  

Sin embargo, reconoció que la generación en la central nuclear de Laguna Verde o la hidroeléctrica podrían recibir certificados de energía limpia y esto no necesitaría de una reforma a la Constitución sino a nivel de Acuerdos como los que se establecieron vinculados a las leyes mencionadas. Pero si lo anterior se lleva a cabo, se tendrían que aumentar las obligaciones de participación de energía limpia, porque de lo contrario no se alcanzarían las metas comprometidas.  

Miguel López, subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, explicó que la iniciativa de reforma eléctrica no consiste en retrasar la generación mediante energía limpia sino de eliminar la transferencia de recursos de la CFE a las empresas privadas y de cimentar incluso la transición energética en la Constitución.

Por ello, además de cancelar los regímenes de excepción de contratos legados del régimen anterior (autoabasto y productores independientes de energía) también se eliminarán los CEL tal como fueron diseñados, en busca de un mecanismo que no le quite recursos a la CFE.  

“Los CEL sirvieron para anclar inversiones privadas, no tenían como objetivo aumentar las renovables sino traer inversión extranjera en la realidad”, explicó.  

Y es que como ya se ha mencionado, además de pagarles al precio marginal local, sin cobrarles transmisión o distribución, se les firma un contrato por 15 años de su energía a un precio fijo en el que como sus costos no tienen combustible, serán siempre la energía más barata y primera en despacharse y además contará cada mes con recursos adicionales que la CFE les tiene que pagar por ser generadores limpios, con lo que la estatal termina pagando al triple la energía.  

A su vez, Diego Rasilla González, especialista en energía eléctrica y gas natural, dijo en su argumentación contra la iniciativa de reforma que se alcanzó la meta de transición hasta el año pasado gracias únicamente a los privados que generan el 90% de la energía renovable del país ya que a 2020 se llegó a 133 plantas solares y eólicas, pero que harán falta 14,000 megawatts limpios adicionales al año (volumen que representa el doble de la capacidad eólica colocada en el país en 10 años) para alcanzar las metas de energía limpia, por lo que se sigue requiriendo de la participación de privados en el sector. 

Finalmente, Jorge Toro, del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, explicó que en proporción la participación de México en emisiones a nivel global es de 1.2 de las emisiones de dióxido de carbono, y “hagamos lo que hagamos si los países que realmente están emitiendo no toman decisiones para disminuir su daño, no importa lo que haga México y eso no quiere decir que no hagamos nada, pero realmente nuestra contribución es mínima y la presión es mucha, desproporcionada”.  

Y es que, aunque se siga en la ruta de combate al cambio climático en el sector eléctrico, se trata de tener un marco que permita el aumento de las energías limpias sin dañar las finanzas de la CFE, porque entonces ni siquiera quedaría una empresa para subvencionar a las privadas como lo ha hecho.

karol.garcia@eleconomista.mx