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Opinión

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Argentina y México tan lejos, pero tan cerca

Incertidumbre, falta de claridad y la carencia de un apoyo gubernamental al desarrollo del sector de las telecomunicaciones es lo que se escucha a ambos extremos de América Latina. Tanto en México como en Argentina las presentes administraciones presidenciales dejaron desatendido al sector de las telecomunicaciones por gran parte de su mandato. Apenas con alguno que otro anuncio referente al sector que no se tradujo en un real avance en aquellos puntos que todos desean cumplir: incrementar la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, expandir el porcentaje de la población con cobertura por redes terrestres de estos servicios y educar a la población para que entienda el potencial que un teléfono inteligente presenta para mejorar la calidad de vida de quien lo utiliza.

No obstante, así como se desmantelaba la Subsecretaria de Comunicaciones en México, no se nombraban las comisionadas suplentes para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y pasaban los años sin una Agenda Digital Nacional, en el país natal de Messi la situación no era muy distinta. Se aprobaba un Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que prácticamente paraliza la inversión en un país atravesando momentos de hiperinflación y el organismo responsable de la política pública, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se preocupa más por juegos políticos que por impulsar el desarrollo de la tecnología a largo plazo en el país. En ambos lados, los responsables de la toma de decisiones hicieron del sector de telecomunicaciones una víctima colateral de la politiquería.

Precisamente, ha sido la poca importancia que se ha otorgado al sector de las telecomunicaciones en ambos países lo que los ha llevado a andar de la mano en una decisión que servirá para desincentivar la inversión, reduciéndola en algunos casos al puro mantenimiento de la red.  Me refiero al intento tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y al ENACOM de Argentina de acercarse a la entrega de concesiones de espectro radioeléctrico con el mismo objetivo, hacer caja para poder cuadrar el presupuesto. Esto sin dejar de mencionar a alguno que otro mal pensado que insiste en la necesidad de hacer caja antes de las elecciones presidenciales, en octubre 2023 en Argentina y en junio 2024 en México.

De esta forma, mientras en 2023 ya se celebraron procesos de asignación de espectro en el Departamento de Ultramas de las Antillas Francesas, Guatemala, Perú y Uruguay para impulsar el desarrollo de 5G, tanto en Argentina como México estos procesos parecen haber aterrizado en el limbo.

Claramente quienes tienen el poder decisional no han entendido que la región no se encuentra en su mejor momento macroeconómico y que las cifras que anteriormente se podían obtener por medio de procesos de asignación de espectro son cosa del pasado. Ahora la apuesta es como motivar a las empresas a que expandan sus redes a zonas que en el pasado no consideraban atractivas para lanzar servicios de telecomunicaciones celulares. El objetivo es intentar crear un paquete de incentivos que sea lo suficientemente atractivo para que los operadores participen y los gobiernos puedan expandir la cobertura de servicios que urgentemente necesitan para, al menos, comenzar los procesos de digitalización de entidades públicas.

Una mirada más allá de intereses políticos cortoplazistas los habría llevado a entender el por qué en Brasil se utilizó una formula en la que más del 90% del dinero prometido por los ganadores de bloques de espectro en su famosa subasta 5G fueron destinados a despliegues de infraestructura. También habrían entendido que en Guatemala el gobierno destinó el 75% del monto prometido a su fondo d servicio universal para telecomunicaciones. También habrían contemplado que, en los pasados años en subastas celebradas en Brasil, Chile, Colombia, y Republica Dominicana, entre otros países, hubo bloques de espectro que no recibieron ofertas, operadores que rechazaron bloques que se entregaban sin ninguna obligación de pago solo de despliegue de infraestructura u operadores que decidieron regresar espectro radioeléctrico asumiendo la perdida económica que esto implica.

Sin embargo, la decisión fue ignorar la información histórica que numerosos actores quisieron suministrar a las autoridades de ambos países. Incluyendo a prácticamente todos los comisionados del IFT en México y muchos expertos pasados y presentes de la Subsecretaria TIC en Argentina, entidad con menos poder que un espejismo.

Imponer la recaudación como finalidad prácticamente ha destinado, a menos que surja una gran sorpresa de último minuto en México, a que los procesos de asignación de espectro para impulsar 5G sean retomados por las nuevas administraciones presidenciales de ambos países.

Tal vez, estas nuevas administraciones aprendan de los errores del pasado y el camino futuro sea muy distinto del presente.

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