Activista económico (XIII). Eficiencia gubernamental

Como he señalado en esta serie de artículos, en una economía de mercado el gobierno tiene un rol importante que jugar, con funciones legítimas que tiene que cumplir, destacando la definición, protección y garantía de los derechos privados de propiedad.

Para cumplir con estas funciones, el gobierno tiene dos instrumentos básicos de política pública: regulación de los mercados y el gasto. En cuanto al primero, ésta tiene que ser eficiente, transparente y no discrecional, y promover mercados que operen en competencia; sin embargo, siempre existe la tentación a sobrerregular porque está en el espíritu del burócrata tratar de actuar como buscador de rentas. Respecto del gasto, éste tiene que ser eficiente y eficaz, ejercido con transparencia, con objetivos perfectamente definidos y continuamente evaluado y ajustado. Sin embargo, es iluso esperar que el gobierno los ejercerá eficiente y eficazmente, lo cual se deriva, principalmente, de la indefinición de los derechos de propiedad de los recursos que un agente gubernamental gasta; eroga recursos que no son suyos, son de la sociedad. El agente gubernamental, no el dueño, es sólo el administrador. Esto nos lleva a analizar el problema de agencia, el cual surge cuando los intereses del administrador de un recurso (el agente) no están perfectamente alineados con los intereses del principal (el dueño).

En una empresa privada en la cual el principal y el agente son el mismo individuo, obviamente el interés de ambos es igual, y por lo mismo, no existe el problema de agencia. Por otra parte, cuando en una empresa privada el dueño delega el manejo de esta a un administrador, surge el problema de agencia ya que el segundo tratará de maximizar su propio nivel de bienestar aun a costa de generar menores utilidades para el dueño, quien está dispuesto a ello para ahorrarse los costos directos de administración. Sin embargo, hay un máximo de utilidades no generadas que el dueño está dispuesto a aceptar, por lo que la libertad del administrador está restringida, siempre amenazado con ser reemplazado, más aún si existe la amenaza de quiebra o de una adquisición no solicitada por parte de empresas competidoras.

El problema de agencia se magnifica cuando se trata de la administración y ejercicio de recursos públicos. El principal (el dueño) es la población (en particular los contribuyentes tributarios). Éste elige a un conjunto de representantes (los legisladores) y a un Poder Ejecutivo (presidente, gobernador o presidente municipal) para que administre y ejerza estos recursos; es decir, hay dos agentes. Por una parte, los legisladores, cuando aprueban el presupuesto gubernamental subordinan, en muchas ocasiones, el interés social a sus propios intereses, aprobando rubros y montos de gasto que no se habrían aprobado en caso de que el problema de agencia no existiese. Ésta es, de entrada, una fuente de la ineficacia gubernamental.

El fenómeno se agrava cuando pasamos al nivel del ejercicio que hace el Poder Ejecutivo del presupuesto aprobado por el Legislativo. Nuevamente, quien gasta no es el dueño del recurso por lo que tampoco es su objetivo primario maximizar la rentabilidad social del gasto, menos aún si no existe una efectiva supervisión, evaluación y rendición de cuentas. Más aún, quien ejerce el gasto utiliza el presupuesto para maximizar su propio beneficio (ingreso, prebendas, apoyo político, etcétera); el de la sociedad en su conjunto es secundario. Todavía peor si el ejercicio del gasto está contaminado por la corrupción.

Esperar que el gobierno gaste eficiente y eficazmente los recursos que administra, y con ello contribuya a maximizar el bienestar social, no deja de ser más que un sueño guajiro.