Atenco: violencia sexual y seguridad pública II

El reconocimiento de la verdad de las víctimas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un primer paso, fundamental, para alcanzar la justicia. Éste es uno de los logros más significativos de las mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco que desde mayo de 2006 fueron descalificadas y atacadas por múltiples voceros del Estado mexicano, y quienes de ahora en adelante pueden reafirmar la validez de sus dichos con el respaldo de la más alta instancia de derechos humanos en la región, como lo hicieron en una conferencia de prensa el jueves pasado.

Si este reconocimiento y el proceso mismo que culmina en la sentencia puede considerarse una forma de justicia y de reparación simbólica, las disposiciones específicas a las que la CIDH obliga al Estado mexicano traducen en hechos concretos un concepto de reparación integral del daño, material e inmaterial, estrechamente ligado a la garantía de no repetición. El más significativo es la obligación de investigar, y en su caso sancionar, la cadena de mando, es decir a todos los funcionarios estatales y federales involucrados en el operativo, incluyendo a quienes tomaron la decisión de lanzarlo y no detuvieron el uso indiscriminado de la fuerza del que estaban enterados en tiempo real. Esta respuesta a la demanda reiterada de las víctimas supera las limitaciones de la sentencia de la SCJN que sólo señaló a autores materiales de las transgresiones y dejó fuera del proceso a los autores intelectuales, al parecer “intocables”.

Otro aspecto fundamental es la condena a la tortura sexual como instrumento de control por el terror, cuyo uso por parte de la Marina y el Ejército, además de la Policía Federal, se ha documentado en otros casos. Como señalaron las mujeres que lograron romper el miedo, hay todavía mujeres torturadas que permanecen en la cárcel, sometidas así a una doble violencia institucional. El Estado está ahora obligado a dar cuenta de las políticas públicas para enfrentar esta práctica, que debe erradicarse.

La garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos, como la tortura, es una exigencia primordial de la CoIDH. En este caso, el Estado, condenado por incumplir sus obligaciones acerca del uso de la fuerza, deberá en el curso de dos años profesionalizar a los cuerpos policiales en “asuntos de género” y en el uso adecuado y legítimo de la fuerza, así como crear un “mecanismo para medir la efectividad de instituciones o políticas implementadas por el Estado para regular o monitorear el uso de la fuerza” y un observatorio independiente que dé seguimiento a la rendición de cuentas y al monitoreo de las policías federal y mexiquense, con información abierta.

En el contexto actual, esta exigencia de normar y controlar la actuación de las Fuerzas Armadas, evaluarla y mantener informada a la sociedad debería obligar al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar la creación de la Guardia Nacional y la militarización continua de la seguridad pública. Si para enfrentar protestas sociales (o lidiar con población civil) sin violar y torturar, las policías deben haberse formado con perspectiva de género y derechos humanos y si el uso de la fuerza armada debe ser excepción, ¿por qué aumentar el riesgo de nuevos Atencos o Tlatlayas? ¿Qué sentido tendrá, por ejemplo, que el Estado pida perdón a las víctimas si no garantiza que otras vivan el mismo infierno? Ni ellas ni otras merecen otro acto de simulación y violencia institucional. La pantomima de la petición de perdón en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez es un pésimo precedente que no se debe repetir.

Al pedir que el gobierno actual y dé “cabal cumplimiento a la sentencia”, las mujeres de Atenco reivindicaron el poder de la solidaridad (entre ellas, con otras víctimas y de la sociedad) para luchar por la dignidad y la vida contra el miedo y el silencio cómplice. El mensaje para la sociedad de este triunfo colectivo puede resumirse con las palabras de Italia Méndez: “No al silencio, no a la impunidad, no a la sumisión”.

@luciamelp