AMIC Puebla solicitará reformar la Ley de Obra Pública para acabar con malas prácticas

Puebla, Pue. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) de la entidad solicitará al Congreso local la discusión para mejorar la Ley de Obra Pública, a fin de que se cree una contraloría ciudadana que verifique los procesos de licitación que emita el gobierno estatal y municipios, para garantizar transparencia y equidad en los concursos.

Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente de la AMIC en Puebla, consideró que los diputados deben abrir al debate esa propuesta, ya que se necesita dar certidumbre a los constructores sobre cómo se eligen a los ganadores de proyectos, al tener dudas que sea por propuesta económica y técnica.

En este caso, dijo, la figura que se propone podrá tener la facultad de revisar no solo expedientes y currículum de la empresa participante, sino verificar que la elegida sea la mejor opción o sino en su caso pedir que se repita el proceso de licitación, cuando se trate de obras grandes.

Comentó que no se ha dado apertura por parte de los legisladores, que iniciaron su segundo año, para recibir a las representaciones de constructores, con el objetivo de que expongan sus razones sobre la propuesta.

Enfatizó que con esa “figura ciudadana se contribuirá a erradicar de manera definitiva los pagos de “facturas y favores, así como los “moches”, elementos que se continúan utilizando para la obtención de obras y servicios públicos, lo cual afecta a las pequeñas y medianas empresas principalmente.

Indicó que en concursos de obras cuenta más el influyentismo de una constructora que la presentación de propuestas técnicas y económicas viables, lo cual se ha comprobado con obras que resultan más caras de lo proyectado y sin resolver necesidades en materia de movilidad. 

Puntualizó que los legisladores locales deben mostrar voluntad en que haya avances para tener una mejor Ley de Obra Pública, con el propósito de acabar con esas malas prácticas que solo propician que algunos constructores opten por salir de Puebla para poder realizar proyectos.

Tejeda Ortega argumentó que el estado de Jalisco es ejemplo, porque tiene una Ley de Obra Pública en la cual se establecieron esquemas que permiten un combate frontal a la corrupción, puesto que se contempló transparencia y “piso parejo” en los concursos de asignación de obras y servicios públicos entre autoridades y contratistas.

Agregó que los legisladores jaliscienses establecieron la recuperación y protección de las zonas indígenas, así como la elaboración de Bancos de Proyectos, para ello se contó con la participación de representaciones de constructores. 

Lo anterior, dijo, es una muestra de que sí se puede trabajar entre empresarios y diputados, pero es necesaria la apertura en el caso de los que integran el Congreso poblano, porque en muchas ocasiones no priorizan leyes que estimulen el crecimiento económico.

Indicó que a los representantes populares se les olvida que quienes generan empleos son los empresarios y no los gobiernos, por ende, el poder legislativo debe también atender las peticiones de los distintos organismos que a final de cuentas saben qué se requiere para detonar el desarrollo del estado, por ejemplo, en materia de infraestructura pública para no estar invirtiendo cada administración estatal o municipal en lo mismo.

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kg