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Perú puso fin al contrato de la Red Dorsal que operaba Azteca Comunicaciones

El gobierno canceló la concesión que permite a la empresa Azteca Comunicaciones explotar la Red Dorsal, una infraestructura de fibra óptica con alcance nacional cuya misión fue la conectividad y el transporte de datos, pero que nunca alcanzó la rentabilidad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú dio por terminado el contrato que habilitaba la concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a favor de la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., vigente desde al 2014.

La determinación de esa autoridad obedece a un asunto de interés público del Estado peruano para aprovechar de mejor manera la infraestructura de alcance nacional de dicha red, debido a que la Red Dorsal enfrentó problemas desde su origen para alcanzar la rentabilidad, porque desde su concepción se le impuso una política tarifaria fija que resultó poco atractiva para los potenciales clientes.

Ya desde marzo pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había iniciado un procedimiento de resolución y de audiencias públicas para conocer las posiciones del gobierno y la empresa respecto al futuro de la Red Dorsal.

Ahora, conforme la resolución ministerial 689-2021-MTC/01, la caducidad de la concesión inicia este día y por un periodo de seis meses naturales, periodo que Azteca Comunicaciones deberá aprovechar para iniciar y concluir, a favor del Estado, el proceso de reversión de los activos que formen parte de la Red Dorsal, en tanto que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) será la entidad que después administrará de manera temporal la red y asegure la continuidad del servicio para los actuales clientes. La temporalidad que el Pronatel puede operar la Red Dorsal sería de hasta tres años e incluso, podría subcontratar a un tercero para esa misión y hasta que el gobierno decida el nuevo modelo de operación.

Se declara la caducidad del referido contrato (…) La caducidad operará a los seis meses de publicada la presente resolución (…) Azteca Comunicaciones deberá continuar prestando el servicio portador y facilidades complementarias en los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato de concesión por el plazo previsto, lo cual implica que se podrán aplicar las sanciones y/o penalidades que correspondan ante la verificación de incumplimientos del contrato de concesión”.

En una de las audiencias públicas, la empresa Azteca Comunicaciones mostró su inconformidad con la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y anunció que recurriría a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI), de esta manera se abre un nuevo capítulo para la atribulada historia de la Red Dorsal.

Este nuevo capítulo tuvo su primer origen el 16 de marzo pasado, cuando el gobierno peruano resolvió acogerse a una cláusula de contrato que pondrá fin a la concesión que permite a la empresa Azteca Comunicaciones, de capital mexicano, explotar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de Perú (RDNFO), una infraestructura de red de transporte que tuvo la intención de conectar ese país a Internet, pero que hasta el último día de 2020 sólo era utilizada en 3.2% de su capacidad total instalada.

La determinación del Estado peruano, unilateral y por interés público, resultó entonces de no encontrar coincidencias después de una serie de propuestas y contrapropuestas con Azteca Comunicaciones, filial peruana del Grupo Salinas, para sacar mejor provecho a los 13,500 kilómetros de fibra óptica de la Red Dorsal.

Al no hallar coincidencias entre las partes, el 17 de mayo empezó un proceso de resolución de final de concesión.

Para el gobierno de Perú, la Red Dorsal significa reembolsar con cerca de 5 millones de dólares cada trimestre a esa empresa concesionaria por la administración, mantenimiento, expansión y explotación de una infraestructura a la que hoy se conecta una docena de empresas. Entre octubre y diciembre de 2020, Grupo Salinas reconoció entradas para Azteca Comunicaciones por 107 millones de pesos, principalmente por los reembolsos del gobierno peruano. En el primer trimestre del 2021, la cifra de ingresos fue de 106 millones de pesos mexicanos.

Ahora, Perú escribirá nuevas reglas para re-adjudicar la Red Dorsal a un nuevo operador hacia el 2022, que podría ser una empresa pública o privada, e incluso la misma Azteca Comunicaciones, si para esta compañía hace sentido volver a explotar esa red bajo otras condiciones y criterios regulatorios.

Azteca Comunicaciones ya había deslizado a inicios del 2020 su intención formal de abandonar la explotación de la Red Dorsal, cuyo contrato firmó en el año 2014 con el gobierno de ese país para llevar conectividad de voz, datos y video a las 180 ciudades peruanas de mayor relevancia, esto a través del tendido de una red mayorista de alta capacidad y financiada con aproximadamente 323 millones de dólares venidos del Estado peruano.

El proyecto, novedoso en su tipo en el 2011-2012 que se pensó y para algunos equivalente a la malograda Red Troncal de México, enfrentó obstáculos para su crecimiento, principalmente por una política regulatoria que obligaba a su concesionario, Azteca Comunicaciones, a establecer una tarifa fija hasta tres veces más cara que la competencia para el transporte de datos por toda la red.

Otro de los inconvenientes estuvo en que el trazo de la red fue concebido también sobre plazas en la que ya existían otras redes de transporte o donde terceros operadores construían sus propias infraestructuras, una superposición de redes que entonces poco apoyó al despegue de la Red Dorsal. Al cierre del 2020, un 60% de la infraestructura instalada de la Red Dorsal coincidía con las coberturas de las redes construidas por terceros operadores.

En el mejor de los siete años que Azteca Comunicaciones manejó la Red Dorsal, la compañía consiguió atraer a cerca de 30 clientes, entre ellos a la chilena Entel, pero que apenas llenaron el 7.0% de la red con su tráfico.

Todos estos motivos también animaron a Azteca Comunicaciones a solicitar en 2020 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la caducidad del contrato de explotación. La dependencia respondió en junio de ese año con una propuesta de la que se presumió extraoficialmente que se le permitiría a la compañía establecer una política de flexibilidad tarifaria por volumen de datos transportados y en regiones geográficas y de mercado muy específicas; y también se le permitiría dar manejo al tráfico internacional de Perú con Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia, a través de los nodos de la Red Dorsal que interconectan al país con sus vecinos.

Las nuevas condiciones hubieran dado oxígeno al negocio de Azteca Comunicaciones para competir con mayores herramientas en el sector de telecomunicaciones peruano, aunque ello hubiese significado también que en algún momento la compañía dejaría de recibir los reembolsos que el Estado paga a la empresa y fijados en la firma del contrato original por la administración de la Red Dorsal, pues Azteca Comunicaciones estaría entonces en posibilidad de allegarse de recursos a través de la base clientes que eventualmente iría construyendo.

Marcela Mendoza, periodista peruana especializada en telecomunicaciones, narra que la salida de Azteca Comunicaciones de la Red Dorsal empezó el 16 de marzo, con la publicación en ese día en El Peruano —el boletín oficial del gobierno peruano— del calendario que detalla todo el proceso y con la notificación oficial al regulador Osiptel y a la misma Azteca Comunicaciones que el fin del contrato es oficial.

Queda en duda ahora quién pudiera manifestar interés por la Red Dorsal en su segundo aire. La periodista Marcela Mendoza sostiene que difícilmente Claro de América Móvil y Movistar de Telefónica estarían animados a comprar la Red Dorsal, debido a que ambos operadores ya cuentan con redes de transporte propias por prácticamente todo el territorio peruano, por lo que no es lejana la posibilidad de que una empresa chilena dedicada al manejo de infraestructura mayorista alce la mano, en tanto el Estado analice entregar la red a una empresa pública que atienda las necesidades de conectividad del resto de dependencias del gobierno o que fraccione la Red Dorsal en manos del resto de la industria.

“Perú ha resuelto, unilateralmente y por interés público del país, salir de ese modelo con la Red Dorsal, porque no se está usando y porque son los peruanos quienes la están pagando en su mantenimiento (…) Su existencia no se justifica así. El Estado ya gastó alrededor de 320 millones de dólares y no tendría que gastarse más en su mantenimiento. Algunos indican que todavía tendría un valor de 100 millones de dólares, suponiendo que los servidores y nodos aún funcionen, porque tienen cinco años funcionando y todo eso se devalúa. 100 millones de dólares son una piedra en el pecho, pero son mejor que nada por una red que se oxida porque no se usa”, dijo la periodista Marcela Mendoza.

De mantenerse el escenario como ahora lo ha dejado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, la concesionaria Azteca Comunicaciones saldrá de la Red Dorsal a más tardar el domingo 16 de enero del 2022.

kg

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel, entre otros. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también citado en el “Estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, 2017” de la OCDE, y en distintos informes sobre espectro radioeléctrico de la GSMA y de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

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