AMLO: su desinterés empresarial

El presidente López Obrador es una persona dedicada a los asuntos que le interesan. Todas las mañanas revisa temas de seguridad, ofrece su versión de los logros de su gobierno y presenta a sus antecesores como los responsables del desastre nacional que él trata de enmendar y de la falta de avances de su gobierno. Le apasiona defender a Pemex, CFE, el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, promover la lucha contra la corrupción, atacar al neoliberalismo y recordar que Oaxaca tiene 570 municipios y que se come deliciosa guayaca asada en Malpaso, antes Raudales, Chiapas.

Sería ideal que el presidente mostrara la misma pasión por fomentar la creación de empleos bien pagados, la inversión extranjera y el desarrollo de las empresas. Aunque el crecimiento de 6% para 2021 no compensará el nulo crecimiento en 2019 y la caída del 8.5% en 2020, el gobierno no parece tener prisa por anunciar medidas que detonen una recuperación más dinámica. Ninguno de los dos paquetes de infraestructura, el 26 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, se anunciaron en el tiempo esperado y no se sabe si se están cumpliendo. Todavía no hay fecha para el tercer paquete, que supuestamente estaba listo cuando el presidente se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios el 10 de junio. “En unas semanas” y “pronto” se traducen en meses interminables de espera para una economía sedienta de inversión.

El desinterés presidencial en los temas del sector privado puede tener muchas explicaciones, pero aquí propongo cuatro: 

1. Entendimiento limitado. Lo económico no es el terreno del presidente y está supeditado a lo político. Cuando el presidente habla de economía lo hace en términos macroeconómicos (inflación, deuda, finanzas sanas) o de remesas, paridad peso-dólar y salario mínimo. Las preocupaciones de un empresario, chico o grande, de acceso a crédito, pago de impuestos o sofocantes regulaciones, no caben en su discurso. Cuesta trabajo pensar que alguien que se precia de no tener una cuenta de cheques pueda identificarse con las angustias que tiene un empresario para pagar su nómina.
2. Desconfianza del empresariado. La lejanía de la actividad privada del presidente se explica por su profunda desconfianza de los empresarios a quienes considera proclives al abuso y a corromper a las instituciones. Por eso, la actitud inicial de altos funcionarios públicos se distingue por la constante sospecha y recelo sobre las intenciones de los empresarios y el temor de que un acercamiento con el sector privado signifique el beso del diablo. Si la IP ofrece ayuda para resolver un problema se acepta, pero sin ameritar nada a cambio.
3. La política industrial favorece a ricos. Un gobierno que se proclama nacionalista y preocupado por fortalecer la soberanía económica impulsaría una política industrial para promover a los sectores más competitivos del país. Pero una política industrial requiere de estímulos, apoyos económicos y disposiciones que favorezcan a unos sectores sobre otros y no es compatible con la visión presidencial de que los empresarios se han aprovechado indebidamente de las facilidades de gobiernos neoliberales. El dinero público debe dirigirse a la población de escasos recursos, la creación de empleo privado es cosa de ricos y a ellos les sobra dinero.
4. Todo se lo debemos al TMEC. El único estímulo industrial al que se refiere el presidente es el tratado comercial de Norteamérica. A él se debe el interés del mundo en invertir en México y la posibilidad de que la economía se recupere. Paradójicamente, piensa como un economista liberal clásico, que tanto repugna, que deja a la mano invisible del libre mercado la recuperación de la economía. Solito, con el T-MEC, México crecerá, ¿para que intervenir?

La experiencia de tres años de gobierno y la trayectoria de AMLO, hace muy difícil pensar que el gobierno tome iniciativas que impulsen el crecimiento de las empresas. Al contrario, como en el caso del sector automotriz, es más probable que revise y retire incentivos que considera que merman al estado. Sus acciones se fundan en un acendrado prejuicio de que los empresarios en general - “con algunas excepciones”, diría-, han hecho sus negocios a costa del pueblo.

Más allá de lo económico, las empresas enfrentan el reto de corregir la forma en que el presidente ha definido su rol social. Necesitan continuar dirigiendo acciones para que la sociedad reconozca sus valiosas aportaciones a la generación de empleo, prosperidad de las familias y desarrollo de México. Para convencer al gobierno, quizá haya que esperar a uno nuevo.

*Antonio Ocaranza Fernández es director general de OCA Reputación.

Twitter: @aocaranza