Boric: el beneficio de la duda

A pesar de que Boric ha señalado que ahora se marca el fin del neoliberalismo, ha reconocido que hay varias políticas de los últimos 30 años que sí funcionaron...

Chile es el país más reciente en lograr con la legitimidad de las urnas un gobierno populista de izquierda, destacando que el triunfo del carismático Gabriel Boric en segunda vuelta, logró la más alta mayoría en una elección presidencial de ese país. Para ganar, tuvo que moderar muchas de sus posturas; ahora surge la incertidumbre si va a mantener esa moderación.

Boric ha prometido una serie de políticas sociales. Muchas de ellas conducen a un mayor estatismo. Pero al parecer a diferencia de otros populistas, sabe que esas políticas vienen con precio (price tag). Nada es gratis. Su programa de gobierno plantea bajar el endeudamiento y una reforma fiscal recaudatoria. Se centra en acciones que graven la riqueza, incluyendo un nuevo impuesto patrimonial y otro gravamen a las utilidades corporativas no retenidas, eliminación de varias exenciones y un nuevo régimen de regalías a la minería del cobre. Después de su triunfo, señaló que respetaría el presupuesto público aprobado para 2022. No obstante, se han expresado dudas sobre si algunas medidas son sostenibles como condonar la deuda estudiantil y pagar la deuda histórica de profesores. Recuérdese que Boric surgió como líder y activista estudiantil en las duras protestas desde 2019, por lo que tiene un compromiso especial con ese sector.

Un tema delicado es la modificación al sistema de pensiones. Desde antes de la campaña se ha criticado al actual sistema de capitalización individual ya que no cumplió con las expectativas de ofrecer pensiones adecuadas. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP, equivalentes a nuestras afores) han sido vilipendiadas; sus siglas conocidas popularmente como “a fabricar pobres”. Dentro del equipo de Boric hay puntos de vista encontrados, aún sin decidir: los que quieren desaparecer a las AFP y sustituirlas por una entidad gubernamental, y otros que plantean un sistema híbrido con un ente público autónomo, para recaudar los ahorros, subcontratar su inversión y pagar las pensiones, coexistiendo con las AFP. Se propone una mayor pensión básica universal para los mayores de 65 años y aumentar la cotización obligatoria de 10% a 18 por ciento. Ese 8% adicional correría totalmente a cargo del empleador y sería un nuevo pilar contributivo administrado por la nueva entidad. De esa aportación adicional, 2/3 se destinaría a cuentas de ahorro personales que se invertirían colectivamente y 1/3 iría a un componente de reparto para mejorar pensiones y concretar medidas de equidad de género. El sistema es híbrido y de competencia, pues el trabajador podría elegir en cual de las dos, si en la pública o en la AFP, se le deposita la cotización actual del 10 por ciento.

A pesar de que Boric ha señalado que ahora se marca el fin del neoliberalismo, ha reconocido que hay varias políticas de los últimos 30 años que sí funcionaron, que conviene mantener para construir un modelo económico inclusivo (sin tonterías de “economía moral”). Es una decisión sensata para un país que logró construir una institucionalidad que no debe ser demolida por prurito ideológico. La 4T podría aprender algo de ello.

Twitter: @frubli